WASHINGTON – Estados Unidos y Ecuador profundizan su cooperación en materia de seguridad en un contexto marcado por graves violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas ecuatorianas, denunció la organización Human Rights Watch (HRW), basada en Washington.
Juanita Goebertus, directora para América de esa organización de derechos humanos, afirmó que “la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador ha sido demasiado opaca y peligrosa para los ecuatorianos”.
“El Congreso de Estados Unidos debe exigir respuestas claras y salvaguardias efectivas antes de que se cause más daño”, dijo Goebertus al presentar el informe de HRW “Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador”.
El informe documenta graves violaciones de derechos humanos en una comunidad agrícola en la frontera entre Colombia y Ecuador, así como los ataques y la desaparición de pescadores en el océano Pacífico, cerca de las islas Galápagos.
Según HRW, “cada incidente o bien implica directamente la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, o bien plantea serios interrogantes sobre su responsabilidad en lo ocurrido”.
En una operación que Estados Unidos describió como “conjunta”, soldados ecuatorianos torturaron y detuvieron arbitrariamente a cuatro trabajadores agrícolas y, posteriormente, quemaron y bombardearon una finca lechera.
En otros incidentes, drones de origen desconocido atacaron dos embarcaciones pesqueras, hiriendo a varios tripulantes. Una tercera embarcación continúa desaparecida.
El informe asegura que entre marzo y junio de 2026 investigadores de HRW entrevistaron a 62 personas, incluidas víctimas de abusos, así como abogados, testigo y, miembros de las comunidades afectadas, y además analizaron más de 100 fotografías, videos, imágenes satelitales e informes médicos y judiciales.
Entre el 1 y el 6 de marzo de 2026, fuerzas militares ecuatorianas llevaron a cabo una serie de operaciones conjuntas con Estados Unidos en la comunidad de San Martín, un asentamiento agrícola ubicado en la frontera entre Colombia y Ecuador.
Soldados ecuatorianos incendiaron tres propiedades, luego atacaron dos de ellas con municiones lanzadas desde el aire y detuvieron arbitrariamente y torturaron a cuatro trabajadores de una finca lechera.
“Me torturaron con electricidad, con un taser”, contó uno de los trabajadores a HRW. “Me echaban agua y luego me pringaban y yo me desmayaba. Me desmayé dos veces al menos”, agregó.
Las autoridades ecuatorianas señalaron que la operación se dirigió contra instalaciones de Comandos de la Frontera, un grupo armado que desde hace años opera a ambos lados de la frontera, y que los cuatro hombres fueron detenidos “con fines investigativos” por presuntos vínculos con el grupo.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, elogió la operación y testificó ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos que “se había llevado a cabo de manera profesional”, recordó HRW.
HRW afirma que no encontró evidencia creíble de que las tres propiedades destruidas tuvieran alguna conexión con grupos armados criminales.
El 17 y el 26 de marzo, respectivamente, las embarcaciones pesqueras La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, fueron atacadas por drones armados, según dijeron sus tripulantes.
Los sobrevivientes señalaron que nacionales estadounidenses armados, vestidos con uniformes de estilo militar con insignias de la bandera de Estados Unidos, los detuvieron a bordo de un barco azul y blanco que se encontraba cerca, y luego los entregaron a la Guardia Costera salvadoreña.
Posteriormente, las autoridades salvadoreñas les permitieron regresar a Ecuador. Al menos cuatro tripulantes sufrieron heridas graves durante los ataques con drones.
El Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado cualquier responsabilidad por los ataques contra La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, así como por la desaparición de la embarcación Fiorella.
A pesar de los extensos esfuerzos de verificación y de las múltiples solicitudes de información a las autoridades de Ecuador y Estados Unidos, persisten numerosas preguntas sin respuesta sobre estos incidentes, entre ellas qué ocurrió con la tripulación de la embarcación Fiorella.
El 20 de enero 2026 el barco pesquero Fiorella desapareció en aguas internacionales, tras haber zarpado del puerto de Jaramijó, Ecuador, siete días antes. Desde entonces se desconoce el paradero de ocho de sus 10 tripulantes.
Los indicios recogidos por organizaciones de derechos humanos apuntan a que Estados Unidos pudo haber asaltado la embarcación como parte de su más reciente política antidrogas “Lanza del Sur”, apoyada en la poderosa fuerza aeronaval que colocó en el Caribe desde mediados de 2025.
HRW solicitó información a los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos sobre estos hechos, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.
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