BERLÍN / WASHINGTON – El mundo perdió más de siete millones de hectáreas de bosques a causa de la deforestación en 2025, lo que supone una modesta mejora con respecto a los últimos años, pero sigue estando muy lejos de lo indispensable para cumplir los objetivos mundiales de protección forestal para 2030, según una nueva evaluación de los esfuerzos internacionales de conservación.
La «Evaluación de la Declaración Forestal 2026», elaborada por Climate Focus, una coalición de organizaciones de la sociedad civil e investigadores y publicada a nivel mundial este miércoles 14, señala que la deforestación se mantiene obstinadamente alta a pesar de los compromisos internacionales para detener y revertir la pérdida de bosques.
La superficie media anual talada desde 2021 ha superado los ocho millones de hectáreas, lo que pone de manifiesto la brecha entre las promesas gubernamentales y los avances sobre el terreno.
Ivan Palmegiani, consultor sénior de Climate Focus y uno de los principales autores del informe, declaró a IPS en una entrevista exclusiva que una de las razones clave por las que la deforestación sigue siendo tan elevada es que los compromisos no se han visto acompañados por la escala de acción necesaria y, en los casos en que se han tomado medidas, estas no siempre han sido suficientes para lograr un impacto duradero.
«Hemos visto lo que es posible con un liderazgo político comprometido, como el del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, donde las políticas específicas, la aplicación de la ley y la voluntad política redujeron la deforestación en un solo mandato. Sin embargo, estos éxitos siguen siendo la excepción y no la norma, y pueden revertirse rápidamente cuando cambian las prioridades», destacó.
Añadió que, a un nivel más profundo, los compromisos forestales no se han traducido en una transformación estructural de la forma en que se gestionan y utilizan los recursos naturales.
Los bosques, señaló Palmegiani, siguen enfrentándose a fuertes presiones económicas procedentes de la agricultura, las infraestructuras, la extracción de recursos y otros usos del suelo, mientras que los sistemas de toma de decisiones y los incentivos siguen favoreciendo con frecuencia a una minoría poderosa —desconectada física y emocionalmente de los bosques— en lugar de a la mayoría que depende de ellos para su sustento, bienestar e identidad cultural.
«Hasta que nuestras sociedades y nuestros sistemas políticos y económicos cambien la forma en que se toman las decisiones sobre los bosques y otros ecosistemas, es probable que la pérdida de bosques siga siendo elevada a pesar de los compromisos globales», dijo.
El informe también reveló que, al menos, 65,4 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo perdieron su integridad ecológica en 2024 debido a las actividades humanas.
Esta cifra pone de relieve un problema que va más allá de la tala total de los árboles. Los bosques pueden seguir en pie al tiempo que pierden biodiversidad, capacidad de almacenamiento de carbono y su capacidad para sustentar la fauna silvestre y las comunidades locales.
«Ambas cifras reflejan una brecha persistente entre las ambiciones globales de conservar y restaurar los bosques y las prácticas arraigadas que siguen destruyéndolos», señala el informe publicado este 14 de octubre.
La evaluación examina los avances en materia de protección forestal, producción sostenible, financiación y gobernanza. Concluye que algunas iniciativas están avanzando, entre ellas los esfuerzos por mejorar la vigilancia forestal y reconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Sin embargo, estos avances aún no han generado el cambio a gran escala necesario para revertir la destrucción forestal.
Más de 140 países se comprometieron, en el marco de la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra —anunciada en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima de 2021—, a detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030.
Cinco años después, la última evaluación sugiere que el mundo sigue estando muy lejos de alcanzar ese objetivo.
Los bosques tropicales se enfrentan a una presión especial derivada de la expansión agrícola, el desarrollo de infraestructuras y las actividades comerciales.
El informe señala que estas presiones se ven reforzadas por la débil aplicación de la legislación medioambiental y por los incentivos económicos que siguen favoreciendo las actividades asociadas a la destrucción forestal.
«Ya no nos fijamos en las cifras a nivel nacional»
América Latina tropical registró la mayor superficie absoluta de deforestación entre las regiones evaluadas, pero también logró los avances más significativos en comparación con la referencia de 2018-2020. La deforestación en esa región se redujo 33 % en 2025.
