Al cumplirse la mitad del tiempo previsto para la consulta popular del proyecto de una nueva Constitución en Cuba, los análisis comienzan a abordar los temas más profundos del texto, que incluye por primera vez el término de derechos humanos y define al país como “Estado socialista de derecho”.
Además de las 135.000 reuniones en barrios y centros laborales, organizadas por las autoridades desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre, otras voces ciudadanas realizan aportes hasta con aplicaciones móviles, que facilitan la lectura comparativa del documento con la ley fundamental de 1976, a la que va a reemplazar.
Activistas, especialistas, organizaciones no gubernamentales y sectores religiosos y privados, entre otros, intentan revisar cuestiones más allá del artículo 68, que persigue allanar el camino al matrimonio entre personas del mismo sexo y hasta ahora ha acapardo la atención sobre la reforma constitucional.
“La regulación de nuevos derechos es muy importante, también que (los derechos) se van a interpretar según los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y que van a pasar al ordenamiento jurídico cubano los tratados internacionales que Cuba ha ratificado”, dijo el jurista Julio Antonio Fernández, en un panel sobre el tema.
Bajo polémica internacional en su aplicación, usada tanto como elemento de ataque o defensa en la arena global y marcada por la Guerra Fría de la segunda mitad del siglo XX, los derechos humanos son aquellos innatos y destinados a reguardar el valor universal de la vida digna.
En el caso específico cubano, la cuestión ha estado atravesada por el conflicto con Estados Unidos, incluso luego del deshielo de 2014, ahora parcialmente eliminado por la administración de Donald Trump.
Junto a sus colegas Eloy Viera y Raudiel Peña, Fernández compartió sus opiniones especializadas, el 27 de septiembre, durante la presentación en el habanero y católico Centro Cultural Padre Félix Varela de una aplicación móvil, realizada por el sitio web autónomo El Toque y operativa desde esta primera semana de octubre.
El abogado también calificó de “importantísimo que se diga por primera vez que Cuba es un Estado socialista de derecho y se hable de supremacía constitucional”, aunque lamentó que el proyecto no incluya mecanismos de defensa del cumplimiento de la ley fundamental, como un tribunal constitucional, entre otras muchas críticas.
Titulada “La Cuba que viene…”, la aplicación fue creada sobre la base de que en este país de 11,2 millones de habitantes, 48 por ciento de la población tiene menos de 42 años. Esa franja, que nació con la Constitución actual, nunca ha vivido un proceso de esta magnitud, que culminará con un referendo en febrero de 2019.
Los debates populares colocan en el escenario público cuestiones de derechos, algo que resulta inusual en Cuba y está precedido por décadas de tabúes y prejuicios sobre el término universal de derechos humanos.
Algo que comenzó a cambiar desde que Cuba pasó a integrar desde su fundación en 2006 el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas.
El gobierno de La Habana ratificó 44 de los 61 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, según indica el informe presentado por las autoridades cubanas en mayo al Examen Periódico Universal del CDH. Ese bloque integraría la legislación local si se aprueba la nueva Constitución.
“La segunda Constitución revolucionaria marcará formalmente un proceso de profundos y constantes cambios, y digo formalmente porque desde 2008 se vienen dando transformaciones importantes”, dijo a IPS el sociólogo Fernando Romeu.
El también activista contra la discriminación racial remarcó que el proyecto incorpora cambios en materia de derechos ocurridos durante la reforma del gobierno de Raúl Castro (2008-abril 2018) y que el actual presidente, Miguel Díaz-Canel, se ha comprometido a continuar.
Romeu puso como ejemplo los avances logrados en la última década en materia de propiedad, emigración, emprendimientos privados, acceso a la tierra y participación ciudadana.
También resaltó otros derechos incluidos ahora en el proyecto como la regulación del Habeas Corpus y la posibilidad de los ciudadanos de demandar a instituciones públicas.
El activista opinó además que la incorporación del término derechos humanos responde a esa tendencia. «Ahora los centros hegemónicos (del sistema capitalista) le harán creer a la opinión pública que por primera en Cuba se comenzarán a respetar los derechos humanos”, lamentó.
Con artículos sobre el tema, Mylai Burgos, abogada e investigadora cubana residente en México, indicó a IPS que “las personas tenemos derechos humanos, pero si no podemos acudir a alguna instancia a exigir su cumplimiento o el cese de su violación no tiene ningún sentido”.
A nivel internacional, subrayó desde la capital mexicana, “además de su reconocimiento lo más relevante que hoy se regula es el proceso de garantías jurisdiccional. Este apenas se enuncia en el proyecto y, en mi criterio, ya debería definirse en la Constitución”.
En los debates en los barrios y entre especialistas a los que ha asistido IPS, además de en las redes sociales en Internet y en informaciones periodísticas, la propuesta de incluir un tribunal constitucional se reitera como necesario, por voces de todos los signos políticos y como mecanismo para que se cumpla la Constitución.
Una sección de la no gubernamental Unión Nacional de Juristas de Cuba organiza en La Habana debates para que activistas y especialistas revisen el título dedicado a los “Derechos, deberes y garantías” desde su experiencia en contra de la discriminación de género, identidad de género, capacidades especiales, raza o creencias.
IPS fue testigo de uno de ellos, realizado en la sede de esa entidad, el 25 de septiembre, donde, entre otros temas, un jurista recalcó el problema que significa para la supremacía constitucional y garantías de derechos las más de 60 remisiones a leyes secundarias, de las cuales muchas aún no se han elaborado.[related_articles]
“Esto significa que los derechos pueden regularse por normas de menor jerarquía”, explicó a IPS el abogado cubano Michel Fernández, que reside en Estados Unidos.
A su juicio, “el tema de los derechos humanos ha sido de los más conflictivos en el escenario político cubano”, aunque destacó que esa realidad comenzó a cambiar, al menos en el plano internacional, con la entrada de Cuba al CDH.
Fernández remarcó que el país firmó en 2008 el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ambos en vigor desde 1976 y que son considerados los principales en la materia.
Como otros países socialistas, Cuba da prevalencia a los derechos colectivos y las garantías a sus ciudadanos sobre todo de acceso universal y gratuito a los servicios de salud y educación, mientras suele recibir críticas por asuntos relacionados con los derechos individuales y políticos.
“La mayor falta en el proyecto constitucional es el tema de la diversidad de opiniones… no se trata cómo garantizar la expresión y organización de opiniones políticas diferentes”, indicó Fernández, sobre un proyecto que mantiene al socialismo como sistema irrevocable y al Partido Comunista de Cuba (PCC) como el único legal.
La cuestión humanitaria constituye un eje de conflicto entre el PCC y los grupos opositores, que operan en la ilegalidad y las autoridades cubanas consideras que son financiados por Washington, aunque también lo han abordado otros grupos que se declaran críticos del gobierno, pero no disidentes.
Justo en ese segmento se encuentran las críticas más duras al proyecto. “La nueva Constitución, al igual que la anterior, no han sido elaboradas por representantes del pueblo cubano elegidos en elecciones libres, plurales y democráticas”, dijo a IPS el bloguero y opositor Orlando Luis Pardo Lazo.
Edición: Estrella Gutiérrez
