Oro, cobre, níquel, gas y madera son algunos de los recursos naturales que se extraen en Papúa Nueva Guinea y en Islas Salomón para alimentar las economías del este y el sudeste asiáticos. Pero aunque estas naciones del océano Pacífico occidental crecieron entre seis y 11 por ciento en los últimos siete años, esto no se reflejó en su desarrollo humano.
“En las comunidades hay muy poca confianza en los proyectos de extracción de recursos que operan los gobiernos”, dijo Maureen Penjueli, coordinadora de la no gubernamental Pacific Network on Globalisation in Fiji, en diálogo con IPS.
“Existe la percepción de que los gobiernos están a favor de las grandes empresas y de las inversiones extranjeras, y que han prestado muy poca atención a la terrible situación de su propia población. Los propietarios tradicionales de las tierras y las organizaciones de la sociedad civil no han sido adecuadamente consultados sobre el tipo de desarrollo que consideran apropiado para el Pacífico”, agregó.
En Papúa Nueva Guinea hay por lo menos seis minas de las que se extrae oro y cobre.
Se prevé que el mayor proyecto extractivo de la nación, PNG LNG (Gas Natural Licuado de Papúa Nueva Guinea), en las tierras altas del país, empiece a funcionar este año, generando hasta 1.500 millones de dólares de ganancias anuales para el gobierno por los próximos 30 años.
Islas Salomón, un archipiélago ubicado al noreste de Australia, tienen una historia de 50 años de explotación maderera. La tala contribuye actualmente con 15 por ciento de las ganancias del Estado y con 60 por ciento de las derivadas de exportaciones.
Los recursos naturales atrajeron a grandes corporaciones decididas a hacer ganancias a corto plazo y dispuestas a competir con los intereses locales, que priorizan la cultura, la identidad y el bienestar de las generaciones futuras.
El gobierno de Papúa Nueva Guinea sostiene que el Estado tiene derechos sobre los recursos minerales, mientras que en Islas Salomón los propietarios tradicionales de las tierras determinan la extracción maderera. De cualquiera de los dos modos, los ciudadanos comunes no han recibido ningún beneficio.
Dos millones de los más de siete millones de habitantes de Papúa Nueva Guinea viven en la pobreza, mientras que la tasa de mortalidad entre menores de cinco años es 75 cada 1.000 nacimientos. En las Islas Salomón, 23 por ciento de la población vive bajo la línea de la pobreza, y el alfabetismo es de 17 por ciento.
Los gobiernos de las islas del Pacífico, con déficit de capacidad y pericia, pueden quedar en desventaja en la negociación de acuerdos con inversores internacionales.
Una alianza entre las elites políticas locales y las empresas extranjeras ha servido a los intereses de unos pocos y afectado a la mayoría de la población rural, donde los servicios públicos son inadecuados y la protección de los derechos humanos es escasa.
En los años 80, la llegada masiva de empresas madereras del sudeste asiático a Islas Salomón acarreó un aumento de la corrupción y una flexiblización en el cumplimiento de las regulaciones.
“Los vínculos entre políticos y empresas madereras extranjeras son complejos y están muy arraigados”, dijo a IPS un portavoz de Transparencia Internacional en Honiara. “Frecuentemente oímos sobre políticos que usan su poder para proteger a taladores, influenciar a la policía y conceder exoneraciones impositivas a empresas extranjeras; a cambio, los taladores financian a políticos”.
Lily Duri Dani, terrateniente en Islas Salomón, dijo que la corrupción también marginaba a las mujeres de las decisiones sobre el uso de la tierra.
“Las mujeres tomaríamos decisiones honestas, abiertas y justas para todos. Usaríamos el dinero (de los recursos) para ayudar a las personas comunes”, declaró.
Según Human Rights Watch (HRW), “la mala gobernanza y la corrupción (en Papúa Nueva Guinea) impiden que los ciudadanos comunes se beneficien de la riqueza de recursos… Proyectos extractivos a gran escala han generado preocupaciones ambientales y de derechos humanos que el gobierno no ha abordado”.
El proyecto PNG LNG enriquecerá a inversores extranjeros que tienen 80 por ciento de la participación, entre ellos Exxon Mobil y su subsidiaria, Esso Highlands.
Un estudio de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, advierte impactos sociales como aumento de la desigualdad, del consumo de alcohol, de la violencia doméstica y de la prostitución.
Las comunidades locales también sufren un incremento de 38 por ciento en los precios de los alimentos, mientras los servicios de educación y salud se deterioran, dado que el personal busca empleos más lucrativos relacionados con LNG.
En 2012, un devastador deslizamiento de tierras de una cantera que era excavada por un subcontratista del proyecto enterró a dos aldeas, Tumbi y Tumbiago. Se estima que mató a 60 personas y destruyó 42 viviendas.
El año anterior, la consultora ambiental independiente D’Appolonia había identificado riesgos de seguridad en las operaciones en canteras.
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El jefe de la aldea de Tumbi, Jokoya Piwako, quien perdió a toda su familia en la tragedia, sostuvo que el gobierno y las empresas “están preocupadas por sus ingresos y sus ganancias, pero no por las vidas en las comunidades”.
La organización no gubernamental Jubilee Australia reportó el año pasado que “hay serios riesgos de que las ganancias generadas por el proyecto (PNG LNG) no mitiguen los impactos económicos y sociales negativos”.
En los últimos 20 años, la mina de oro Porgera, ubicada en la provincia de Enga y que es mayoritariamente propiedad de la empresa canadiense Barrick Gold, ha producido oro por 20.000 millones de dólares.
Las comunidades del área viven sumidas en una pobreza severa, mientras que HRW ha reportado que pandillas integradas por personal de seguridad privada cometieron violaciones en el sitio de la mina en 2011.
El año pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) organizó una conferencia en Fiyi para estudiar cómo la explotación de los recursos naturales en el Pacífico podía mejorar las vidas de los ciudadanos comunes.
Pero en la región todavía no existe el marco necesario para una gobernanza adecuada y transparente, para una fuerte regulación de las industrias extractivas, para medidas de protección ambiental y social y para la participación de las comunidades rurales en las decisiones sobre el uso de la tierra.
Penjueli señaló que “un rol clave para las organizaciones de la sociedad civil es movilizar al público para que se comprometa con cuestiones difíciles de derechos humanos y justicia social” en el sector extractivo.
Las comunidades indígenas necesitan ser empoderadas con habilidades, conocimientos sobre las implicancias de las decisiones y medios de sustento alternativos, y un mejor acceso a apoyo legal para defender sus derechos, según activistas.
“Tenemos que educar a todos los terratenientes porque ellos tienen que tomar buenas decisiones”, dijo Judy Tabiru, presidenta del Consejo de Mujeres de la Provincia de Isabel en las Islas Salomón, en diálogo con IPS.
“Debemos crear reglas para proteger nuestros recursos para beneficio de nuestro pueblo. Es para la mejora de nuestra generación y la de los hijos de nuestros hijos”, añadió.
