Organizaciones civiles de Argentina instan al parlamento a fijar criterios de reparto, transparencia y control de la publicidad estatal, aprovechando el camino abierto por la justicia con su fallo contrario al manejo arbitrario de avisos por parte de un gobierno provincial.
El legislador Pedro Moroni, presidente de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, recordó que ya en agosto se convocó a 10 organizaciones no gubernamentales para que expresen sus puntos de vista sobre este asunto.
"La idea es escuchar recomendaciones, que en general son coincidentes, analizar los anteproyectos elaborados y unificar todo en una sola iniciativa", explicó a IPS el representante de la opositora Unión Cívica Radical.
Sin embargo, admitió que es difícil que sus pares del oficialismo empujen estos proyectos en plena campaña para las elecciones nacionales del 28 de octubre.
Aunque Moroni tiene la esperanza de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, contrario el gobierno de la sudoccidental provincia de Neuquén por "discriminar" a un diario de la vecina Río Negro, contribuya a acelerar los tiempos legislativos.
En una sentencia muy esperada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó por mayoría el 7 de este mes que el Estado "no puede manipular" la publicidad oficial "dándola o retirándola en base a criterios discriminatorios".
El caso se inició ante la demanda del diario Río Negro, la publicación de referencia de la provincia de igual nombre y de Neuquén con sede en la ciudad rionegrense de General Roca.
El fallo dio cuenta del vacío legal que existe en este tema en Argentina. En su voto, el juez Carlos Fayt remarcó que la conducta censurable de las autoridades es posible "por inexistencia de normas que establezcan criterios de selección" de los medios de comunicación en los cuales publicitar.
El máximo tribunal de justicia se pronunció así ante la acción de amparo presentada por Río Negro contra el gobierno de la provincia de Neuquén del derechista Jorge Sobisch, luego que éste le quitara la publicidad que le otorgaba normalmente desde 2002.
En concreto, los responsables del matutino acusaron al gobierno y al propio Sobisch de retirarle los avisos en represalia por haber informado sobre un presunto soborno ofrecido para que el Congreso de Neuquén apruebe a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo provincial para el supremo tribunal de justicia.
Según la Corte Suprema de Justicia, si bien no existe una ley que exija al gobierno contratar a todos los medios de comunicación, no es lícito usar la publicidad oficial como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión.
La sentencia fue celebrada por organizaciones internacionales y de la sociedad civil argentina que desde tiempo atrás denuncian que existe un manejo arbitrario de la publicidad oficial en todo el país y reclaman, para corregir esto, una ley que fije criterios objetivos para el reparto de los avisos.
La Asociación por los Derechos Civiles, la Fundación Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales expresaron su satisfacción con el fallo, aunque coincidieron en señalar que ahora lo que sigue es una norma.
En igual sentido se pronunció la patronal Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que aprovechó para reclamar a los parlamentos de la región que legislen sobre "criterios transparentes, técnicos y de diversidad y pluralidad en el manejo de los fondos públicos para el otorgamiento de publicidad y propaganda oficiales".
El dictamen de la justicia argentina "debe ser considerado un antecedente jurídico importante a ser imitado en aquellos países en que existe esta práctica habitual y corrupta totalmente contraria a la libertad de prensa", añade la SIP en su comunicado.
Los países acusados por esta asociación de discriminar con publicidad estatal son, entre otros, Aruba, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Uruguay, Venezuela, así como Argentina, sobre la cual sostiene que es un problema que se arrastra desde muchos años atrás e incluyen a los gobiernos nacionales que se sucedieron así como a autoridades provinciales como en el caso del fallo.
Pablo Secchi, de Poder Ciudadano, indicó a IPS que en agosto cumplieron con presentar un informe a la comisión parlamentaria de Libertad de Expresión, en el cual se deja claro su parecer de que la publicidad no debe usarse como premio o castigo a la línea editorial del medio de comunicación en cuestión.
La fundación recomendó inclusive crear un organismo técnico independiente y autárquico que coordine el reparto de publicidad y supervise la ejecución del presupuesto que el Estado destina a dar a conocer actos de gobierno.
Desde 2003, Poder Ciudadano realiza un seguimiento de los gastos de publicidad del gobierno argentino de Néstor Kirchner, que, según señala, los ha incrementado de modo "escandaloso" este año. La periodista María ODonnell coincide con esta organización, según el libro publicado este mes.
En el libro titulado "Propaganda K", la periodista afirmó que los gastos en publicidad oficial aumentaron de poco más de 15 millones de dólares en 2003, el año que asumió Kirchner, a 83 millones de dólares, según lo estimado para fines de 2007.
Se trata, según su estimación, de 10 por ciento de la inversión publicitaria neta en Argentina, administrada por el Poder Ejecutivo y múltiples organismos estatales descentralizados, como el Banco de la Nación y la Lotería Nacional.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) entiende que el manejo arbitrario de estos recursos ha puesto al borde del cierre a distintos medios gráficos de comunicación del interior del país, sobre todo en provincias como Salta o San Luis, donde deben competir con los principales medios que pertenecen a los propios gobernadores.
El semanario Perfil y la revista Noticias, notorios críticos del gobierno de Kirchner, también denunciaron haber sufrido el retiro de la pauta publicitaria oficial. Pero la Secretaría de Medios, que maneja los fondos del gobierno nacional, justificó la decisión en que se trata de publicaciones "sensacionalistas y extorsionadoras".
En un dictamen previo al fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, señaló que la distribución arbitraria de publicidad estatal surgió "como una nueva categoría de censura a la libertad de expresión".
El procurador, en base a recomendaciones en ese sentido de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, llamó a buscar mecanismos que establezcan directrices para la asignación de la publicidad.
Esa carencia otorga una "discrecionalidad excesiva" al Poder Ejecutivo y da lugar al reparto discriminatorio, dijo. No obstante, por la inexistencia de leyes en este sentido, Righi rechazó el amparo, con igual argumento utilizado por los jueces de la Corte que votaron en minoría desechando la demanda del dario Río Negro.
Más allá de estos reparos, la Corte resolvió que el gobierno de Neuquén debe presentar un plan de reparto de publicidad que respete los principios señalados en el fallo. Pero además señaló la necesidad de que los legisladores establezcan pautas.
El director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gastón Chillier, consideró que la imposición de sanciones indirectas, para silenciar la labor informativa o acallar las críticas, "son incompatibles con la libertad de expresión" y saludó la resolución judicial.
No obstante, coincidió en que, "para evitar que la publicidad se convierta en una herramienta de presión para recompensar o castigar expresiones de la prensa, es conveniente que exista una legislación que defina los criterios de asignación de publicidad oficial".
Esos parámetros, según Poder Ciudadano, pueden constituirse a partir de "una combinación entre el contenido del mensaje del Estado y el público al que va dirigido, además de otros criterios como los costos más competitivos" de publicar en uno u otro medio de comunicación.
