DAR ES SALAAM, Tanzania – El sofocante calor dentro de una sala de conferencias en Londres no impidió que la lideresa indígena Jackeline Mendoza Díaz denunciara la devastación de la Amazonia peruana. Su voz temblaba por momentos de emoción, pero transmitía un mensaje contundente que dibujaba una realidad muy distinta de la de los relucientes lingotes de oro que se negocian en los principales centros financieros del mundo.
Detrás del aumento del precio del oro, afirmó, hay ríos contaminados, bosques arrasados y comunidades indígenas que luchan por defender sus territorios ancestrales frente al avance de la minería ilegal.
En su comunidad del pueblo asháninka, explicó, los ríos que antes sostenían la vida ya no ofrecen peces aptos para el consumo. Las mujeres caminan durante horas en busca de agua limpia, mientras que los líderes comunitarios que denuncian la invasión de sus territorios lo hacen cada vez con mayor riesgo para su propia seguridad.
«Nuestros ríos están siendo contaminados con mercurio. Cuando los ríos se contaminan, también lo hacen los peces, y los pueblos indígenas dependemos de esos ríos para sobrevivir», dijo Díaz a los participantes del seminario web «La cara oculta del oro: el costo oculto de un mercado en auge», que el 25 de junio, reunió a líderes indígenas, defensores del ambiente, investigadores, representantes del sector bancario y responsables de políticas públicas para debatir sobre la creciente crisis del oro ilícito.
Su testimonio ofreció una muestra de un fenómeno global que, según los expertos, se está acelerando a medida que el incremento del precio del oro alimenta la destrucción ambiental, el crimen organizado y la corrupción en distintos continentes.
Detrás del creciente valor del oro se esconde una realidad mucho más oscura, visible en bosques remotos, frágiles sistemas fluviales y comunidades marginadas de todo el mundo.
Un informe reciente de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, en inglés) advierte que el oro ilícito se ha convertido en uno de los mercados criminales más importantes del mundo y funciona como una «economía aceleradora» que alimenta conflictos, corrupción, delitos ambientales y redes del crimen organizado a escala global.
El informe sostiene que el aumento del precio del oro permitió que organizaciones criminales controlen cadenas de suministro enteras.
Para las comunidades cercanas, las consecuencias son devastadoras.
«Somos defensores de los bosques y defensores de la vida. Sin embargo, por ello los defensores indígenas suelen ser atacados y muchos incluso son asesinados por proteger a nuestros pueblos, nuestros territorios y nuestra forma de vida», afirmó Díaz.
Bosques que caen, ríos que mueren
En Ghana, donde la minería ilegal se convirtió en una crisis nacional, el activista ambiental Daryl Bosu describió a un país atrapado en el dilema de equilibrar el valor económico del oro con sus graves consecuencias ambientales.
«Ghana es el mayor productor de oro de África y este mineral sigue siendo uno de los pilares más importantes de nuestra economía», afirmó Bosu. «Sin embargo, junto con esos beneficios económicos hemos visto un alarmante aumento de las actividades mineras ilegales y deficientemente reguladas».
Advirtió que las consecuencias ambientales han sido severas.
«Muchas de nuestras reservas forestales sufrieron una degradación extensa. Ríos y otras fuentes de agua que abastecen a millones de personas están gravemente contaminados».
En las regiones productoras de oro, grandes extensiones de bosque son desmontadas para abrir pozos mineros, caminos y hornos de procesamiento. Una vez iniciada la explotación, sustancias tóxicas suelen contaminar los ríos y los acuíferos subterráneos.
Según el informe de GI-TOC, la minería ilegal de oro suele abrir el camino a la tala ilegal, el tráfico de fauna silvestre y el acaparamiento de tierras. Además, cada vez más dinero de origen ilícito se invierte en explotaciones ganaderas que destruyen ecosistemas forestales de importancia crítica.
El costo silencioso del mercurio
Aunque la deforestación suele captar la atención pública, los especialistas sostienen que la contaminación por mercurio sigue siendo una de las consecuencias más devastadoras y, al mismo tiempo, menos visibles de la minería artesanal y de pequeña escala.
En declaraciones exclusivas a IPS durante la Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), cncluida el 6 de junio en Samarcanda, en Uzbekistán, Monika Stankiewicz, secretaria ejecutiva del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, advirtió que esta contaminación continúa amenazando a millones de personas que viven en comunidades mineras.
«La contaminación por mercurio no se limita al sitio de extracción», dijo Stankiewicz a IPS. «Ingresa en los ríos y los ecosistemas, afectando localmente a los peces, los suelos y las fuentes de agua», añadió.
Para las familias que dependen de la pesca y la agricultura, las consecuencias pueden ser profundas.
«Disminuye la inocuidad y la seguridad alimentaria, reduce los ingresos provenientes de recursos naturales contaminados y provoca una degradación a largo plazo de los ecosistemas de los que dependen», explicó.
La exposición al mercurio puede causar daños neurológicos, pérdida de memoria, temblores, enfermedades respiratorias y complicaciones en la salud reproductiva. Los niños son especialmente vulnerables.
