LIMA – Siembran y cosechan los alimentos que consumen las familias de América Latina, pero la crisis climática y la desigualdad de género están vulnerando aún más los derechos de las mujeres rurales y agravando la desprotección en la que se encuentran, ante el insuficiente interés de los Estados por su situación y su papel.
En 60 millones estima el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la población femenina rural en América Latina y el Caribe. De ese total, 36% participa en el sistema agroalimentario en condiciones de permanente desventaja, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
“Si a nivel global se lograra que las mujeres produjeran lo mismo que los hombres, el PIB mundial se incrementaría en un billón (millones de millones) de dólares”, destacó Paula Moreno, coordinadora de proyectos Better Life de la FAO en Perú.
En entrevista con IPS en la sede institucional del organismo, en Lima, la especialista remarcó que atender la situación de las mujeres rurales va más allá de la justicia social.
“Si a nivel global se lograra que las mujeres produjeran lo mismo que los hombres, el PIB mundial incrementaría en un billón de dólares”: Paula Moreno.
“Es la oportunidad de reducir los índices de pobreza e inseguridad alimentaria, generando las sinergias para que las políticas existentes funcionen mejor y con participación de las mujeres en la toma de decisiones”, puntualizó.
El 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Instituido por Naciones Unidas en diciembre del 2007, se celebró por primera vez al año siguiente con el fin de reconocer la contribución fundamental de las mujeres campesinas e indígenas al desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
Para este 2026, la conmemoración se alinea con los objetivos del Año Internacional de la Agricultora. Esta campaña global, aprobada por la ONU y lidereada por la FAO, lleva por lema “Mujeres empoderadas, sistemas agroalimentarios transformados”. Busca dar visibilidad al liderazgo de este sector de la población y acelerar las medidas hacia la igualdad de género.
Pese a que contribuyen con 70 % de los alimentos que consumen los hogares en el mundo, su aporte es poco valorado y las medidas para erradicar las discriminaciones avanzan muy lentamente. Según el estudio “La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios”.
Un “Enfoque regional para América Latina y el Caribe” al respecto, publicado por FAO en 2025, destaca que casi la mitad de las mujeres que trabajan en la agricultura no recibe pago porque se las considera un apoyo de la familia.
Además, la producción de las tierras que gestionan es 24 % menor a la de sus pares hombres en áreas del mismo tamaño, debido a las brechas en el acceso a insumos, capacitación y tecnología agrícola. Y la propiedad de la tierra se concentra en los agricultores y llega apenas a 30 % de las mujeres como ocurre, por ejemplo, en Honduras.
Aun cuando están en todo el ciclo agrícola, la inseguridad alimentaria en la región muestra una brecha de género de 9 % en perjuicio de las mujeres. A ello se suma afecciones a su salud física y mental por la sobrecarga de responsabilidades relacionadas al cuidado.
El estudio indica casos especialmente urticantes como Guatemala, donde las mujeres dedican más de 22 % de su día a estas actividades frente a 3,9 % que destinan los hombres.
Todo empeora con el cambio climático
Refiriéndose a la situación en Perú, Paula Moreno sostuvo que la agricultura familiar, aquella que se desarrolla en áreas menores a dos hectáreas, enfrenta problemas graves como la tenencia de tierras, la falta de títulos de propiedad, de asistencia técnica y de acceso a financiamiento.
“Y en ese contexto son las mujeres quienes están en una situación más crítica”, añadió, en una realidad que se extiende a la mayoría de las mujeres rurales latinoamericanas.
El panorama es aún más difícil considerando los efectos del cambio climático. “Hay una cifra global estimada de que cada impacto climático afecta a las mujeres un 3 % más que a los hombres agricultores”, señaló respecto de la vulnerabilidad que implica la desigualdad de género.
Moreno explicó que las agricultoras carecen de seguros y financiamiento para realizar acciones de prevención, y que acceden a escasa asistencia técnica por el limitado tiempo que les impone la sobrecarga del trabajo de cuidados.
“Y como poseen menos títulos de propiedad, quedan al margen de programas de recuperación de medios de vida ante una emergencia: no reciben semillas ni otros insumos para sobreponerse”, detalló.
“En mi comunidad se han secado los manantiales, no hemos podido sembrar nada. En agosto tocaba la quinua pero no ha llovido. No sabemos si a fines de octubre podremos sembrar papa. Tampoco brota la alfalfa ni la avena que es para nuestros animales. La sequía, la helada nos están dejando sin cosecha”: Julia Mamani.
Es el caso de Julia Mamani, agricultora aymara peruana en la región surandina de Puno, donde una extrema sequía alimenta incendios forestales en diversas localidades, los que se han vuelto casi incontrolables debido a los fuertes vientos y las grandes extensiones de pastizales secos.