África tropical, sin embargo, experimentó un aumento continuado de la pérdida de bosques. La deforestación anual en la región alcanzó unos 2,4 millones de hectáreas en 2025, cifra comparable a los 2,5 millones de hectáreas registradas en América Latina tropical.
Asia tropical perdió aproximadamente 1,6 millones de hectáreas de bosque en 2025. Esto supuso una reducción del 12 % en comparación con el periodo de referencia 2018-2020, aunque el informe advierte de que las causas subyacentes de la deforestación siguen sin cambiar en gran medida.
La evaluación califica de ambiguos los avances de Asia tropical. Dos años consecutivos de descensos modestos pueden indicar que los peores picos recientes han quedado atrás, pero no demuestran que la región se encuentre en una senda sostenida hacia la recuperación forestal.
Oceanía tropical fue la única región tropical evaluada que se encuentra en camino de cumplir sus objetivos forestales para 2030. Su proporción relativamente pequeña de la superficie forestal tropical mundial y la menor presión actual sobre los bosques explican en parte esta diferencia.
Los resultados ponen de relieve cómo las políticas nacionales, la producción de materias primas y la capacidad de aplicación de la ley pueden dar lugar a resultados muy diferentes entre las distintas regiones.
Sobre los países que más han contribuido a este progreso y qué retos siguen impidiendo reducciones más profundas en términos de deforestación, Palmegiani respondió: «Ya no analizamos las cifras a nivel nacional porque los conjuntos de datos globales utilizados para nuestros cálculos pueden, en ocasiones, tergiversar las tendencias nacionales».
De hecho, añadió, «para evitar exagerar la precisión de los datos, solo publicamos agregados regionales y globales para nuestros indicadores».
Dicho esto, dijo, «los análisis independientes y las iniciativas regionales sugieren que Indonesia y Malasia han contribuido de manera importante a la disminución de la deforestación observada en toda la Asia tropical».
«A pesar de este progreso, la región sigue enfrentándose a importantes presiones económicas. Entre ellas se incluyen la creciente demanda de minerales críticos, en particular el níquel —del que Indonesia es el principal exportador mundial—, así como una incertidumbre económica más generalizada vinculada a los conflictos geopolíticos y a las perturbaciones en los mercados mundiales», planteó Palmegiani.
Abundó que «cuando estas presiones se intensifican, las prioridades económicas a corto plazo pueden prevalecer sobre las consideraciones medioambientales, y los bosques suelen pagar el precio».
Expansión agrícola e intereses comerciales
La agricultura sigue siendo uno de los principales factores de la pérdida de bosques, ya que la producción comercial y la creciente demanda de alimentos, piensos y bioenergía ejercen presión sobre los ecosistemas naturales.
El informe señala que entre 61 % y 94 % de la deforestación tropical vinculada a la agricultura comercial podría ser ilegal. Se estima que los delitos medioambientales, incluida la deforestación ilegal y el tráfico de madera y de fauna silvestre, generan hasta 281 000 millones de dólares al año.
Estas actividades suelen solaparse con otras actividades delictivas.
Un estudio de 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), citado en la evaluación, reveló vínculos entre los delitos medioambientales y otros delitos como el tráfico de drogas, la minería ilegal y la trata de personas.
La magnitud de estas actividades supone un gran reto para los gobiernos que pretenden proteger los bosques al tiempo que regulan las cadenas de suministro internacionales de materias primas.
La evaluación también señala lagunas en la rendición de cuentas de las empresas. Las empresas de sectores vinculados a la pérdida de bosques han adoptado cada vez más compromisos de sostenibilidad y sistemas de información, pero la divulgación y la aplicación siguen siendo desiguales.
Las instituciones financieras han comenzado a reconocer la deforestación como un riesgo medioambiental y financiero. Sin embargo, el informe señala que muchos marcos normativos carecen de orientaciones detalladas sobre cómo deben los bancos evaluar y gestionar esos riesgos.
