En un episodio de esclavitud moderna, jornaleras mexicanas que migran de sus comunidades indígenas en el norteño estado de Chihuahua, laboran hasta 13 horas al día bajo el sol inclemente.
Afectadas por la sequía, miles de mujeres en su mayoría indígenas provenientes de la sierra Tarahumara, en el noroeste de Chihuahua y de los estados de Hidalgo, Sonora, Veracruz, Guerrero y Durango, abandonan sus comunidades de origen para emplearse en condiciones de explotación en los campos agrícolas del noroeste de Chihuahua.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reporta que desde mayo de 2011 más de 1,5 millones de familias han sido afectadas en gran parte del país por fenómenos naturales como inundaciones y la sequía.
La región más dañada por el cambio climático en el país es la sierra Tarahumara, de donde han sido expulsadas el mayor número de familias en busca de alimento, precisa la Sedesol.
Los grupos poblacionales que más emigran de sus comunidades en busca de la sobrevivencia son mujeres, niñas, niños y adolescentes. Los adultos varones lo hacen en menor porcentaje.
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De acuerdo con datos oficiales, la emigración mayor de las y los chihuahuenses corresponde al pueblo rarámuri, con cerca de 50.000 integrantes, quienes viven en diferentes municipios de la sierra Tarahumara, una cadena de montañas que integra la cordillera Sierra Madre Occidental.
Casi la totalidad de las y los jornaleros carece de prestaciones mínimas como seguridad social, de acuerdo con una investigación de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh).
La antropóloga Ana Loreley Servín explica que las y los migrantes temporales rarámuris tienen dos destinos preferentes en Chihuahua: las ciudades y los ranchos (haciendas) en zonas de agricultura intensiva.
Las y los indígenas tarahumaras, como también se conoce a los rarámuris, migran para conseguir un empleo temporal que les permita sobrevivir. Si llegan a tener un mal año agrícola con insuficientes cosechas, como ocurrió en este 2012, la migración aumenta.
La mano de obra de mujeres y hombres tarahumaras es de alta demanda en los cultivos agrícolas de las diferentes regiones del estado de Chihuahua, por su disciplina y limpieza para trabajar el campo, pero también porque ignoran sus derechos básicos, lo que hace que no peleen por ellos ante sus patrones.
El sistema de pago más común es a destajo, es decir, se paga de acuerdo con la cantidad de kilos que las y los «pizcadores» (cosechadores) logren recolectar por día, porque de esta forma se logra una «pizca» (cosecha) más rápida y efectiva.
Así, mujeres, hombres, niñas y niños indígenas contribuyen a levantar la cosecha y obtienen un mejor ingreso familiar, según la cantidad de kilos que recolecten por día.
La región noroeste de Chihuahua dedicada primordialmente al cultivo de la manzana es la que más jornaleras y jornaleros contrata.
Según un estudio de la UACh, son alrededor de 25.000 jornaleras y jornaleros que al año trabajan en zonas agrícolas del norteño estado, fronterizo con Estados Unidos.
La delegación estadal de la Sedesol registró en 2011 a 14.020 jornaleros, de ellos 6.564 eran mujeres, y 7.456 hombres. Como suele migrar toda la familia, también se reportó la presencia en los campos agrícolas de 6.695 niñas y niños. La edad de 1.905 de ellas y ellos fluctuaba entre cero y cinco años.
La impunidad con la que contratan muchos empresarios productores a las y los jornaleros porque no les otorgan las prestaciones de ley, se evidenció el 3 de junio cuando 11 trabajadores agrícolas fallecieron en un accidente automovilístico.
Hasta ahora ninguna familia ha recibido la indemnización que les corresponde por ley. Una familia completa de origen indígena murió cuando regresaba a la comunidad de Yeguachique, en el municipio tarahumara de Guachochi, en el suroccidente del estado.
Los integrantes de esta familia eran Margarita Cruz Holguín, de 34 años, su esposo Bernardino González Castillo, y los hijos de ella: Ever y Flor Hidalí de 9 años y 3 meses de edad, respectivamente.
En ese mismo accidente resultaron 12 personas lesionadas, quienes fueron hospitalizadas; seis de ellas de gravedad. Ellas tampoco recibieron la atención que les correspondería si hubiesen estado registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Las víctimas quedaron en la indefensión porque no cuentan con cobertura médica ni con seguro de gastos funerarios.
Aún se desconoce quién era el patrón de las y los jornaleros, por lo que el presidente municipal de Guachochi, Andrés Balleza Carreón, envió una persona para investigar.
Pero el dueño de las huertas de manzana del campo número 101 en el municipio de Cuauhtémoc, en el centro del estado, donde la familia laboraba, no reconoce haber sido el patrón de las víctimas.
La familia González Cruz laboró en condiciones de explotación durante 18 días en el campo 101, toda vez que trabajó en jornadas de 5:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, bajo temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.
* Este artículo fue publicado originalmente por la agencia de noticias de la organización mexicana Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.
