BRATISLAVA – La decisión de Estados Unidos de suspender la financiación de los proyectos relacionados con el VIH en Sudáfrica ha sido condenada, en medio de advertencias de que podría resultar «catastrófica» para los esfuerzos por controlar la enfermedad en el país.
A principios de 2025, la Casa Blanca había anunciado recortes masivos en la ayuda exterior, incluida la destinada a Sudáfrica, lo que afectó significativamente a algunos proyectos relacionados con el VIH en el país.
Sin embargo, en junio pasado, funcionarios estadounidenses confirmaron los planes para iniciar una reducción gradual del apoyo financiero restante que proporcionaban a través del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (Pepfar), alegando que el dinero ya no era necesario dada la riqueza de Sudáfrica.
La medida también se vinculó aparentemente al incumplimiento por parte del gobierno sudafricano de unas exigencias políticas específicas por parte de Washington.
Los expertos y activistas en materia de VIH han advertido de que el cese abrupto de la financiación podría provocar una mayor propagación de la enfermedad y numerosas muertes evitables en un país que ya soporta la mayor carga mundial de VIH.
Se espera que toda la financiación finalice a principios del próximo año y está previsto que la financiación de la mayoría de los proyectos se recorte a finales de septiembre de este año, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.
«Es probable que la retirada gradual de la financiación estadounidense destinada al VIH en Sudáfrica tenga importantes repercusiones en la prevención y el tratamiento del VIH, así como en los sistemas de salud comunitarios», dijo a IPS Bruce Tushabe, activista contra el VIH y consultor del Centro Sudafricano de Litigios (SALC).
Consideeró que «la retirada de la financiación pone en peligro una amplia gama de servicios, entre los que se incluyen los programas de divulgación comunitaria, los servicios de pruebas del VIH, las clínicas móviles, los sistemas de datos y seguimiento, la distribución de la PrEP y las intervenciones específicas para las poblaciones con mayor riesgo de contraer el VIH».
Durante más de dos décadas, la financiación del Pepfar ha sido crucial para la respuesta de Sudáfrica al VIH y la tuberculosis, ya que desde 2003 ha aportado alrededor de 8000 millones de dólares a organizaciones de la sociedad civil, programas de salud comunitaria, clínicas, investigadores, salarios de los profesionales sanitarios e instituciones gubernamentales.
Los datos del propio Pepfar muestran que casi tres cuartas partes de las personas que viven con el VIH en el país reciben tratamiento con algún tipo de apoyo de la organización.
Se considera que la financiación del Pepfar ha ayudado a salvar millones de vidas al reforzar y ampliar el acceso a los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo en Sudáfrica.
A lo largo de los años el tratamiento del VIH ha estado cada vez más cubierto por la financiación estatal y hoy en día el Estado adquiere 90 % de los antirretrovirales (ARV) con fondos públicos, mientras que el 10 % restante procede del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.
Pero los fondos del PepfarR han seguido siendo esenciales para financiar gran parte de la prevención.
Los activistas afirman que la retirada de la financiación en este momento, sin un plan de transición adecuado, podría tener consecuencias devastadoras, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que ya se han visto afectados los servicios de prevención por los recortes anunciados a principios de 2025.
Según informan los medios de comunicación sudafricanos, se han perdido miles de puestos de trabajo, incluso en organizaciones sanitarias de primera línea, a causa de esos recortes.
Por su parte, la Treatment Action Campaign (TAC), una oenegé sudafricana dedicada al VIH, señala que el seguimiento realizado por la comunidad ha revelado que, desde los recortes de 2025, 82 % de los responsables de los centros sanitarios han informado de falta de personal.
Además,15 % de los usuarios de la sanidad pública encuestados afirmaron que los tiempos de espera eran más largos de lo habitual, 30 % de los usuarios de la sanidad pública encuestados indicaron que no se les ofrecía la prueba del VIH al acudir a un centro sanitario, y 28 % de las personas afirmaron que tardaban más en recoger los antirretrovirales.