“No tenemos nada de agua estos días, hace un mes estamos secos y ahora viene el incendio. Los cerros se están quemando, en mi comunidad hemos atajado el fuego y se ha corrido más lejitos donde mis vecinos…. allí todo lo ha quemado, el ganado, las ovejas…”, se le quiebra la voz mientras relata lo sucedido a IPS.
Ella vive en la comunidad Rivera Coylata, ubicada a más de 4000 metros sobre el nivel del mar en el municipio de Lampa, en la provincia del mismo nombre. En diálogo telefónico desde Puno, la capital deparmental homónima, a donde llegó para informar de la situación campesina a las autoridades, manifestó que este es el incendio más grave que recuerda.
La crisis climática se siente con fuerza en Puno, región con más de 1,2 millones de habitantes y un índice de pobreza cercano a 40 %.
Ocho de sus 11 provincias están en riesgo de incendios cuando en el país ya se han producido 385. Las condiciones climáticas marcadas por la falta de lluvias, sequedad de los suelos, incremento de temperaturas y vientos, agravadas por el fenómeno de El Niño 2026-2027, empeoran la situación.
“En mi comunidad se han secado los manantiales, no hemos podido sembrar nada. En agosto tocaba la quinua (Chenopodium quinoa) pero no ha llovido. No sabemos si a fines de octubre podremos sembrar papa. Tampoco brota la alfalfa ni la avena que es para nuestros animales. La sequía, la helada nos están dejando sin cosecha”, lamentó.
Ella no cuenta con un seguro agrario para compensar las pérdidas. Además, es casi inexistente la presencia del Estado con iniciativas destinadas a la prevención de los impactos del cambio climático y de mitigación de los daños.
Los países de la región están altamente expuestos a este impacto conjugado del cambio climático y de El Niño.
Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indica que ese impacto será heterogéneo según las características de los países y el nivel de vulnerabilidad de las poblaciones y de los ecosistemas.
La publicación “Los efectos del fenómeno El Niño en América Latina y el Caribe y recomendaciones para enfrentarlo”, publicado en setiembre 2026, estima que unos 4,8 millones de personas podrían caer en la pobreza como consecuencia de los impactos en las diferentes actividades económicas, entre ellas la agricultura.
Dada la desigualdad estructural que mantiene en desventaja a las mujeres rurales y la relación que sostienen con la naturaleza para el desarrollo de sus actividades, ellas serían las principales afectadas por estas proyecciones.
Pilares a pesar de todo
Aun en este contexto de crisis, las mujeres rurales desempeñan un valioso rol en la seguridad y soberanía alimentaria, pues su trabajo en la agricultura familiar permite abastecer de variados productos las mesas familiares y preservar la biodiversidad.
Martha Cuenta, directora ejecutiva del no gubernamental Fomento de la Vida (Fovida), institución peruana con 43 años de trabajo en favor del desarrollo incorporando los temas rurales y la agricultura familiar, resaltó que la contribución de las mujeres rurales se da a mientras se encuentran en la primera línea en defensa de sus territorios, del ambiente y de sus saberes ancestrales.
Indicó que existe una feminización de la agricultura debido a la migración masculina hacia actividades ilegales en busca de recursos, y por la ocurrencia de eventos climáticos extremos que causan pérdidas económicas y de activos para sus próximas siembras, que también los empuja a buscar empleos en las ciudades.
“Las mujeres se quedan a cargo de todo, enfrentan el cambio climático y todo lo que trae el fenómeno El Niño. Las desigualdades de género aumentan y se duplica su carga de trabajo destinada a los cuidados. Aun así, ellas no solo producen, sino que están recuperando y conservando las semillas nativas, que es el recurso, el activo, para seguir viviendo”, dijo.
Fovida desarrolla iniciativas para “desmontar la cultura patriarcal” que está a la base de la discriminación de género en el área rural, impulsando por ejemplo la corresponsabilidad entre varones y mujeres en el hogar, la comunidad y el espacio público. Y promoviendo el cambio de los estatutos comunales a fin de que las mujeres tengan garantizado su derecho a voz y voto en las asambleas.
En Perú, un país con 34 millones de habitantes, la población femenina rural se estima en 3,5 millones, de las cuales cerca de 700 000 se dedican a la agricultura familiar convencional en mayor medida.
Cuentas explicó que su propuesta de formación agroecológica es un enfoque de desarrollo para promover comunidades ambientalmente sostenibles.
Expresó su preocupación ante posibles mayores retrocesos en materia de género y derechos de las mujeres en el actual gobierno de extrema derecha de Keiko Fujimori, lo que dificultaría avanzar en las demandas de empoderamiento, igualdad de género y desarrollo de la agricultura familiar frente al amplio apoyo que recibe la actividad agroexportadora.
ED: EG
