GINEBRA – Expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos expresaron este martes 7 su profunda preocupación por los procesos penales iniciados en Chile contra el juez Álvaro Mesa Latorre, por sus decisiones judiciales en casos relacionados con violaciones graves de los derechos humanos.
Los expertos, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza de Ginebra, advirtieron que esas acciones contra el magistrado presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco (sur chileno) podrían socavar la independencia judicial y el estado de derecho en el país austral.
“El uso del derecho penal para cuestionar la interpretación de la ley y la valoración de las pruebas, por parte de un juez, constituye una injerencia indebida en la independencia judicial y provocará inevitablemente un efecto amedrentador en las y los jueces que se ocupan de casos de derechos humanos”, afirmaron los expertos.
Recordaron de seguidas que Mesa Latorre, con 31 años en la carrera judicial, es un juez con una larga trayectoria en la investigación y resolución de casos relacionados con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar en el período 1973-1990.
El proceso contra el juez se deriva de una denuncia presentada por la defensa de exagentes del Estado condenados hace tres años en un caso de delitos cometidos en 1973.
Se conoce como causa El Polvorín al proceso por la ejecución de siete militantes comunistas en el regimiento Tucapel, del ejército chileno en Temuco.
Fueron condenados 23 militares en retiro y colaboradores del ejército a distintas penas de presidio, por su responsabilidad en esos homicidios calificados y “apremios ilegítimos” (torturas). Se ordenó al Estado el pago del equivalente a unos tres millones de dólares en compensaciones a familiares de los asesinados.
Tres de los exfuncionarios militares, por intermedio de la abogada Carla Fernández, denunciaron al juez Mesa Latorre por prevaricación (dictar resoluciones contrarias a derecho), por lo que la Fiscalía investiga al magistrado, y se solicitó que haga otro tanto la Corte Suprema de Justicia.
Para los expertos de la ONU, en la querella contra el juez “se alega, sin fundamento, la conducta judicial indebida basada en la aplicación, por parte del juez, de las normas internacionales de derechos humanos y de derecho penal internacional”.
Ello ocurre “a pesar de que esa misma jurisprudencia habría sido aplicada de manera consistente por los tribunales chilenos, incluida la Corte Suprema, en casos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos”, dicen los expertos.
Expusieron en su declaración que “nos consterna conocer de informes que indican patrones más amplios de presión e intimidación dirigidos contra jueces, fiscales y abogados involucrados en los procesos de rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante la época de la dictadura cívico-militar en Chile”.
Entre esos movimientos de intimidación “se incluyen amenazas de procedimientos de acusación constitucional, denuncias penales infundadas y ataques públicos relacionados con decisiones judiciales”.
“Las y los jueces deben poder desempeñar sus funciones sin sufrir intimidación, acoso ni represalias. Los desacuerdos con las decisiones judiciales deben abordarse a través de los mecanismos de apelación establecidos, no mediante el enjuiciamiento penal de jueces”, afirmaron los expertos.
Sostuvieron que “la inmunidad judicial para los actos realizados de buena fe en el ejercicio de las funciones judiciales es una garantía fundamental diseñada para proteger a las y los jueces de presiones externas y preservar la imparcialidad en la toma de decisiones”.
“Cualquier intento de disuadir a las y los jueces, fiscales o abogados de aplicar las normas internacionales en casos que involucren violaciones graves de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional, corre el riesgo de debilitar la rendición de cuentas y el acceso a la justicia para las víctimas”, concluyeron.
Firman la declaración Margaret Satterthwaite, relatora sobre la independencia de magistrados y abogados, y Bernard Duhaime, relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Asimismo, suscriben los integrantes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias: Gabriella Citroni (presidenta), Grażyna Baranowska, Aua Baldé, Ana Lorena Delgadillo Pérez y Mohammed Al-Obaidi.
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