Los efectos van mucho más allá de las propias zonas mineras.
El mercurio liberado al ambiente puede desplazarse grandes distancias a través de la circulación atmosférica. Por ejemplo, comunidades indígenas del Ártico registran contaminación por mercurio a pesar de que en sus territorios no existen actividades mineras intensivas que utilicen este metal.
Seguir el rastro del dinero
Sin embargo, el daño ambiental representa solo una parte del problema del oro ilícito.
Varios participantes subrayaron que el comercio ilegal del oro es, en esencia, un delito financiero.
Julia Yansura, directora del programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de FACT Coalition, señaló que miles de millones de dólares obtenidos mediante actividades mineras ambientalmente destructivas siguen ingresando a los sistemas financieros legítimos sin controles adecuados.
«Lo que estamos analizando hoy no es simplemente un problema ambiental», afirmó. «También es un delito financiero».
Las respuestas tradicionales se concentraron principalmente en redadas policiales y operaciones militares dirigidas contra los mineros.
Pero, según Yansura, esas intervenciones suelen fracasar porque apuntan a los actores de menor nivel mientras dejan intactas las redes financieras que sostienen la minería ilegal.
«Un enfoque más eficaz consistiría en seguir el rastro del dinero», sostuvo.
El informe de GI-TOC respalda esa evaluación al advertir que las organizaciones criminales controlan cada vez más cadenas completas de suministro del oro.
También identifica el creciente uso de criptomonedas y monedas estables respaldadas por oro como nuevos mecanismos para lavar ganancias ilícitas al margen de los marcos tradicionales de prevención del lavado de dinero.
El papel oculto de Londres
Gran parte del seminario web se centró en la responsabilidad de los principales centros financieros.
Una coalición integrada por 35 organizaciones de la sociedad civil instó a los gobiernos reunidos en la Cumbre del Reino Unido sobre Finanzas Ilícitas a reconocer que el oro dejó de ser simplemente una mercancía para convertirse en un instrumento estratégico del crimen organizado, la evasión de sanciones y la corrupción.
La coalición destaca que Londres continúa siendo el mayor centro mundial de comercio extrabursátil (OTC) de oro y concentra aproximadamente 70 % del volumen global de estas operaciones.
Como el oro ilícito suele atravesar varios países y refinerías antes de llegar a los mercados financieros, los activistas sostienen que los grandes centros financieros ya no pueden considerar la minería ilegal como un problema exclusivo de los países productores.
«La solución no puede provenir únicamente de los países mineros», afirmó Yansura. «También debe surgir de los centros financieros donde las ganancias terminan siendo lavadas y legitimadas», agregó.
La coalición reclama la implementación de requisitos obligatorios de debida diligencia, mayor transparencia sobre los beneficiarios finales, controles más estrictos para los comerciantes de oro y sólidas obligaciones de prevención del lavado de dinero en toda la cadena de suministro.
Una crisis que avanza más rápido que la regulación
Sophia Pickles, de GI-TOC, advirtió que los marcos regulatorios internacionales vigentes no lograron contener la evolución de los mercados ilícitos del oro.
«Sin duda hubo avances», reconoció. «Sin embargo, nuestras investigaciones más recientes muestran que las actividades criminales vinculadas a la minería del oro siguen expandiéndose», agregó.
Según el informe, las normas voluntarias sobre abastecimiento responsable resultan insuficientes frente a redes criminales cada vez más sofisticadas. La falta de información, la débil supervisión aduanera y la opacidad de las transacciones financieras continúan facilitando el ingreso del oro ilícito en los mercados legales.
Los investigadores sostienen que los enfoques actuales siguen concentrándose demasiado en la minería artesanal y en las zonas de conflicto, mientras pasan por alto vulnerabilidades presentes a lo largo de toda la cadena mundial de suministro.
Entre las principales recomendaciones del informe figuran requisitos jurídicamente vinculantes de debida diligencia, una supervisión más estricta de los centros internacionales de comercialización de lingotes, medidas obligatorias de transparencia y un mayor control sobre las instituciones financieras.
En busca de soluciones
A pesar de la magnitud del desafío, Stankiewicz considera que es posible avanzar.
En el marco del Convenio de Minamata, los países con importantes sectores de minería artesanal y de pequeña escala están obligados a elaborar planes nacionales de acción destinados a reducir el uso de mercurio y proteger a las comunidades.
Según explicó, los resultados son alentadores.
Cada vez más países adoptan tecnologías libres de mercurio, fortalecen sus regulaciones y formalizan parte del sector minero.
Más allá de la fiebre del oro
Al concluir el seminario web, los panelistas coincidieron en que el oro ilícito no constituye únicamente un problema minero, sino una crisis ambiental, sanitaria, de gobernanza, de derechos humanos y de criminalidad financiera.
Para la indígena amazónica Mendoza Díaz y las comunidades que viven en la primera línea de la extracción de oro, el mensaje fue contundente.
«No solo defendemos nuestra tierra y nuestros territorios; defendemos la vida misma y nuestro ecosistema», adujo.
T: MLM / ED: EG