Más de 60 % de los países evaluados aún no habían establecido requisitos de divulgación que abarcaran los riesgos relacionados con la deforestación para los bancos o las compañías de seguros.
Las conclusiones del informe sugieren que los compromisos voluntarios y la presentación de informes corporativos deben ir acompañados de una aplicación más estricta y de requisitos más claros si se quiere que produzcan cambios cuantificables en la producción y la inversión.
La financiación forestal sigue siendo un reto importante
La evaluación identifica la magnitud y la distribución de la financiación como otro obstáculo para la protección de los bosques.
Aunque los compromisos de financiación internacional han aumentado, el apoyo financiero a la conservación sigue siendo difícil de conciliar con los incentivos económicos que fomentan actividades perjudiciales para los bosques.
El informe estima que las subvenciones vinculadas a la producción y el uso de combustibles fósiles alcanzaron los 921 000 millones de dólares en 2024. Las medidas de emergencia introducidas en 2026 para aliviar los elevados precios de la energía podrían elevar el total mundial por encima del billón de dólares este año.
La evaluación advierte de que dichas subvenciones pueden socavar los esfuerzos por pasar a fuentes de energía menos perjudiciales.
También destaca los beneficios potenciales de redirigir el apoyo público hacia actividades que restauren la naturaleza.
«Cada dólar de ayuda agrícola que se reasigne para apoyar prácticas agrícolas que restauren la naturaleza, como la agrosilvicultura, la silvopastura y la agricultura con bajas emisiones de carbono, puede generar hasta 30 dólares en beneficios económicos, especialmente para las comunidades rurales», señala el informe.
Las conclusiones apuntan a una oportunidad para que los gobiernos reformen el gasto existente en lugar de depender por completo de nuevos fondos.
Sin embargo, el informe señala que la financiación forestal internacional no llega de forma sistemática a los pueblos indígenas y las comunidades locales que gestionan y protegen los territorios forestales.
Los mecanismos de financiación liderados por las comunidades pueden ayudar a dirigir los recursos hacia las prioridades locales, pero siguen siendo destinatarios secundarios de la financiación directa de los gobiernos y las instituciones multilaterales.
Derechos y participación de los pueblos indígenas
La evaluación identifica el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas como una parte importante de la gobernanza forestal eficaz.
En la 30 Conferencia de las Partes (COP30) sobre cambio climático, celebrada en 2025 en la ciudad amazónica brasileña de Belém do Para, emanó un compromiso intergubernamental en el que participaron 16 países y una jurisdicción subnacional se comprometió a reconocer o reforzar los derechos sobre 160 millones de hectáreas adicionales de tierras y territorios indígenas.
La puesta en marcha del Fondo Bosques Tropicales para Siempre, impulsado por el presidente Lula, también estableció una disposición que reserva 20 % de los pagos a nivel nacional para transferencias directas a organizaciones de comunidades indígenas y locales.
Estos avances suponen un progreso, pero el informe señala que la participación en la formulación de políticas internacionales no se traduce necesariamente en poder de decisión.
Las coaliciones indígenas han subrayado que su mayor presencia en la COP30 siguió siendo, en gran medida, de carácter consultivo. Los pueblos indígenas siguen careciendo de estatus formal en las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas, como la COP31, que tendrá lugar en la ciudad turca de Antalya del 9 al 20 de noviembre.
Los planes nacionales sobre el clima también mencionan con frecuencia a los pueblos indígenas y las comunidades locales sin especificar cómo participarán en el diseño o la aplicación de las políticas.
Un análisis de 2026 sobre 84 planes nacionales sobre el clima reveló que 61 hacían referencia a grupos infrarrepresentados, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales. Sin embargo, la evaluación señala que la mayoría de las referencias eran descriptivas, en lugar de estar vinculadas a medidas concretas.
El informe sostiene que una participación significativa requiere algo más que el reconocimiento en los documentos políticos. Requiere derechos sobre la tierra garantizados, oportunidades para influir en las decisiones y acceso a los recursos financieros necesarios para gestionar los territorios.
Defensores del medioambiente se enfrentan a amenazas constantes
La protección de los bosques también conlleva graves riesgos para las personas que se oponen a las actividades ilegales y defienden las tierras comunitarias.
