SAN SALVADOR – Las redadas antiinmigrantes llevadas a cabo el último año por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés), parecen ensañarse particularmente contra personas hispanohablantes, en especial las llegadas desde América Central, una región que ha sido tradicionalmente origen y puente para quienes viajan irregularmente hacia Estados Unidos.
A lo largo de los años, Estados Unidos ha intentado frenar, sin éxito, la inmigración irregular desde América Central, tanto como punto de origen como de puente para quienes lo atraviesan desde Sudamérica, y las deportaciones de migrantes del área han sido una constante, aunque ahora se sume la brutalidad de las detenciones del ICE.
Todavía están frescas en la memoria las imágenes de las miles de personas que, en 2018, iniciaron caravanas desde ciudades centroamericanas, como San Pedro Sula, en Honduras, para llegar a pie hasta la frontera estadounidense y solicitar permiso de ingreso ahí, aunque esas marchas fueron detenidas en Guatemala o México.
Esas fueron acciones desesperadas que revelaban el drama humano del fenómeno migratorio centroamericano, sobre todo de quienes emigran desde Guatemala, Honduras y El Salvador.
Esas tres naciones están entre las que más generan inmigrantes en Estados Unidos, unos siete millones, de los cuales 2,1 millones son indocumentados, según cifras del Instituto de Políticas Migratorias de ese país.
Esos 2,1 millones representan aproximadamente una quinta parte de los 11 millones de inmigrantes no autorizados que viven en Estados Unidos. Los principales países de origen, de ese segmento, son El Salvador (740 000), Guatemala (724 000) y Honduras (490 000).
¿Cuántas personas centroamericanas han sido detenidas en las redadas?
“En 2025, ICE sigue deteniendo a decenas de miles de ciudadanos extranjeros, la mayoría de los cuales proceden de la región centroamericana”, revela un reporte de Global Statistics, publicado ese año, el primero del retorno a la presidencia estadounidense de Donald Trump.
El informe añade que esas personas, sobre todo de Guatemala, Honduras y El Salvador, suman 22 778, lo que supone alrededor de 40 % del total de la población arrestada por los agentes del ICE, desglosado porcentualmente así: Guatemala, 18 %; Honduras, 12 %, y El Salvador, 10 %. Los mexicanos son el otro grupo importante, con 35 %.
América Central es una región conformada por siete países: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Todas son naciones pobres y salpicadas de problemas económicos y sociales que empujan a miles de sus ciudadanos a realizar el arriesgado periplo en busca del “sueño americano”, un viaje en el que muchos mueren en el camino.
De los siete países, Guatemala, Honduras y El Salvador, llamados en conjunto el Triángulo del Norte, conforman la zona más golpeada del istmo, plagada de pobreza, desempleo y violencia de pandillas. Además, es una de las regiones del mundo más vulnerables a los impactos del cambio climático.
Las remesas enviadas desde Estados Unidos constituyen uno de los principales pilares económicos de esas tres naciones, pues representan entre una quinta y una cuarta parte del producto interno bruto y sostienen el consumo de millones de hogares, sobre todo pobres.
De darse deportaciones a gran escala, el flujo de remesas bajaría drásticamente y las economías de aquellos tres países se verían seriamente impactadas.
¿Cómo surge el impulso migratorio desde América Central?
En la década de los años 80, Guatemala y El Salvador se encontraban inmersos en guerras civiles y las violaciones a los derechos humanos contra maestros, obreros, estudiantes y campesinos estaban a la orden del día.
Esos conflictos dejaron un reguero de crímenes de guerra que, décadas después, la región no logra esclarecer ni encontrarles justicia.
Esas guerras provocaron el primer éxodo de salvadoreños y guatemaltecos que se asentaron en ciudades de California, como Los Ángeles, entre otras. También se fueron, en menor número, a México, Canadá y a algunos países de Europa.
Está documentado que, a raíz de esas guerras civiles, alrededor de un millón de salvadoreños y guatemaltecos, se vieron obligados a dejar sus lugares de origen para huir de la violencia.
