MONTEVIDEO – El 21 de junio, los colombianos tomaron su decisión. Por un margen mínimo, Abelardo de la Espriella, un abogado penalista de extrema derecha que nunca ha ocupado un cargo electivo, se convirtió en presidente electo. Los activistas climáticos, los defensores de los derechos humanos, las comunidades indígenas y los defensores de la paz son quienes más tienen que perder con la agenda de su próximo gobierno.
Los resultados electorales siguen la lógica de una década de polarización cada vez más profunda. Desde que el Acuerdo de Paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) inició una transición controvertida e incompleta para salir del conflicto armado, la sociedad colombiana se ha dividido en dos bloques mutuamente hostiles.
Las elecciones han puesto de manifiesto, además, que ya no queda ningún término medio entre ellos. La derecha tradicional ha desaparecido —su candidato obtuvo un humillante 6,3 % de los votos en la primera vuelta— y ha ocupado su lugar una nueva derecha, más dura y menos sujeta a las normas institucionales y constitucionales.
El acuerdo de paz en peligro
Nada dividió más claramente a los dos candidatos de la segunda vuelta que el Acuerdo de Paz de 2016. Iván Cepeda, el candidato respaldado por el presidente saliente de izquierdas, Gustavo Petro, es un veterano defensor de los derechos humanos y senador, y preside la Comisión de Paz y Posconflicto del Senado.
Se presentó con un programa de «paz integral» centrado en abordar las raíces estructurales de la violencia, entre ellas el acceso a la tierra, la desigualdad y la ausencia de servicios estatales en las zonas rurales.
Por el contrario, De la Espriella afirmó que no habría proceso de paz bajo su mandato, y propuso en su lugar reanudar los bombardeos aéreos contra los grupos armados y restablecer la fumigación con herbicidas de los cultivos de coca, una práctica cuyas consecuencias para el medio ambiente y la salud pública están bien documentadas.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo de Colombia, el conflicto, que se prolongó durante seis décadas, causó más de 1,1 millones de muertes y más de 200 000 desapariciones forzadas, mientras que más de nueve millones de personas fueron desplazadas por la fuerza.
Ese historial, y los importantes avances logrados desde 2016, serán ahora considerados prescindibles por un gobierno que considera ilegítimos los acuerdos.
Para las comunidades que viven en territorios donde los grupos armados se solapan con las industrias extractivas, esto no es un debate político abstracto. Las organizaciones de derechos humanos han advertido de que volver a una ofensiva militar total será devastador para la población civil, en particular para los defensores del medio ambiente y las comunidades indígenas que ya se enfrentan a amenazas letales.
Colombia es el país más mortífero del mundo para los defensores de los derechos ambientales y de la tierra. Es probable que la situación empeore.
Cortando el salvavidas de los derechos humanos
De la Espriella también propone romper con el marco internacional de derechos humanos que ha proporcionado a las víctimas colombianas una vía hacia la justicia.
Durante la campaña electoral, anunció su intención de retirarse de organizaciones internacionales «inútiles», entre ellas la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OA), y denunció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como «una farsa» que solo ha servido para «apoyar a la izquierda y perseguir a nuestras fuerzas de seguridad».
En los territorios colombianos asolados por el conflicto, donde las comunidades afrocolombianas e indígenas siguen sufriendo masacres y desplazamientos, los organismos internacionales de supervisión son a menudo la única fuente de verificación independiente de que se está produciendo violencia.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Colombia ratificó en 1973, está integrada en el marco constitucional del país y conforma la interpretación de los derechos fundamentales en todo el sistema jurídico.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) tiene cientos de casos relacionados con Colombia.
En diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado responsable de la desaparición forzada de dos defensores de los derechos humanos en 1995. Sus familias esperaron casi tres décadas para obtener justicia, y solo la consiguieron porque recurrieron al sistema regional cuando las instituciones nacionales les fallaron. Ahora esa vía podría cerrarse.
Qué significan los resultados
El cambio de rumbo de Colombia podría tener repercusiones a nivel mundial. Apenas unas semanas antes de las elecciones, Colombia acogió la Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles, que reunió a 57 Estados junto con la sociedad civil y científicos frustrados por el reiterado fracaso de las cumbres climáticas de la ONU a la hora de alcanzar compromisos vinculantes sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles.
Bajo el mandato de Petro, la energía renovable pasó del 2 % a alrededor del 16 % de la combinación energética, y Colombia no concedió ningún nuevo contrato para la exploración de combustibles fósiles.
Esa etapa llegará a su fin cuando De la Espriella asuma el cargo el 7 de agosto. Este presenta la expansión de los combustibles fósiles como un imperativo fiscal y aboga por la legalización inmediata del fracking, actualmente prohibido por una moratoria judicial. Dado que el país abarca partes significativas de la selva amazónica, los impactos climáticos no se limitarán a Colombia.
En última instancia, De la Espriella no ganó por sus posturas sobre la paz, el clima o los derechos humanos. Ganó gracias a la seguridad y a la promesa de orden.
Autodenominándose «El Tigre», basó su campaña en el modelo populista del presidente argentino Javier Milei y del salvadoreño Nayib Bukele, prometiendo reducir el Estado, construir megacárceles y combatir la corrupción con herramientas normalmente reservadas para el crimen organizado.
El movimiento que fundó, Defensores de la Patria, contó además con el decidido respaldo público del presidente estadounidense Donald Trump.
La combinación resultó eficaz en un país agotado por décadas de violencia, donde muchos se muestran profundamente escépticos respecto a la capacidad de la izquierda para garantizar la seguridad.
Como candidato de extrema derecha, De la Espriella convirtió las legítimas quejas sobre la inseguridad en un mandato para desmantelar el proceso de paz, dar marcha atrás en los compromisos climáticos y retirarse de la arquitectura internacional de derechos humanos.
Las consecuencias las sufrirán con mayor intensidad precisamente aquellos a quienes su campaña nunca tuvo la intención de dirigirse.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización. Ella también ejerce como rofesora de Política Comparativa en la uruguaya Universidad ORT.
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