LA HABANA – El paquete de reformas económicas que anunció Cuba empieza a implementarse, mientras su población teme los peligros de un cambio abrupto hacia la descentralización y liberalización, y Estados Unidos amplía sus sanciones a la isla.
El paquete de 176 transformaciones económicas y sociales, aprobado por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba (el único permitido) y la Asamblea Nacional del Poder Popular (el parlamento cubano) en la segunda semana de junio, fue divulgado este jueves 25 en el portal digital del gobierno Soberanía.
El sábado 20 ya se había adelantado un pequeño paso de las medidas anunciadas cuando en la Gaceta Oficial se publicó, con efecto inmediato, una resolución que exonera del pago de aranceles a las importaciones de pollo, leche en polvo, salchicha, pastas alimenticias y aceite comestible, a la vez que derogaba otras normas de 2024 que establecían topes de precios a la venta de estos productos.
La medida está en sintonía con la pauta de las reformas de que no se determinarán más precios en Cuba por métodos administrativos.
“Los topes de precios, en la práctica, no funcionaban para nada. Los vendedores dejaban de vender sus productos si no les convenía. Pero si eliminan los topes, y los precios dependen de ellos, ¿estos no subirán más todavía? Ya los veo subiendo y el dólar, vuelto loco para arriba y para abajo”, dijo a IPS Georgina Caballero, una estilista habanera de 44 años.
Caballero afirmó sentirse muy insegura sobre el rumbo que tomen las reformas y si estas realmente le beneficiarán. Las divisas en el mercado negro —el más usado— están muy inestables, los precios de bienes esenciales no dejan de subir y continúan los apagones de 20 horas diarias que afectan su vida cotidiana.
“Estamos en un punto de quiebre, de no retorno: o nos arriesgamos y corregimos, o perecemos como nación. Por supuesto que crecerán las desigualdades. El rol del Estado y las instituciones es lograr equilibrios y generar oportunidades para los desfavorecidos”: Eric Luis Almeida.
“Que todos no están preparados, es verdad; pero, ¿cómo vas a esperar a que todos se preparen? ¿Qué tiempo duraría eso?”, dijo el 19 de junio el presidente cubano Miguel Diaz-Canel en entrevista con un medio internacional.
Según la previsión de Diaz-Canel, “unos van a avanzar más que otros”, mientras la planificación estatal redistribuiría la riqueza que cree con estas reformas para balancear zonas más vulnerables.
La educación y la salud pública seguirán siendo gratuitas, pues “son cosas sagradas”, dijo el presidente y recalcó: “Las conquistas sociales son sagradas”.
Pero muchos expertos han coincido que para que esa redistribución de riquezas llegue a buen puerto, sería necesario un entendimiento con Estados Unidos, porque en la situación actual es difícil que las reformas por sí solas atraigan la inversión extranjera y dinamicen la economía.
El martes 23, el Departamento de Estado anunció nuevas sanciones contra más empresas y entidades financieras estatales cubanas, así como a Annalie Lilliam Rueda, la esposa de Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro y antiguo jefe de los servicios de inteligencia cubanos, en lo que parece ser su postura ante la reforma del gobierno cubano.
“La situación en Cuba está retrocediendo”, ya que el gobierno cubano “sigue dando prioridad al control total en vez del bienestar, la libertad y las oportunidades del pueblo cubano”, publicó ese día el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta de X.
Díaz-Canel, en su entrevista del 19 de junio, había dicho que Estados Unidos aspira “a una Cuba que sea totalmente dependiente de los Estados Unidos” y privatizada.
“No estamos buscando una restauración capitalista en el país; estamos buscando un perfeccionamiento de la construcción socialista en las condiciones tan adversas en que vivimos hoy a nivel internacional, y también como consecuencia de esa política de Estados Unidos hacia Cuba.”
De acuerdo al mandatario, la presión económica de Estados Unidos le cuesta anualmente a la isla más de 5000 millones de dólares.
Dónde quedan las protecciones sociales
El documento con las 176 transformaciones económicas y sociales vislumbra, en efecto, una apertura tan liberal que, para los estándares de economía planificada y centralizada de Cuba, resulta un tanto “valiente”, palabra que usó el propio periodista que entrevistó al presidente cubano.
En un país con baja infraestructura y alta crisis financiera, los riesgos de esta apertura marcadamente capitalista no son pocos.
Si bien las medidas pudieran recapitalizar el país, “puede traer una inversión de rapiña especulativa, improductiva, que puede acentuar el carácter dependiente y deformado de la economía cubana”, dijo a IPS Iramís Rosique, miembro del consejo editorial de La Tizza, una revista cubana enfocada en debates políticos y pensamiento crítico.
