La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una situación «bastante cotidiana» en Uruguay, aunque suele pasar inadvertida a causa de múltiples silenciamientos. La práctica, aunque es ilegal, no se encuentra en los márgenes, sino que forma parte del entramado mismo de la sociedad.
Como lo indican estudios realizados por la Red Uruguaya de Autonomías (RUDA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), este fenómeno no es propio de excluidos ni está asociado a comportamientos desviados de pervertidos o enfermos.
Cifras del gubernamental Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil indican que 34.000 de los 527.000 uruguayos de entre cinco y 17 años ejercen alguna labor. En ese universo aparece la prostitución, una forma de «esclavitud contemporánea» según la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en 1989 y ratificada el año siguiente por este país de 3,3 millones de habitantes.
«Es un secreto a voces, unos lo minimizan y otros lo maximizan», dijo a IPS Andrea Tuana, directora de El Faro, un programa del no gubernamental Foro Juvenil orientado a trabajar con situaciones de violencia doméstica y abuso sexual intrafamiliar, que funciona desde 1997 y hace un par de años empezó a recibir derivaciones de situaciones de explotación sexual comercial.
¿Cómo se establece esa invisibilización?, ¿cuáles son los mecanismos que llevan a que una situación tan grave permanezca impune?, consulta IPS a la experta, quien explica que «los casos llegan y los relatos también, pero hace falta una investigación policial profunda para acceder a los lugares adónde se produce».
«Una de las patas de este problema tiene que ver con la ausencia de un equipo de policías especializados capaz de investigar este problema y sacarlo a luz», apuntó.
La calle, bares, prostíbulos, supuestas casas de masajes, clubes nocturnos, hoteles de lujo, estancias turísticas y la propia vivienda son algunos de los ámbitos donde tradicionalmente se desarrolla el trabajo sexual. En todos ellos se produce algunas veces la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes de manera encubierta.
«Es difícil identificar adónde están. Por relatos de ellos mismos sabemos que a veces trabajan en algunas rutas determinadas, en plazas de Montevideo, en casas de particulares donde se hacen las conexiones entre clientes y en locales bailables», dijo Tuana.
EL CLIENTE TIENE PROTECCIÓN
[pullquote]1[/pullquote]El hecho de que la legislación uruguaya penaliza el proxenetismo y no al cliente, actúa como dispositivo de permisividad. Existe sanción social hacia la paidofilia, pero no cuando el prostituido es un adolescente.
La abogada en derechos del menor y en temas de género Diana González, explicó a IPS que, sin embargo, Uruguay dio un paso muy importante en septiembre de 2004 cuando aprobó los tipos penales básicos relativos a la explotación de menores de 18 años y contempló a las personas con discapacidad.
«La ley 17.815 prevé el delito de explotación sexual comercial tradicional, la pornografía infantil en todas sus formas y se ocupa de la figura del consumidor o cliente. Deja claro que por debajo de los 18 años toda forma de comercialización con el sexo de las personas es un delito».
Para González, en la base de los delitos comerciales subyace el abuso sexual y el atentado violento al pudor.
Muchas veces no se puede probar lo comercial, pero si la conducta sexual abusiva, que «la tenemos regulada bajo un paradigma que no es correcto y que incide en todo el sistema de justicia penal.
Todavía está vigente la vieja normativa del Código Penal de 1930 por la cual los delitos sexuales no eran considerados contra una persona determinada sino contra la moral social y las buenas costumbres, comentó la profesional.
Entonces, hay delitos que no se consideran de abuso sexual sino atentados al pudor», explicó, para luego agregar que si no cambiamos esta normativa seguiremos viendo la sexualidad como un tema de imagen social y no desde la perspectiva de la persona afectada.
El cambio en la redacción fue encomendado a una Comisión de Reforma del Código Penal que ya entregó su proyecto al parlamento para modificar los capítulos y poner a la violencia sexual como un delito grave contra las personas, inexcarcelable y penado con un mínimo de dos años de prisión y un máximo de 20 años.
Tanto González como Tuana destacaron, por otra parte, la creación a comienzos de este año de los juzgados contra el crimen organizado, a los cuales se les asignó la competencia en estos temas y se manejan con un estatuto de protección especial por añadidura, así como con magistrados con gran capacitación y compromiso.
