Felipe Neto, un fenómeno de la comunicación, con 39 millones de inscritos en su canal en YouTube, se puso en el centro de la guerra de difamación por redes sociales que envenena la política y la vida en Brasil.
Acusaciones de pedofilia y amenazas de muerte contra él se intensificaron en las redes sociales operadas por los adeptos del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, después que el diario estadounidense The New York Times difundió en su portal web, el 15 de julio, un video con opiniones de Felipe Neto, expresadas en inglés.
En seis minutos, el famoso youtuber adefinió a Bolsonaro como el peor presidente del mundo en el manejo de la pandemia de covid-19 (The worst covid president) y recordó sus desmanes: negó la gravedad de la pandemia, promovió concentraciones en las calles, destituyó a dos ministros de Salud, médicos que antagonizaron con sus planteamientos, y los sustituyó por un general, impuso la cloroquina y desdeñó a los muertos.
Neto, de 32 años y poco conocido por sus apellidos Rodrigues Vieira, ya había ganado el odio de los bolsonaristas en septiembre de 2019, al comprar 14 000 ejemplares de libros de historietas sobre diversidad sexual y distribuirlos gratis en la feria Bienal del Libro, en Río de Janeiro.
Frustró así la censura del alcalde Marcelo Crivella, un pastor de una Iglesia evangélica allegado a Bolsonaro, que intentó incautar esos libros porque algunos exhiben besos entre varones.
Las intimidaciones que lo acosan suscitan la posibilidad de buscar seguridad en el exterior, algo que Neto descartó hasta ahora. Pero la diseminación del odio y de las amenazas ya forzaron a muchos brasileños al exilio, especialmente investigadores víctimas de la actual hostilidad contra la ciencia.
La antropóloga Débora Diniz dejó Brasil en agosto de 2018 después que los ataques contra ella se extendieron a su familia y amigos, además de colegas y alumnos de la Universidad de Brasilia, en represalia a su defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la despenalización del aborto hasta la 12 semana de gestación.
El exdiputado Jean Wyllys también abandonó el país en enero de 2019, tras renunciar al mandato para el cual fue reelegido tres meses antes. Se le hicieron insoportables las mentiras difundidas contra su reputación y las amenazas a su vida, agravadas con Bolsonaro en la presidencia, donde llegó el primer día de ese año.
El entonces nuevo presidente lo tenía como diana principal de sus ataques homofóbicos durante los ocho años en que convivieron en la Cámara de Diputados. Wyllys fue el primer legislador abiertamente homosexual en el país y encabezaba la lucha por los derechos de las minorías sexuales, por lo que vivía protegido por escolta policial.
Una reacción institucional a las campañas de odio y difamación, que intoxican la política brasileña especialmente desde las elecciones de octubre 2018, comenzó en los poderes Legislativo y Judicial, contra los intereses del Ejecutivo.
El proyecto de ley sobre “Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet”, aprobado en el Senado el 30 de junio y ahora en trámite en la Cámara de Diputados, busca regular las redes sociales para contener la diseminación de las noticias falsas, encaradas como amenaza a la democracia y fuente de daños personales y colectivos.
El Supremo Tribunal Federal impulsa desde marzo de 2019 una investigación sobre noticias falsas que ofenden y amenazan a la máxima corte brasileña y sus magistrados y familias. Ese proceso, jurídicamente controvertido, tiene como objetivo a decenas de legisladores, empresarios y activistas sospechosos de atacar personas e instituciones organizadamente.
“La manipulación de los hechos para fines de propaganda es tan antigua como la política” y la practican todos, pero “en las democracias masivas contemporáneas surgidas en el siglo XX, en general, la apropiación más directa de las estrategias de propaganda la hace la derecha”, según Alessandra Aldé, profesora de Comunicación y Política en la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
“Un uso más agresivo de informaciones falsas por la derecha” quedó evidente en las elecciones brasileñas de 2018 en que triunfó Bolsonaro, la que llevó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016 y en el plebiscito que aprobó el brexit en el Reino Unido, también en 2016, acotó IPS, por teléfono desde el interior desde el estado de Goiás, en el centro-oeste del país.
Lo que se ve actualmente en Brasil es el empleo permanente de las redes sociales para diseminar noticias falsas, agresiones y maledicencia por grupos bolsonaristas, para descalificar opositores e incluso como forma de orientar la gobernación.
Se sospecha incluso, por las investigaciones judiciales, el cierre de cuentas y bloqueos de mensajes por Facebook y otras redes digitales, que un grupo organizado y allegado a Bolsonaro, sea la gran fuente de los mensajes maliciosos que degradan la política actual en Brasil.
El mismo Bolsonaro reconoció esas redes sociales como “mi medio de comunicación” (“mi media”), al protestar contra las acciones judiciales que intentan contener las informaciones falsas.
Las redes se convirtieron de hecho en un arma muy útil para la extrema derecha, adecuadas a sus textos cortos, ideas simples y la distorsión de los hechos como argumento.
“Pero no hay un determinismo tecnológico, en que las características técnicas del medio determinan su uso”, y que permita decir que las redes sociales son por su naturaleza un instrumento de la extrema derecha, matizó Aldé.
Recordó que “para el triunfo electoral de Bolsonaro, tan importante como su campaña de desinformación directa por WhatsApp el mismo 2018 fue la construcción de su imagen a lo largo de años, incluso en programas de televisión populares donde él tenía gran visibilidad”.
“Desinformación y apología de la violencia no son exclusivas de las redes sociales, se veían también en el sensacionalismo de la televisión, en programas de gran audiencia y bajo contenido”, sostuvo.
De todas formas, la investigadora sobre el papel de los medios digitales en la política reconoce que es más complejo su uso masivo por las corrientes de izquierda, cuyo “discurso comprende elementos pedagógicos, explicaciones, de conciencia”.
Establecer reglas legales para evitar que los nuevos medios sirvan a la difusión masiva de mentiras, ofensas y creencias riesgosas parece una necesidad, especialmente en un Brasil agitado por intensa circulación de noticias falsas.
Pero el proyecto de ley que persigue ese objetivo enfrenta fuertes objeciones y controversias.
Hay imposibilidades técnicas en las propuestas para el rastreo de los mensajes e identificación de sus responsables finales en las distintas redes y, al pretenderlo, “el artículo 10, por ejemplo, viola el derecho a la privacidad”, comentó Carlos Afonso, ingeniero y experto en tecnología de información y comunicación, por teléfono a IPS.
“Los legisladores estarán siempre muy rezagados en la comprensión de los mecanismos” de los nuevos servicios de comunicación digital y tienden a cometer “fallas flagrantes” en sus intentos de regulación, observó Afonso, creador del primer proveedor de servicios de internet en Brasil, Alternex, en 1989.
En todo caso este especialista relativiza la “maldad” en los medios digitales. “Las ponzoñas de afuera siempre terminan reproducidas en línea” y ya hay leyes que castigan civilmente e incluso en algunos casos penalmente la difamación, la injuria y los abusos en general, el desafío es “compatibilizar regulaciones nacionales con redes transfronterizas”, concluyó.
Para el youtuber Felipe Neto, basta con que las plataformas cumplan realmente sus propias reglas internas y se evitarían muchas de esas prácticas nocivas que envenenan a la sociedad.
ED: EG
