El poder de negociación constituye el nudo del controvertido acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), aprobado en 2019 y que se encuentra en trámite, incierto, de ratificación.
Casi la mayoría de los excedentes negociables del bloque sudamericano, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, provienen de su voluminoso sector agropecuario dotado de las tecnologías más avanzadas. Europa, que superó 60 años atrás sus penurias alimentarias, perfeccionó desde entonces su industria y diversificó sus especialidades en servicios.
A simple vista resulta clara la diferencia de valor estratégico entre las dos ofertas. Por un lado los productos básicos alimentarios y minerales sometidos a la variabilidad de mercados de precios caprichosos e indescifrables. En otro, los bienes industriales con enorme valor agregado y los servicios, que hasta la pandemia eran la luminaria de los rendimientos bursátiles.
Esa asimetría se hace notoria en el poder de negociación que dispone la UE cuando se sienta a la mesa, en representación de países industrializados y en su mayoría de altos ingresos, ante los sudamericanos de apenas ingresos medios altos.
El resultado de tal desequilibrio quedó reflejado en el texto del Acuerdo de Asociación Estratégica que las partes firmaron el 28 de junio de 2019, tras dos décadas de negociaciones, y que deberán ratificar los cuatro integrantes plenos del Mercosur, por una parte, y el Parlamento Europeo y luego los 27 Estados miembros de la UE, por la otra.
Pero antes de describir las desigualdades es ineludible aclarar que el texto aprobado tiene muy pocos visos de prosperar.
Por ejemplo, un grupo de expertos franceses independientes dictaminó, en respuesta a un pedido del gobierno de París, que el acuerdo “representa una ocasión fallida de utilizar su poder de negociación (el de Francia) para obtener garantías sólidas que respondan a las expectativas ambientales, sanitarias y en general sociales de sus conciudadanos”.
El estudio, realizado por el Instituto Veblen para las Reformas Económicas y la Fundación Nicolas Hulot para la Naturaleza y el Hombre, se entregó el 18 de septiembre y de inmediato reaccionó el primer ministro francés Jean Castex, que secundó esas conclusiones y reclamó cambios en la redacción del acuerdo con el Mercosur.
El presidente francés, Emmanuel Macron, coincide con esa demanda y la canciller de Alemania, Angela Merkel, también expresó sus dudas. La oposición al texto aprobado en junio se hizo pública igualmente en Austria, Irlanda y Países Bajos.
Las objeciones se concentran en el tema ambiental. El principal reclamo se refiere a la incorporación en el texto de una mención explícita a la aplicación efectiva del Acuerdo de París sobre cambio climático, aprobado en la capital francesa en 2015 y firmado al año siguiente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Esa referencia alude al ultraderechista presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha amenazado repetidas veces con denunciar la adhesión de su país al Acuerdo de París.
El numen de Bolsonaro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya notificó el 1 de junio de 2017 su decisión de abandonar ese tratado, lo que tendrá efecto el 4 de noviembre, al día siguiente de las elecciones que decidirán su eventual continuación en la Casa Blanca por cuatro años más.
Otro reclamo de los ambientalistas compartido por gobiernos europeos es el efecto que podría tener la ampliación, establecida en el texto, de las cuotas de importación de carnes provenientes del Mercosur, en especial de la bovina, aunque también de porcina y aviar.
Alegan que para cubrir esos contingentes, los países sudamericanos deberán extender la actual frontera agrícola mediante incendios y desmontes para eliminar más bosques, repitiendo imágenes como las de la Amazonia en llamas que han sensibilizado a todo el mundo.
El Instituto Veblen y la Fundación Nicolas Hulot sostienen que los países europeos ya son responsables de un tercio de la deforestación mundial vinculada al comercio de alimentos.
La tercera demanda aspira a que las exportaciones sudamericanas respeten las normas sanitarias, fitosanitarias y en general ambientales que rigen entre los 27 países de la UE.
Este punto ya es motivo permanente de discordia dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque gran parte de los países del Sur en desarrollo reprochan la severidad de esas normas europeas y cuestionan muchas de las bases científicas que las sostienen.
Otro aspecto relevante es la oposición al acuerdo con el Mercosur que sostienen
con firmeza los sectores agrarios de la UE, que tras décadas de apatía obrera y estudiantil, han protagonizado las pocas protestas sonoras que se levantan en Europa.
Los empresarios y trabajadores agrícolas del bloque europeo, sostenidos en diferente grado por las subvenciones comunitarias, temen que la “invasión” sudamericana termine con sus explotaciones ineficientes.
Y para los gobernantes europeos, en los actuales momentos de incertidumbre sanitaria y política en la región y en el mundo, debido a la pandemia de covid-19, lo menos aconsejable sería alimentar un foco de agitación atractivo para las ascendientes fuerzas de la extrema derecha.
En cuanto a las desigualdades, el acuerdo reduce aún más el escaso espacio político a disposición de los países sudamericanos para proyectar modelos de desarrollo que favorezcan actividades diversificadas y modernas creadoras de mayor empleo para todas las generaciones laborales de mujeres y hombres.
En efecto, el texto del acuerdo deja como única salida el conocido modelo de monocultivo sin futuro.
El documento aprobado en junio garantiza a las dos partes el acceso libre al sector de contratación pública, un eufemismo para lo que antes se llamaba compras gubernamentales.
En cualquier rubro, transportes, maquinarias, instrumentos de precisión, medicamentos, tecnologías digitales y muchos más, la competencia de los países sudamericanos con los europeos sería ilusoria.
La economista argentina Noemí Brenta, en un comentario publicado en septiembre en el cotidiano “Página 12”, editado en Buenos Aires, opinó que abrir las importaciones de bienes y servicios en desmedro de la producción nacional y permitir el capital extranjero en cualquier sector, como las compras gubernamentales ocasiona la pérdida de “la posibilidad de influir en las decisiones para orientar la estructura productiva en interés del país”.
ED: EG
