GINEBRA – Miles de millones de personas todavía no disponen de agua potable y saneamiento, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha planteado una nueva estrategia, que incluye encarar directamente consecuencias del cambio climático, para posibilitar el acceso a esos servicios.
Según sus estudios, la falta de agua segura, saneamiento e higiene provoca al menos 1,4 millones de muertes evitables al año. Además, 106 millones de personas siguen bebiendo directamente de ríos, lagos u otras fuentes superficiales sin tratar, mientras que 354 millones todavía practican la defecación al aire libre.
“Esas condiciones facilitan la propagación de enfermedades y afectan especialmente a las comunidades rurales, las poblaciones desplazadas, y a quienes viven en zonas donde los servicios públicos son más débiles”, indicó un reporte de la organización divulgado este lunes 20.
Los riesgos están aumentando debido al cambio climático -que eleva las temperaturas promedio en muchas regiones y altera ciclos de lluvias y sequías-, los brotes de enfermedades, la migración y el envejecimiento de las infraestructuras.
Las sequías reducen la disponibilidad de agua, mientras que las inundaciones pueden contaminar fuentes y dañar redes de distribución.
La OMS advierte, además, de que muchas instalaciones sanitarias carecen de servicios básicos: en 2023, alrededor de 1100 millones de personas fueron atendidas en centros sin agua suficiente, 1700 millones en instalaciones sin servicios básicos de higiene y 2800 millones en centros sin una gestión adecuada de los residuos.
De ese modo, el acceso al agua potable, al saneamiento y a la higiene sigue siendo uno de los mayores desafíos para la salud pública mundial.
Aunque se han logrado avances desde 2015, unos 2100 millones de personas todavía no disponen de agua potable gestionada de forma segura, y 3400 millones carecen de servicios de saneamiento adecuados.
La propuesta de la OMS es desarrollar una nueva estrategia para la próxima década, para fortalecer el apoyo a los países, movilizar inversiones y mejorar la coordinación entre los sectores de la salud, el agua y el medio ambiente, en particular frente a los riesgos crecientes como sequías, inundaciones y brotes de enfermedades.
Un objetivo es que la gestión segura del agua, el saneamiento, la higiene y los residuos en hogares, escuelas, centros de salud y otros espacios dejen de considerarse una cuestión aislada de infraestructura y pasen a entenderse como una parte esencial de la protección de la salud.
La OMS, con sede en esta ciudad suiza, aclara que no construye tuberías ni sistemas de alcantarillado: establece estándares de salud, ofrece asesoramiento técnico, y ayuda a los países a crear servicios seguros, regulados y sostenibles, especialmente en comunidades rurales, zonas frágiles y lugares afectados por emergencias.
A pesar de la magnitud del problema, la organización destaca que las políticas adecuadas producen resultados.
Desde 1990, las muertes por enfermedades diarreicas disminuyeron cerca de 80 %, más de 2000 millones de personas han obtenido acceso a agua potable gestionada de forma segura y casi 3000 millones han accedido a mejores servicios de saneamiento.
Estas mejoras muestran que invertir en agua, higiene y saneamiento previene enfermedades y reduce la presión sobre hospitales y sistemas de salud.
El informe señala que una mejor gestión del agua y los residuos también puede ayudar a prevenir infecciones en los hospitales, controlar brotes como el cólera y reducir enfermedades transmitidas por mosquitos.
Asimismo, destaca el potencial de analizar las aguas residuales para detectar de forma temprana la circulación de virus y otros agentes infecciosos, una herramienta que puede complementar la vigilancia clínica y permitir respuestas más rápidas ante futuras emergencias.
La nueva estrategia pone especial énfasis en hacer que los sistemas de agua y saneamiento sean capaces de resistir sequías, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos cada vez más frecuentes.
La organización también busca fortalecer la recopilación de datos, apoyar a los gobiernos en la elaboración de normas, y mejorar la cooperación entre ministerios, reguladores, proveedores de servicios y organismos internacionales.
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