ZARAGOZA, El Salvador – A las dificultades económicas que siempre han enfrentado las radios comunitarias en El Salvador, se suma ahora un contexto político que profundiza su precariedad financiera, al restringir la cooperación internacional, y genera temor entre comunicadores y voluntarios, en medio del régimen de excepción imperante en el país.
“Hoy en día nos hemos topado con un contexto social y político adverso, y un marco jurídico que en vez de facilitar pone más desafíos, más trabajo para seguir haciendo radio comunitaria”, dijo a IPS Henry Barillas, productor de radio Bálsamo, que transmite en el 92.1 del FM, desde Zaragoza, en el centro-sur de El Salvador.
Ese contexto político que profundiza la situación de las 19 radios comunitarias inició cuando el presidente Nayib Bukele llegó al poder, en junio de 2019, y comenzó una forma de gobierno cada vez más autoritaria, explicaron a IPS las fuentes entrevistadas.
“El panorama es complicado y lo que nos queda es resistir, resistir y resistir”: Finnela García.
Advirtieron que en el país hay un deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en El Salvador, y restricciones al acceso a la información pública, en un ambiente cada vez más hostil hacia voces independientes en la comunicación.
“Hoy nos encontramos regidos bajo un gobierno con bastante abuso de poder y que no tolera la crítica, la rendición de cuentas y no tolera a los periodistas ni a los medios”, acotó Barillas, en la cabina de la estación, mientras daba unos clics en la pantalla de la computadora para programar más música: una canción de la banda argentina Soda Stereo.
Las radios comunitarias mantienen una relación estrecha con comunidades rurales donde su señal sirve como principal fuente local de información, denuncias comunitarias, avisos de emergencia y espacios de participación para pobladores que muchas veces carecen de acceso constante a otros medios.
Ahogamiento financiero
Esas emisoras históricamente han operado con recursos limitados, sostenidas por pequeñas pautas locales, campañas institucionales y proyectos financiados por la cooperación internacional.
Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que esa estructura económica se debilitó aún más tras la reducción de fondos externos al aprobarse la Ley de Agentes Extranjeros, en mayo de 2025.
Esa ley establece un impuesto de 30 % a toda persona natural o jurídica que reciba fondos de organizaciones fondeadas desde el extranjero, salvo que obtenga una exoneración estatal.
“A partir de la entrada en vigencia de la ley, algunas fundaciones que apoyaban directamente a radios comunitarias se vieron afectadas porque no fueron exoneradas del 30 %” y ya no pudieron financiar programas y proyectos radiales, aseguró Barillas.
El gobierno argumentó que la norma busca transparentar el uso de fondos externos y evitar injerencias internacionales en asuntos internos del país, pero en el proceso se restringe el acceso a fondos externos a organizaciones civiles críticas al presidente, etiquetado como un populista de derechas.
La ley generó preocupación entre organizaciones y fundaciones internacionales que apoyaban campañas sobre derechos humanos, salud, agua o soberanía alimentaria, temas de interés cubiertos por las estaciones comunitarias.
Las radios comunitarias comenzaron a surgir en El Salvador tras el fin de la guerra civil, en 1992, cuando se abrieron espacios de participación y debate público. Sin embargo, muchas emisoras enfrentaron persecución estatal por operar sin permisos y algunas fueron cerradas mediante violentos operativos policiales.
La Ley de Telecomunicaciones de 1997 permitió de forma implícita la existencia de radios comunitarias, pero las obligó a competir en subastas por las frecuencias radioeléctricas, un mecanismo que favorecía a grupos empresariales con mayor capacidad económica.
En 2016, reformas legales reconocieron formalmente a los medios comunitarios y diferenciaron su función social de la de las radios comerciales. No obstante, los cambios no resolvieron el principal problema: el acceso a frecuencias siguió restringido.
Desde el principio, en los años 90, las emisoras comparten la frecuencia 92.1 FM, fraccionada y distribuida por regiones en el país. El modelo permite mantener las transmisiones, aunque genera constantes problemas de interferencia.
En 2013, IPS contó el surgimiento de Radio Mangle, que logró convertirse en la primera radio comunitaria con licencia y frecuencia propia, tras un proceso alternativo a la subasta. Su emisión abarcaba el área conocida como Bajo Lempa, en el litoral salvadoreño, donde se levantan unas 200 comunidades rurales, con familias dedicadas a la agricultura y a la pesca.
La emisora, que transmitía como todas en el 92.1, obtuvo el permiso para emitir con su propia señal, la 106.1 del FM, mediante una gestión de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, en manos del gobierno de turno, dirigido por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Luego esa frecuencia se transfirió a la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, la organización que aglutina a todas las emisoras comunitarias, y esta la otorgó a radio Mangle, siempre durante los gobiernos del FMLN, que gobernó el país durante dos periodos consecutivos (2009-2019).
Cierre de radio Mangle
Sin embargo, tras 12 años de transmitir con su frecuencia propia, la estación se vio obligada a cerrar en diciembre de 2025.