En Nicaragua, el triunfo de la revolución sandinista, en julio de 1979, generó que entre 1980 y 1981 Estados Unidos, bajo la administración de Ronald Reagan, apoyara y financiara la creación de la Contra, las guerrillas contrarrevolucionarias.
Ese conflicto produjo también desplazamiento forzado, pero los nicaragüenses fijaron su mirada en la vecina Costa Rica, alejada de los conflictos bélicos de sus vecinos y en donde se respiraba un aire democrático.
Y aunque Honduras no vivió una guerra civil abierta en los años 80, el país estuvo profundamente marcado por la lógica de la Guerra Fría en la región: desde allí operaban fuerzas de la Contra, y se consolidó la base militar estadounidense de Palmerola. La militarización permeó la vida institucional y cotidiana.
¿Las pandillas causaron el desplazamiento de centroamericanos?
Sí. La segunda gran oleada de centroamericanos la provocó la violencia de las pandillas, un fenómeno que se gestó en los años 90 cuando jóvenes centroamericanos fueron deportados de Estados Unidos, acusados de haber convivido con la cultura pandilleril de esa nación, aunque solo se les expulsó por ilegales o algún delito menor.
Fue justamente en el Triángulo del Norte donde ese fenómeno echó raíces y causó muertes y, también, desplazamientos forzados.
Según estimaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para 2021 había alrededor de 100 000 personas vinculadas directamente con pandillas o “maras” en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica: unos 60 000 en El Salvador, entre 10 000 y 20 000 en Guatemala y entre 25 000 y 30 000 en Honduras.
Varios informes señalan que en la región, más de un millón de personas habían sido desplazadas por violencia, inseguridad y persecución principalmente por organizaciones criminales (incluyendo pandillas) al final de 2022. Muchos salieron de El Salvador, Guatemala y Honduras buscando protección internacional.
La tasa de homicidios en El Salvador en 2015 fue 102 por cada 100 000 habitantes, la más alta del mundo ese año. En 2022 El Salvador logró desarticular esas estructuras criminales y frenar la vorágine de asesinatos, extorsiones y violencia.
Fue posible a partir de la política de mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que inició una guerra frontal contra las pandillas, en una estrategia que incluyó detenciones masivas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han documentado arrestos arbitrarios de personas inocentes.
A todo esto se sumaron después fenómenos naturales, como huracanes y terremotos, que generaron más desplazamiento y migración hacia los Estados Unidos, así como la desesperación por la persistente pobreza.
¿Por qué Centroamérica es clave en la política migratoria estadounidense?
Por ser foco de inmigración y puente para inmigrantes indocumentados desde Sudamérica, América Central ha estado en la mira de las autoridades estadounidenses, que han querido levantar ahí un muro invisible para frenar ese flujo.
En febrero de 2025, apenas dos semanas después de comenzar Trump su segundo mandato, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, visitó Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala para presionar a los gobiernos de esos países para que impongan controles más duros contra la migración irregular.
Rubio amarró acuerdos para que esas naciones centroamericanas sirvan de una suerte de tapón al flujo migratorio.
En Guatemala, el jefe de la diplomacia estadounidense torció el brazo al presidente Bernardo Arévalo para que conformara la Fuerza de Tarea de Control y Protección Fronteriza, que patrullaría a lo largo de unos 300 kilómetros de frontera con México.
En El Salvador, Nayib Bukele ofreció recibir y encarcelar en El Salvador a inmigrantes que hubieran delinquido en Estados Unidos, incluyendo a miembros de peligrosas bandas criminales como la salvadoreña pandilla MS-13 y El Tren de Aragua, de origen venezolano.
El ofrecimiento se concretaría un mes después, en marzo de 2025, cuando un grupo de 238 venezolanos fue deportado y encerrado en la cárcel de máxima seguridad: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
En Panamá, Rubió logró que el gobierno de esa nación reforzara la región de Lajas Blancas, fronteriza con Colombia y que abarca el Darién, la espesa y peligrosa selva que es paso de inmigrantes que viajan como indocumentados desde América del Sur.