La evaluación cita datos de Global Witness que muestran que al menos 124 defensores de la tierra y del medioambiente fueron asesinados en 2025. Más de la mitad de los asesinatos documentados estaban relacionados con conflictos por la tierra, y casi tres cuartas partes de las víctimas eran indígenas, pequeños agricultores o personas de ascendencia africana.
Front Line Defenders informó por separado de que al menos 358 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 28 países en 2025. Quienes trabajaban en favor de los derechos sobre la tierra, el medio ambiente y de los campesinos, así como de los derechos de los indígenas, se encontraban entre los grupos que eran blanco de ataques con mayor frecuencia.
Erin Matson, consultora principal de Climate Focus y coautora del informe, declaró a IPS en una entrevista que las estadísticas anuales de Global Witness siempre nos hacen reflexionar. Es importante recordar que esa cifra probablemente esté muy por debajo de la realidad, ya que muchos asesinatos y desapariciones no se denuncian.
«Hay muchos factores en juego, la mayoría de los cuales tienen su origen en la gobernanza. La gran mayoría de los defensores del medio ambiente son asesinados por disputas territoriales, por ejemplo, cuando una explotación minera invade territorios indígenas», dijo Matson.
Destacó que «si esas comunidades indígenas no cuentan con derechos de tenencia seguros y reconocidos sobre sus territorios, les resulta mucho más difícil resistirse a las empresas que actúan de forma ilegal».
Añadió que, por lo tanto, garantizar los derechos de tenencia es un paso fundamental que los gobiernos deben facilitar. A continuación, Matson señaló que un entorno de corrupción e impunidad permite a los responsables, literalmente, salirse con la suya incluso en casos de asesinato.
«En lugares donde los actores gubernamentales y las fuerzas del orden están bajo la influencia y a sueldo de intereses particulares, mirarán para otro lado cuando se produzcan daños a las personas. Por lo tanto, es esencial erradicar la corrupción e instaurar reformas en los sistemas corruptos», aseguró.
Inistió en que «debe garantizarse que los funcionarios públicos reciban una remuneración adecuada por sus servicios, de modo que no sean susceptibles de caer en la corrupción en primer lugar».
El informe identifica la débil aplicación de la ley, la capacidad limitada de los gobiernos y la impunidad de los actores poderosos como los principales obstáculos para una gobernanza forestal eficaz.
También advierte de que los defensores del medio ambiente se enfrentan a formas de intimidación que van más allá de la violencia letal, como la criminalización, las amenazas y el acoso.
Los avances tecnológicos están ayudando a las autoridades a detectar la tala ilegal de bosques. La vigilancia por satélite, los sistemas de trazabilidad y las nuevas herramientas de investigación pueden ayudar a identificar los delitos y reforzar la cooperación transfronteriza.
En la Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala, por ejemplo, los investigadores están probando sensores acústicos basados en inteligencia artificial diseñados para reconocer motosierras, disparos y motores. La tecnología puede alertar a los guardabosques de posibles talas ilegales en zonas remotas que son difíciles de patrullar con regularidad.
Sin embargo, el informe subraya que la mejora en la detección debe ir acompañada de una aplicación de la ley justa y eficaz.
De lo contrario, los pequeños productores y las comunidades locales podrían soportar una parte desproporcionada de la carga, mientras que los actores más poderosos eluden su responsabilidad.
El informe revela además que la deforestación en 2025 fue menor que en gran parte de la década anterior, y que la financiación forestal ha aumentado. Los sistemas de seguimiento también han mejorado, mientras que varios países han dado pasos hacia el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
No obstante, el informe advierte de que no se deben interpretar estos avances como prueba de un cambio de tendencia duradero.
Señala que la reducción de la deforestación puede deberse, en parte, a factores temporales, como una aplicación más estricta de la ley en algunas jurisdicciones, la fluctuación de los precios de las materias primas y unas condiciones económicas que frenaron la conversión de tierras.
«Estos logros no deben confundirse con la transformación que aún es necesaria», subraya el informe.
