TIJUANA, México – La mexicana Carina Rivera llegó a la ciudad de Tijuana, en el norteño estado de Baja California, en 2017 y está consciente que ahora hace más calor que 10 años atrás y hay más olas de calor extremo.
“Cuando es la temporada de calor, se siente fuerte, aunque ahora no está tan extremo. Cuando hace mucho calor, hay que ventilar la casa y refrescarse”, dijo esta cuidadora del hogar, madre de tres hijos y originaria del sudoriental estado de Veracruz.
Rivera, de 32 años, vive en el barrio Camino Verde, habitado por unas 42 000 personas. Como tantos otros en Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos situada a unos 2750 kilómetros de Ciudad de México, su fisonomía revela sus orígenes.
Calles estrechas, reguero de casas muy juntas y calles hacia la cima, las señas de identidad del desorden urbano que marca a tantas ciudades latinoamericanas.
En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México, sustituido en 2020 por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El acuerdo trilateral convirtió a Tijuana en la fuente de productos textiles, electrodomésticos, aparatos eléctricos y autopartes, procedentes de sus maquilas.
Las maquilas son plantas de ensamblaje destinadas a la exportación,apuntaladas por los subsidios, las exenciones tributarias y el incumplimiento de las reglas ambientales nacionales, mientras se benefician del pago de bajos salarios y restricción de derechos laborales.
Pero aun así han atraído a millones de migrantes de todos los rincones de este país latinoamericano de unos 130 millones de habitantes.
“Muchos de los asentamientos han sido construidos sin planificación previa, sin análisis técnico que permita estudiar inundaciones, sequías. Influyen materiales con los que construyen las casas, de bajo costo, que no resisten el clima o incrementan el calor, en algunos casos”: Alejandro Arias.
Faltos de vivienda, los migrantes urbanizaron los cerros que rodean Tijuana, que suma más de dos millones de pobladores, en sitios como Camino Verde, fundado en 1995.
Ciudad muy vulnerable a los efectos de la crisis climática desatada por la adicción humana a los combustibles fósiles, como las altas temperaturas e inundaciones ocasionadas por lluvias poderosas, las barriadas de Tijuana sufren los extremos por partida doble.
Pero estas vulnerabilidades no son solo patrimonio de los tijuanenses, sino que afectan a millones de personas que viven en las costuras de las urbes latinoamericanas, en una región de unos 700 millones de habitantes, cada día más urbana y muy expuesta a las secuelas de la crisis climática.
La región se considera la más urbanizada del mundo, porque aproximadamente 80 % la población vive en centros urbanos, según datos d ONU Hábitat y de otros organismos mundiales.
Y dentro de las urbes, unos 120 millones de personas viven en asentamientos informales en América Latina y el Caribe, expuestos a inundaciones, huracanes, olas de calor, lluvias torrenciales y deslizamientos, dentro de ciudades donde las medidas de adaptación son un bien escaso.
Para peor, la vivienda ocupa un lugar marginal en las políticas climáticas. Además, faltan indicadores sobre el desempeño ambiental de las viviendas en la región, lo que acentúa otros problemas.
“Muchos de los asentamientos han sido construidos sin planificación previa, sin análisis técnico que permita estudiar inundaciones, sequías”, dijo Alejandro Arias, gerente de Resiliencia y Recuperación de Vivienda ante Desastres de la oenegé internacional Hábitat para la Humanidad.
En diálogo con IPS desde Tegucigalpa, detalló que “influyen materiales con los que construyen las casas, de bajo costo, que no resisten el clima o incrementan el calor, en algunos casos”.
Hay relación entre el nivel de pobreza y eventos adversos, según el especialista, quien detalla que la adversidad climática es también un asunto de desigualdad, como lo refleja la situación de la vivienda.
La construcción sostenible contribuye a la reducción de emisiones contaminantes provenientes de los materiales, mejora la conservación del agua, disminuye la generación de basura y tiene un impacto positivo sobre la salud de los habitantes de la morada.
Ciudad barrial
Brasil es la nación latinoamericana con mayores niveles de informalidad habitacional urbana, pues 27 millones (15 % de la población) vivían en asentamientos irregulares en 2024, según el Reporte Mundial de Ciudades 2026 de ONU Hábitat.
Le siguen Perú, con casi 13 millones (44 %); México, 11 millones (11 %); Ecuador y Argentina, más de seis millones (58% y 15%, respectivamente).
Las ciudades concentran 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de América Latina y el Caribe, mientras que el sector residencial es responsable de 21 % de dicha contaminación por el consumo final de energía. Las mayores ciudades latinoamericanas presentan riesgos serios por el caos climático.
Tijuana, por ejemplo, ha visto el agravamiento del cambio climático en 12 % desde 2010, con un nivel alto, representado por temperaturas mayores y mayor variación en las precipitaciones anuales.
Ciudad de México, cuya zona metropolitana suma 24 millones de personas, también ha registrado el exacerbamiento del deterioro climático en 16 %.
La brasileña São Paulo, la segunda mayor área metropolitana de la región, con 21 millones de habitantes, es una excepción, pues su gravedad climática, aunque alta, ha mejorado, con indicadores ambientales más favorables y una reducción de los impactos negativos.
Pero la puntuación climática de urbes como Bogotá, con ocho millones de habitantes en su zona metropolitana, ha empeorado en 29 %, con un riesgo alto.
Lo mismo ha ocurrido con Santiago de Chile y sus suburbios, con una población de 6,5 millones, y cuya gravedad climática es muy alta y se ha exacerbado 16%.