«Eso es fundamental, porque los y las adolescentes tienen miedo y reparos a la hora de denunciar, puesto que se sienten ambivalentes ante esa figura que es en definitiva el proxeneta», dijo Tuana.
«Contar con estos tribunales especiales es una herramienta muy valiosa porque, más allá de estas dificultades, los jueces pueden hacer investigaciones proactivas e investigar a partir de datos y no sólo de denuncias de las jóvenes. La debilidad es no contar con una unidad especializada de policía para que investigue», subrayó.
Paralelamente a los avances de Uruguay para criminalizar el tema, se creó un Comité y un Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes.
Rodolfo Martínez, representante del Ministerio del Interior en el Comité, indicó a IPS que el plan tiene cuatro componentes: prevención, restitución, atención y protección. Además prevé la creación de dos unidades especializadas en abordar esta problemática, una con policías y otra en el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) para tratar a las víctimas.
Pero este Plan aún no tiene recursos para implementarse, como tampoco hay servicios de atención a las víctimas de este problema, cuestionó.
Igual, Martínez destacó que han sido enjuiciadas 30 personas desde 2004 por la ley 17.815. «Se reciben denuncias y se procesan personas, creo que el panorama es alentador en términos de lo que se hace», concluyó.
EL CUERPO MERCANCÍA
Como telón de fondo de las víctimas de este drama suele haber distintos tipos de violencia, entre otras situaciones de vulnerabilidad e indefensión, como abuso sexual, ausencia de vínculos familiares positivos, falta de autoestima y pobreza aguda, aunque la sociedad que tramita su sexualidad por esa vía atraviesa todos los estratos sociales.
Una investigación realizada en cinco países vecinos de Uruguay calcula que 47 por ciento de las niñas explotadas sexualmente fueron víctimas de abuso y violación. En el caso de Argentina, los porcentajes son más altos y llegan a 90 puntos.
En cuanto a Uruguay, «en 99 por ciento de los casos de explotación sexual de menores que atiende El Faro hay antecedentes de violencia y abuso sexual intrafamiliar», agrega Tuana.
Según la representante del Foro Juvenil, las víctimas suelen ser jovencitas con vulnerabilidades importantes. Se fugan de su casa para terminar con abusos domésticos y maltratos o quedaron en situación de calle.
También pueden ser captadas por una persona adulta mucho mayor que ellas, con quien establecen un vínculo afectivo, y reciben como contrapartida casa, comida. «Hemos visto gurisas (como llaman a los niñas en este país) de 14 años con hombres de 50», dijo.
En el primer Encuentro Nacional Construyendo Puentes, que reunió a diferentes actores que tratan de buscar soluciones a esta problemática se mencionó que han quienes ingresan a la prostitución con engaños, vendiéndoles fantasías de cambio de vida.
Están, además, quienes lo aceptan de modo consciente, lo cual no quiere decir que no sea de manera forzosa, las que comienzan a prostituirse por cuenta propia y como forma de desarrollar su identidad sexual, llenar vacíos y satisfacer carencias económicas y afectivas.
El estudio de RUDA reseña como resulta determinante el sistema de dominación masculina y adultocéntrica de otros cuerpos, el modelo patriarcal, la masculinidad hegemónica fuertemente arraigada en el imaginario colectivo para la cual ir a buscar mujeres prostitutas es una alternativa sexual válida comúnmente empleada.
También señala como trasfondo social la heterosexualidad compulsiva que marca la construcción de la virilidad y lleva a que hombres que sienten atracción por otros hombres sólo tengan relaciones con «chongos» (trabajador sexual).
«Hay aspectos de la sociedad, creencias, valores y sistemas de ideas que sostienen esta práctica social. Se produce porque hay un cliente, una demanda. De acuerdo a lo que relatan las propias adolescentes, son personas de variada condición socio-económica, de inserción profesional, y diferente estado civil. Varones en su amplia mayoría», comentó Tuana.
Agregó que en el corazón del problema subyace el hecho de que un hombre ve a un niño como un objeto de consumo, una mercancía, así como la creencia de que «la mujer está al servicio del varón».
Para Tuana, todos esos aspectos contribuyen a la invisibilización del problema, al igual que la falta de respuesta del Estado y las situaciones de exclusión social, que no sólo tienen que ver con situaciones de pobreza sino con la carencia de oportunidades, tener proyectos, acceder a una mejor calidad de vida o a algo que debería ser un derecho inalienable, como es tener un sueño y poder cumplirlo.
