Avances en neurotecnología pueden amenazar los derechos humanos

Las señales cerebrales registradas por un médico, o un dispositivo de juegos o de bienestar podrían utilizarse como evidencia en un tribunal, afectando los derechos humanos. Responsables de la ONU proponen a los Estados legislar para prohibir el uso obligatorio o coercitivo de neurotecnologías en la administración de justicia. Imagen: Ompi

NACIONES UNIDAS – La tecnología se aplica cada vez más en contextos judiciales, lo que amenaza la privacidad y la libertad de pensamiento, y las empresas recopilan grandes volúmenes de datos neuronales que podrían ser utilizados por los gobiernos, expone un nuevo informe divulgado por Naciones Unidas.

“Las señales cerebrales registradas por un dispositivo de videojuegos o un dispositivo de bienestar podrían algún día utilizarse como prueba en su contra en un tribunal”, advierte el informe presentado ante la Asamblea General por la subsecretaria general para los Derechos Humanos, Claudia Fuentes Julio.

Sostiene que esta tecnología podría amenazar la privacidad, la libertad de pensamiento y el derecho a un juicio justo, sobre todo para las personas marginadas.

El informe examina el creciente uso de la neurotecnología en los sistemas de justicia y los riesgos derivados de su convergencia con la inteligencia artificial (IA).

Algunas investigaciones sugieren que ciertas neurotecnologías, combinadas con la IA, podrían generar perfiles psicológicos individualizados que pueden utilizarse para predecir el comportamiento.

Es probable que la neurotecnología “se utilice para un proceso de decodificación”, en el que los algoritmos de inteligencia artificial intentan traducir las señales cerebrales en información legible sobre pensamientos, intenciones o recuerdos.

Actualmente, el uso más común de la neurotecnología en contextos legales es la presentación de neuroimágenes como prueba médica o pericial para demostrar discapacidades psicosociales o problemas relacionados con la capacidad.

Pero la neurotecnología también se ha utilizado en contextos de interrogatorio, especialmente para la detección de mentiras basada en la actividad cerebral, mediante imágenes por resonancia magnética.

Otras técnicas relacionadas, pero distintas, son las pruebas de “admisión de culpabilidad” o de “información oculta”.

Otra preocupación es que, a medida que la neurotecnología se comercializa cada vez más, las empresas tecnológicas orientadas al consumidor recopilan grandes volúmenes de datos neuronales.

Esto incluye dispositivos de electroencefalografía portátiles comercializados para el bienestar, los videojuegos o la productividad. Las autoridades estatales podrían acceder a estos datos de los consumidores o presentarlos como prueba en procesos judiciales.

Este riesgo se ve amplificado en contextos de lucha contra el terrorismo y seguridad nacional, donde los criterios legales para acceder a los datos son más flexibles.

La neurotecnología se utiliza, originalmente, para diagnósticos o tratamientos médicos: midiendo, monitorizando, analizando, prediciendo o modulando el sistema nervioso.

Se trata de recursos capaces de recopilar datos neuronales, definidos como información cualitativa y cuantitativa sobre la estructura, la actividad y la función del sistema nervioso.

El informe expone que, si estas señales cerebrales se tratan como indicadores directos de pensamientos, intenciones o veracidad, “el uso de datos neuronales podría comprometer la forma en que entendemos y valoramos a cada uno de nosotros como seres humanos”.

Si bien estas nuevas tecnologías son prometedoras, Fuentes Julio afirmó que “cuando se aplican en los tribunales, estos datos, desarrollados para uso médico, se reutilizan sin las debidas garantías de derechos humanos”.

Abogó por la prohibición de los usos coercitivos y abusivos, por salvaguardias legales y éticas más estrictas, el consentimiento informado, la validación científica, la supervisión, la rendición de cuentas y la protección de los datos neuronales.

Dijo que para ello los Estados miembros de la ONU deberían establecer marcos normativos -coherentes con el derecho internacional de los derechos humanos- que regulen el desarrollo, el despliegue y el uso de neurotecnologías en la administración de justicia, incluido su desarrollo por parte de empresas u otras entidades.

Al prohibir el uso obligatorio o coercitivo de neurotecnologías en la administración de justicia, se debería incluir la detección de engaño basada en la actividad cerebral, las aplicaciones predictivas, y las de decodificación para “leer pensamientos, intenciones o recuerdos”.

También aboga por que se prohíba el uso de neurotecnología como medio de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o para cualquier tipo de control social o imposición coercitiva de conformidad conductual.

A-E/HM

 

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