«La retirada de esta financiación en este momento crítico, sin un plan de transición adecuado, amenaza con revertir los logros conseguidos con tanto esfuerzo en la lucha contra el VIH y la tuberculosis», afirmó la TAC en un comunicado.
«Estos recortes no son decisiones presupuestarias abstractas. Tienen consecuencias reales para las personas que viven con el VIH, en particular las adolescentes y las mujeres jóvenes; las trabajadoras sexuales; las personas que consumen drogas (PWUD)», señaló el grupo.
Igualmente indicen directamente, añadió sobre «las personas transgénero; los hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (GBMSM); los migrantes; y las personas que viven en la pobreza».
También destacó que «la reducción del acceso a las pruebas, la prevención, el apoyo al cumplimiento del tratamiento y la divulgación comunitaria conducirá inevitablemente a un aumento de la transmisión del VIH, a interrupciones en el tratamiento, a enfermedades prevenibles y a muertes evitables».
Algunos estudios han estimado que una retirada total y no gestionada de la financiación estadounidense para los programas contra el VIH podría provocar hasta 296 000 infecciones adicionales por VIH y hasta 65 000 muertes más para 2028.
Tushabe señaló que existía una especial preocupación por el impacto de la retirada de la financiación en las poblaciones clave y vulnerables, que a menudo dependen de servicios dirigidos por la comunidad y basados en redes que operan al margen de los centros sanitarios convencionales.
«Muchos de estos servicios ofrecen puntos de atención libres de estigma, accesibles y de confianza que no se pueden sustituir fácilmente dentro de los sistemas sanitarios convencionales», afirmó.
El Ministerio de Sanidad sudafricano ha intentado restar importancia al posible impacto de la retirada de la financiación estadounidense de la que ha dependido por años.
En un comunicado, señaló que el gobierno no había sido informado oficialmente por Estados Unidos sobre el fin de la financiación, pero la medida no era una sorpresa y que el Ministerio de Sanidad lleva trabajando en un «plan de autosuficiencia» para minimizar el impacto de la retirada de la financiación desde los recortes a la ayuda exterior estadounidense del año pasado.
«Por lo tanto, no hay motivo para que la población entre en pánico, ya que el plan de transición se ha elaborado hace tiempo y su implementación ya está en marcha», señaló el Ministerio de Sanidad.
Añadió que, aunque el Pepfar había prestado apoyo al Departamento de Sanidad en 27 distritos con «alta carga» de VIH/sida de los 52 que hay en el país, repartidos en ocho provincias, los centros de salud públicos siguen siendo accesibles para los usuarios, incluidos aquellos que solían recibir servicios sanitarios en clínicas financiadas por el programa.
Sin embargo, los expertos en VIH afirman que, a pesar de las declaraciones del Gobierno, la respuesta al VIH se verá inevitablemente afectada.
«Esto es grave», declaró a IPS Linda-Gail Bekker, directora del Centro Desmond Tutu contra el VIH.
«Aunque el Ministerio de Sanidad ha declarado públicamente que no debería haber problemas y que todo sigue como de costumbre, [la financiación que se está retirando] era una cuantiosa suma de dinero que respaldaba algunos componentes clave de nuestra respuesta al VIH y la tuberculosis, especialmente la prevención primaria. Perderla tendrá sin duda un impacto significativo», afirmó.
Y agregó: «Puede que no afecte directamente al programa general de tratamiento, pero no me cabe duda de que está teniendo un impacto inmediato en muchos aspectos de la respuesta al VIH».
Los activistas contra el VIH han pedido a Estados Unidos que reconsidere su decisión.
En declaraciones previas a la conferencia de alto nivel de la ONU sobre el VIH/sida, celebrada el 22 de junio, Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Onusida, afirmó: «Retirar [la financiación] supone privar a las personas más vulnerables de un apoyo que salva vidas. Por eso es triste. Y pediría a Estados Unidos que reconsidere su postura».