A Rosique también le preocupan la desregulación del mercado inmobiliario, la gentrificación, la desposesión de la vivienda, la desigualdad y que “los cubanos que han aportado a esa sociedad con su trabajo y han permanecido en la isla”, vayan a ser “los últimos, los rezagados”.
“Hay muy buenas razones para ver las medidas con suspicacia, por lo que provocarán y por lo que se coló de contrabando: la banca privada, por ejemplo, la desregulación del mercado inmobiliario, son cosas que casi nadie había pedido y, sin embargo, entró”, agregó.
Eric Luis Almeida, de 42 años, presidente de la empresa privada Quota, una consultoría de negocios registrada en 2022, cree que, pese a que las medidas llegaron “en un momento tardío bajo presión externa, y cuando las capacidades del gobierno han llegado a su límite”, todavía ofrecen oportunidades al sector privado.¡
“Estamos en un punto de quiebre, de no retorno: o nos arriesgamos y corregimos, o perecemos como nación. Por supuesto que crecerán las desigualdades. El rol del Estado y las instituciones es lograr equilibrios y generar oportunidades para los desfavorecidos”, dijo a IPS.
Entre las 176 medidas establecidas para acompasar la economía a las reglas del mercado, se permite incluso el establecimiento de bancos y otros actores financieros privados, junto con el flujo masivo de inversión extranjera, en lo que supone un giro radical del modelo establecido desde la revolución de 1959.
Supone, de hecho, el intento de imitar los modelos de China y Vietnam, de convivencia de un gobierno comunista con una economía capitalista, en un contexto desesperado para Cuba y con la proclamada intención del presidente estadounidense Donald Trump de asfixiar al país para generar la caída del régimen vigente por 67 años.
El paquete de reformas marca también la dirección que tomarán las protecciones sociales, en un país donde el salario promedio es del equivalente a 10 dólares.
Los subsidios a productos se eliminarán y serán sustituido por una política de subsidios a personas y familias, los cuales se actualizarán en tiempo real a través de una plataforma del gobierno, de manera se sistematice públicamente su trazabilidad.
Asimismo, el gobierno creará un Fondo de Protección Social, a la vez que estimula a todos los actores económicos a apoyar grupos poblacionales y comunidades desprotegidos, así como financiar, con incentivos fiscales de por medio, inversiones en el sector sociales.
También el gobierno se comprometió a incrementar los salarios del sector público no empresarial y a actualizarlos anualmente —junto a las pensiones—, a partir de la tendencia de la inflación.
“Realmente todas las medidas tendrán un tiempo antes de tener un impacto y ver los resultados. Eso no ocurre de un día para otro. Será brutal el reajuste de leyes. Lo más preocupante es todo lo que hay que cambiar del marco jurídico”, dijo a IPS Pavel Cabrejas, de 50 años, presidente de la cooperativa Sitmic, especializada en la comercialización e instalación de paneles solares.
Para Cabrejas, el desafío del gobierno será encontrar soluciones a las distintas variables que surjan.
“La solución nunca puede ser botar el sofá por la ventana”, añadió.
Temores de corrupción
Una de las mayores inquietudes de la población respecto a esta apertura económica recae en el proceso de licitaciones y compra de acciones de las empresas estatales a capitales privados y extranjeros.
Muchos temen que las propiedades públicas caigan en manos de amigos o familiares del gobierno, como ocurrió cuando la desintegración de la Unión Soviética, que funcionarios del anterior Estado moscovita adquirieron muchas empresas públicas y se convirtieron, de la noche a la mañana, en los nuevos millonarios rusos.
“Existe un gran reto para el gobierno: garantizar que los procesos sean transparentes, accesibles, justos y que los espacios que se ofrezcan sean para personas que tengan la capacidad y el interés de llevarlos adelante, y se evite la concentración de oportunidades en sectores cercanos al poder y en extranjeros con dinero que corrompan las instituciones”, dijo Almeida, el presidente de Quota.
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Cabrejas, por su parte, comentó que “corrupción siempre puede haber, pero hay que ver cómo se ataca y que los procesos sean lo más transparentes posible”.
El paquete de 176 transformaciones dictaminó que el gobierno establecería una plataforma digital, con el uso de inteligencia artificial, para el sistema de compras públicas y las licitaciones, “que garantice transparencia, seguridad e incluya clasificación de riesgos”.
En teoría, se crearía un sistema digital automatizado, auditable y público para la licitación de locales y activos a todos los actores económicos.
“Se pondrá a prueba el compromiso ético y moral de la dirección del país. Si el Estado les otorga la oportunidad de apropiarse de las empresas de todos a quienes ya estaban enchufados, no habrá pasado la prueba de su compromiso con lo que dice ser. Entonces tendría un problema de legitimidad política, mayor del que ya tiene”, advirtió Rosique.
ED: EG