Finalmente, Buenos Aires, donde viven 3,2 millones de personas que se eleva más de 10 millones con su área metropolitana, también registra un leve deterioro climático (0,03%), máxime ahora con la presidencia del negacionista del cambio climático del ultraderechista Javier Milei, en el cargo desde diciembre de 2023.
Las urbes, olvidadas
A pesar de la magnitud del problema, las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés) evaden el componente urbano.
Las NDC son el conjunto de medidas voluntarias de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de adaptación a las que los países se comprometen para cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático de 2015.
Solo las NDC de Argentina, Colombia, Panamá y Bahamas –estos dos últimos, de emisiones insignificantes en términos de responsabilidad climática– aluden a los asentamientos irregulares, a pesar de las menciones internacionales al vínculo entre vivienda y catástrofe climática y sus consecuencias sobre la salud de las personas.
La política colombiana promueve la construcción sostenible para ofrecer edificios más seguros y resilientes, y así reducir las emisiones mediante finanzas verdes, adopción generalizada de mejores diseños arquitectónicos, iluminación y refrigeración eficientes, así gestión inteligente de la energía y eficiencia hídrica.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 parte de los 17 que la comunidad internacional convino en las Naciones Unidas en 2015, para su cumplimiento en 2030, estipula ciudades y asentamientos humanos “inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
En 2024, la Declaración de Chaillot, adoptada por 70 países durante el Primer Foro Global sobre Edificaciones y Clima, reconoció la exposición de la vivienda al riesgo climático y su papel como motor clave de las emisiones.
Y durante la 30 Conferencia de las Partes (COP30) sobre cambio climático, celebrada en noviembre de 2025 en la ciudad brasileña de Belém do Pará, tuvo lugar la cuarta Reunión Ministerial sobre Urbanización y Cambio Climático.
Allí se identificó a la vivienda como una de sus prioridades clave para lograr un futuro urbano resiliente, incluyendo la “equidad e inclusión para los pobres urbanos y los residentes de asentamientos informales”.
Actuaciones activas
Ante la crisis de cantidad y calidad de vivienda, varios gobiernos latinoamericanos han emprendido la construcción habitacional masiva. Empero, sus características sostenibles están en duda.
La estatal Sociedad Hipotecaria Federal de México desarrolla el programa Ecocasa, cuyo objetivo es la baja de las emisiones del sector vivienda, y ha certificado más de 50 000 residencias desde 2013.
Complementariamente, el gubernamental Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda construye cientos de miles de casas desde 2025, dentro de un nuevo plan del gobierno en gestión desde octubre de 2024: Pero el perfil climático, de sostenibilidad y resiliencia no aparece entre sus postulados y sus edificaciones.
Lo mismo sucede en Brasil, donde el programa estatal “Mi casa, mi vida” ha entregado más de 550 000 moradas, urbanas en 88 %.
Mientras, en Perú el Bono Mivivienda Sostenible, conocido como Bono Verde, ha incentivado a los constructores a la adopción de estándares de ecoeficiencia y certificaciones, lo que ha promovido mejores diseños de viviendas con materiales de bajo impacto. El subsidio directo a los hogares impulsó la demanda de domicilios con un mejor rendimiento térmico.
De esa cuenta, el programa colocó 6194 créditos verdes, de un total de 9347, en 2024, para un acumulado de 44 455 desde 2016, cuando tales empréstitos sumaron 25.
Mientras, en Colombia la promoción de residencias con certificación ambiental ha llevado a los constructores a la integración de aislamiento térmico y ecotecnias mediante programas como Mi Casa Ya Verde.
Desde 2022, el gobierno ha concedido 266 434 subsidios para vivienda urbana y para 10 703 moradas rurales nuevas.
Finalmente, el programa chileno de Integración Social y Territorial (DS19 Verde) ha elevado los estándares de construcción de viviendas para hogares de ingresos medios.
Sus proyectos, que incorporan eficiencia energética, diseño bioclimático y uso eficiente del agua, obtienen ventajas competitivas en los procesos de licitación pública, lo que fomenta la mejora de la calidad de la construcción. En 2022, el gobierno seleccionó 25 000 viviendas para el programa.
Desde hace al menos una década la academia y organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas han diseñado modelos de construcción sostenible y resiliente, pero sin lograr permear en la aplicación de la política pública.
Como subrayó el especialista Arias, una disyuntiva para los gobiernos es la construcción de más viviendas convencionales y menos sostenibles, por la diferencia de costos.
“El tema de la resiliencia habitacional pasa por la infraestructura y allí tiene que ver el diseño y hacerlo de forma resiliente genera costos que son más elevados. La vivienda social los omite, para garantizar precios menores. Es un desafío. La construcción sostenible cuesta más, aunque es más duradera”, precisó.
El informe “Construcción sostenible y edificios ecológicos” sugiere la modernización y armonización de la normativa de construcción; la alineación de las regulaciones locales con marcos internacionalmente reconocidos; la creación de mecanismos de cumplimiento; la aplicación de incentivos; la promoción de métodos de construcción industrializados y con baja emisión de carbono, así como la integración de la resiliencia en la planificación urbana.
En Tijuana, Rivera está más pendiente del termómetro y lo que su familia y vecinos pueden hacer para protegerse del calor. “Como que hacen falta parques”, lamentó.
Con el agravamiento del caos climático, prácticamente todos los habitantes de las metrópolis latinoamericanas estarán bajo el impacto del calor extremo y las inundaciones. Los pobladores de los asentamientos informales los sentirán aún más.
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