Otros grupos, como TAC, instaron a la Casa Blanca a «colaborar con los gobiernos, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil afectados para mitigar las devastadoras consecuencias de la retirada de la financiación».
Pero, en medio de los llamamientos para que se reconsidere esta medida, también existe una profunda indignación entre muchos activistas por los motivos aducidos para justificar la decisión.
Las noticias sobre la suspensión de la financiación publicadas en los medios de comunicación estadounidenses citaban a un funcionario del Departamento de Estado que afirmaba que la suspensión se había producido «tras el fracaso de Sudáfrica a la hora de lograr avances demostrables en las peticiones políticas formuladas por la Administración».
Añadio que Sudáfrica «es un país de renta media y es más que capaz de financiar sus propios programas sanitarios».
Las peticiones políticas incluían que redujera su colaboración con Irán, pusiera fin a las políticas de empoderamiento económico de la población negra y condenara la incitación a la violencia por motivos raciales, incluido el canto de «Kill the Boer», una canción de liberación contra el apartheid. Algunos han interpretado esto último como una llamada a la violencia contra los afrikáneres.
Esto ha indignado a muchos activistas.
«Esto es un reflejo claro e inequívoco del conflicto irracional de la política exterior del gobierno de Estados Unidos con un país soberano al que intenta intimidar, pero no puede», dijo a IPS Fatima Hassan, de la Iniciativa por la Justicia Sanitaria (HJI).
A su juicio con sus informaciones, el Departamento de Estado «pone en ridículo las afirmaciones de la embajada de Estados Unidos en Sudáfrica de que se preocupa por los sudafricanos que viven con el VIH, cuando en realidad esto demuestra que no es así».
«El Departamento de Estado de Estados Unidos alega que, dado que Sudáfrica es un país de renta media, debería poder financiar su propia respuesta al VIH», reconoció a IPS Asia Russell, directora ejecutiva del grupo de defensa contra el VIH Health Gap.
Añadió que «en realidad, Sudáfrica es un país de ingresos medios-altos, pero destina más recursos a su respuesta al VIH que cualquier otro país no miembro de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, que congrega a las grandes economías mundiales)»
Pero lo más importante a su juicio, es que «la situación epidemiológica (del VIH) indica que, dado que la carga del VIH en Sudáfrica es astronómicamente superior a la de cualquier otro país, se requiere solidaridad (financiera)]» de los demás países, comenzando or Estados Unidos,
Afirmó que las demás razones políticas que, según se informa, están vinculadas a la decisión son indefendibles y están impulsadas por políticas antisudafricanas basadas en afirmaciones totalmente infundadas, entre otras cosas, «la ficción de un genocidio de blancos en Sudáfrica» que están promoviendo algunas personas en la Casa Blanca.
Mientras tanto, quienes están en primera línea ayudando a las personas con VIH y frenando la propagación de la enfermedad afirman que la política no debe interponerse en el camino de salvar vidas y que, independientemente de lo que ocurra con la financiación internacional, deben garantizarse los servicios esenciales relacionados con el VIH en Sudáfrica.
«El gobierno debe evaluar de inmediato el impacto de la pérdida de financiación, movilizar recursos nacionales cuando sea necesario y garantizar que a nadie se le niegue el acceso a una atención sanitaria vital debido a la retirada de los donantes», afirmó la TAC.
Y agregó: «La epidemia del VIH nos ha enseñado una dolorosa lección: cuando las decisiones políticas socavan el acceso a la asistencia sanitaria, la gente muere. Sudáfrica no puede permitirse volver a las devastadoras pérdidas del pasado, cuando enterrábamos a compañeros cada fin de semana. No deben sacrificarse los logros conseguidos a lo largo de décadas de activismo, progreso científico e inversión pública».
