LONDRES – Amnistía Internacional (AI) exigió este lunes 1 una investigación “pronta, efectiva e independiente” de la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, prisionero del Estado de Nicaragua, acaecida el 30 de mayo.
Ana Piquer, directora para América de AI, declaró que Rivera “no debería haber muerto bajo custodia del Estado nicaragüense. Su muerte se produjo tras el deterioro de su salud mientras permanecía detenido arbitrariamente” durante 971 días.
“Durante ese tiempo, las autoridades lo retuvieron sin confirmar su paradero, sin acceso a su familia ni a un abogado de confianza, y sin una supervisión independiente que verificara su situación”, dijo Piquer.
Recordó que AI “advirtió reiteradamente que estas circunstancias ponían en riesgo su integridad personal y su vida. Hoy, esas advertencias se han materializado en una muerte que el Estado debe explicar”, aseveró.
Rivera, quien tenía 73 años, es líder histórico del pueblo miskito -que habita la región de la costa de Nicaragua sobre el Caribe- y era presidente del partido indígena Yatama, cuando fue detenido el 29 de septiembre de 2023, y estuvo en situación de desaparición forzada durante más de un año.
El gobierno de Nicaragua informó el 27 de mayo que Rivera estaba hospitalizado, y mostró una fotografía suya en una cama de hospital, prácticamente agonizante, conectado m a ventilación mecánica mediante traqueotomía, con alimentación intravenosa y daño neurológico severo.
El parte oficial dio cuenta de padecimientos como una infección pulmonar bacteriana generada por el virus del covid-19, cirrosis hepática, edema cerebral y colapso multiorgánico.
Cuando su hija Tininiska Rivera demandó que le entregasen a su padre, el gobierno rehusó porque “trasladarlo elevaría el riesgo a su vida”, pero el dirigente finalmente falleció el día 30 del mes pasado.
Rivera es el octavo preso político muerto bajo custodia del régimen desde 2018, año en que protestas populares fueron severamente reprimidas -murieron más de 300 personas- y se endureció el gobierno que tiene como copresidentes Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, con centenares de opositores presos o exiliados.
Entre los fallecidos en esa situación figuran los generales retirados Hugo Torres y Humberto Ortega -hermano del gobernante-, y los juristas Santos Flores y Carlos Cárdenas Zepeda.
El gobierno informó que “Nos deja Brooklyn” con una nota en el diario oficialista El 19 digital, en la que aseguró que “a pesar de los enormes e intensos esfuerzos que médicamente se realizaron para recuperar la salud de nuestro Hermano Brooklyn, lamentamos confirmar que desgraciadamente ha dejado este Plano de Vida”.
“La noticia sobre la muerte de Rivera es devastadora” dijo Erika Guevara Rosas, directora de Investigación e Incidencia Política en Amnistía Internacional.
Rivera “murió bajo custodia de un Estado represor que nunca debió detenerle. Fue un preso de conciencia del régimen Ortega-Murillo, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, fue detenido arbitrariamente y sujeto de desaparición forzada por denunciar al gobierno de Ortega ante foros internacionales”, afirmó Guevara Rosas.
“Exigimos una investigación internacional e independiente sobre la muerte del defensor de derechos humanos, y hacemos un llamado a la comunidad internacional a seguir exigiendo la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua”, abundó la responsable de AI.
Por su parte, Christopher Landau, subsecretario de Estado para asuntos interamericanos de Estados Unidos, aseveró en su cuenta de X que “La dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera”.
El dirigente “murió este fin de semana como prisionero del régimen después de tres años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada”, escribió Landau.
Rivera participó en la guerra civil de Nicaragua (1981-1990) al lado del comandante rebelde Edén Pastora, luchando contra la Junta de Gobierno que dirigían entonces los sandinistas con Daniel Ortega a la cabeza.
Pasada la guerra continuó conformando y dirigiendo organizaciones políticas del pueblo miskito, y ocupó posiciones en el gobierno local y en el parlamento, a la vez que promocionaba la causa de los pueblos indígenas en foros internacionales.
Piquer dijo que las autoridades nicaragüenses “tienen la obligación de brindar a la familia de Brooklyn Rivera acceso inmediato e irrestricto a toda la información relacionada con su detención, las condiciones en que fue privado de libertad y las circunstancias de su muerte”.
Los gobiernos de la región y los mecanismos internacionales de protección “deben solicitar una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente que esclarezca las circunstancias de esta muerte, un grave suceso que no puede quedar impune ni en silencio”, concluyó Piquer.
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