“El cierre de la cooperación internacional nos vino a impactar drásticamente, no tuvimos disponibles recursos ni para los pagos de energía, y pagar salarios mucho menos”, contó a IPS Ever Guevara, uno de los coordinadores de la estación.
La emisora, como el resto, ya había sido golpeada por la pandemia de la covid, y algunos modestos ingresos de publicidad, por parte de negocios locales, cayeron abruptamente.
“Y después de un análisis bien riguroso, tomamos la decisión del cierre de operaciones de Radio Mangle”, explicó.
Otras radios comunitarias que cerraron en los últimos meses son radio Maguey y radio Fonseca.
Guevara afirmó que la reducción de apoyo internacional coincidió con cambios políticos y administrativos impulsados por el gobierno, entre ellos la eliminación, en enero de 2025, del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, una asignación de 50 millones de dólares del gobierno central a los municipios del país.
Sin ese dinero, las alcaldías ya no podían pagar a las radios campañas radiales dirigidas a las comunidades del entorno.
Guevara aseguró que las organizaciones financiadoras percibían mayor riesgo en respaldar contenidos de comunicación comunitaria crítica al gobierno.
A su juicio, radio Mangle dependía parcialmente de proyectos gestionados por Asociación Mangle, organización que obtenía cooperación internacional para iniciativas ambientales y comunitarias. Parte de esos fondos se destinaba al área de comunicación y sostenía la operación de la radio.
Pero a partir del establecimiento en 2022 del régimen de excepción, que da sustento desde entonces a la política de mano dura del gobierno contra las pandillas, los programas vinculados a periodismo comunitario, derechos humanos y acompañamiento social dejaron de ser financiados.
Las radios en régimen de excepción
Guevara consideró que el estado de excepción afectó directamente el trabajo periodístico de la radio y en particular de las emisoras comunitarias.
“Dejamos de hacer contenido crítico en el medio, como temas sobre la vulneración de derechos, nuestro personal se veía limitado a la hora de ir a dar coberturas porque podían ser ellos los capturados al aplicarles el régimen de excepción”, sostuvo Guevara.
El régimen de excepción, el nombre que recibe en El Salvador esta fórmula jurídica extraordinaria y de carácter temporal, fue aprobado por la Asamblea Legislativa, controlada por Bukele, el 27 de marzo de 2022, tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas, y desde entonces ha sido prorrogado mensualmente.
Bajo esta medida, las autoridades han detenido a más de 90 000 personas acusadas de vínculos con las peligrosas maras o pandillas.
Si bien la mayoría de capturados sí pertenecían a pandillas, organizaciones de derechos humanos y familiares han denunciado miles de detenciones arbitrarias de personas sin vínculos criminales.
IPS han documentado casos de agricultores, pescadores y trabajadores detenidos sin pruebas, así como personas que continúan encarceladas pese a contar con órdenes judiciales de libertad.
Guevara afirmó que radio Mangle redujo contenidos críticos relacionados con denuncias de capturas arbitrarias y vulneraciones de derechos humanos porque reporteros y voluntarios temían ser detenidos mientras realizaban coberturas en comunidades del Bajo Lempa, en el litoral salvadoreño y desde donde la emisora transmitía.
Según relató, la escuela de formación radiofónica de la emisora, que capacitaba jóvenes en periodismo comunitario, perdió gran parte de sus participantes desde la introducción del régimen de excepción.
El número de jóvenes involucrados pasó de 15 a siete y posteriormente el programa dejó de funcionar.
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Guevara vinculó esa reducción con el temor generado por capturas ocurridas en la zona y el riesgo percibido de colaborar con medios comunitarios.
“Empezamos a tener menos contenido en la radio, nos autocensuramos, nos íbamos quedando solo con contenido más musical, e iba perdiendo de cierta forma la naturaleza del medio que es, por supuesto, llevarle temas educativos, informativos, a las comunidades”, afirmó Guevara.
Esa situación de temor, producto del régimen de excepción, ha permeado en las radios comunitarias, generalmente ubicadas en la zona rural o semirrural.
El gobierno insiste en que el hecho de que critique las coberturas de los medios independientes no significa que se les persiga, aunque sí se han documentado casos en que periodistas, directores y editores han sido hostigados por la policía, hasta el punto de llegar a sus casas a preguntar por ellos, en forma amenazante.
Se sabe que medio centenar de comunicadores se han visto forzados a salir del país.
“La mayoría de radios comunitarias estamos trabajando bajo presión y autocensura, también con esa amenaza de que nuestras radios en algún momento podrían ser cerradas”, afirmó a IPS Finnela García, directora de radio Guazapa, que emite desde la localidad que le da nombre, situada a unos 25 kilómetros al norte de San Salvador.
Y agregó: “Y también vivimos con esa amenaza que tenemos entre periodistas, entre comunicadores, colaboradores y hasta en las mismas fuentes”, de ser detenidos en el marco del régimen de excepción.
García señaló que, en este contexto, lo que toca es continuar con el esfuerzo de hacer radiodifusión comunitaria, pese a las adversidades.
“El panorama es complicado y lo que nos queda es resistir, resistir y resistir”, subrayó.
ED: EG