Ya en 2019, durante la primera administración de Trump (2017-2021,) Estados Unidos también torció los brazos de Guatemala, Honduras y El Salvador para que cada uno aceptara volverse “tercer país seguro”, aunque esos acuerdos se suspendieron por la irrupción de la pandemia de covid un año después.
Eso implicaba que esos países recibieran y albergaran a migrantes que, en lugar de tramitar sus procesos de asilo y refugio al llegar a la frontera estadounidense, lo hicieran en tierras centroamericanas.
¿Tiene responsabilidad Estados Unidos, directa o indirectamente, en el flujo de migrantes pobres?
Sí, a juzgar por el rol jugado por esa nación en la región. En la medida en que ese país apoyó militar, política y financieramente a los gobiernos de extrema derecha en América Central, para frenar “al comunismo” en lo que consideraba su patio trasero, se puede afirmar que en esa medida Estados Unidos fue corresponsable de las oleadas de desplazamiento forzado y de la destrucción del tejido económico y social de la región, particularmente de Guatemala y El Salvador.
“El Salvador se convirtió en la versión caliente de la guerra fría”, ha dicho Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate, una organización asentada en Los Ángeles que da asesoría legal a los migrantes centroamericanos. “Está claro que Estados Unidos tiene responsabilidad en todo ese flujo de migrantes”, asegura.
La guerra civil salvadoreña (1980-1992) dejó unos 75 mil muertos y 8000 desaparecidos. Durante ese periodo, Estados Unidos otorgó en asistencia militar unos 6000 millones de dólares a los gobiernos autoritarios de El Salvador que luchaban contra las guerrillas izquierdistas.
Por su parte, el informe «Guatemala, Memoria del Silencio», de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, publicado en 1999, establece que el conflicto armado tuvo “consecuencias económicas, sociales y culturales profundas en la población”.
Entre esas, el documento señala “la pérdida de bienes y medios de subsistencia, el desplazamiento forzado de familias y la ruptura de los tejidos comunitarios, que han acentuado las desigualdades preexistentes”.
Un acuerdo de paz, suscrito en diciembre de 1996, puso fin a 36 años de guerra civil, que dejó unos 200 000 muertos y desaparecidos.
¿Están en riesgo de deportación los amparados por protección temporal?
Sí. En 2017 y 2018, la administración Trump anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS, en inglés) para Nicaragua, El Salvador y Honduras, al considerar que las condiciones que motivaron su concesión ya no persistían.
Sin embargo, varias demandas judiciales bloquearon esas decisiones, y cortes federales suspendieron temporalmente la terminación mientras avanzaban los litigios.
El TPS fue otorgado a Honduras y Nicaragua tras el huracán Mitch en 1998, y a El Salvador después de los dos terremotos de 2001. El programa permitió a sus nacionales que entraron tras esos siniestros residir y trabajar legalmente en Estados Unidos bajo renovaciones periódicas.
Finalmente, el 9 de febrero de 2026, un tribunal federal de apelaciones habilitó la cancelación del TPS para Honduras y Nicaragua, mientras que el caso salvadoreño continúa bajo extensiones y revisiones administrativas.
No obstante, aunque una corte federal de apelaciones habilitó la cancelación del TPS, la disputa legal continúa y aún podrían presentarse recursos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El TPS llegó a amparar a más de 55 000 hondureños, alrededor de 230 000 salvadoreños y unos 4000 nicaragüenses. Guatemala nunca ha tenido amparo de TPS.
Aunque las redadas y detenciones de migrantes centroamericanos se intensificaron en 2025, los arrestos no equivalen automáticamente a deportación. El rezago en los tribunales migratorios de Estados Unidos implica que muchos casos quedan en trámite, con personas en libertad supervisada o a la espera de audiencia.
Según datos consolidados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y registros oficiales regionales, las deportaciones de centroamericanos en 2025 no muestran, de momento, un salto drástico respecto a 2024, sino variaciones moderadas según el país.
Eso podría cambiar sustancialmente si la eliminación del TPS queda confirmada por la Corte Suprema de Justicia estadounidense y, también, si Trump decide dejar a los salvadoreños sin esa protección. En ese caso, el panorama se presenta más que sombrío para la región centroamericana.
ED: EG
