La muerte del sindicalista Juan Pablo Jiménez de un tiro en la cabeza reavivó en Chile las demandas históricas del movimiento laboral, y muchos advierten que marcará «un antes y un después» en los últimos 40 años del sindicalismo en el país.
"Juan Pablo pagó con su vida un precio demasiado alto para que el país escuche lo que está ocurriendo, para que no se hagan oídos sordos de cuál es la explicación de las ganancias millonarias de los ricos chilenos", dijo Margarita Peña, dirigente de la Conferencia Intersindical de Trabajadores, un movimiento político de izquierda radical.
La muerte de Jiménez, de 35 años, la tarde del 21 de febrero en su trabajo, en la empresa eléctrica Azeta, donde era presidente del sindicato, "va a significar un antes y un después" en el gremialismo chileno, planteó a IPS esta abogada laboral, quien también ejerce de portavoz de la familia.
La Policía de Investigaciones se apresuró a determinar como causa más probable de la muerte la de "una bala loca (perdida)". Una hipótesis rechazada por sindicatos, la familia y varios peritos, mientras la fiscalía la desestimó como la línea a seguir y la justicia abrió una causa por "homicidio simple" sin definir los responsables.
Peña denunció que desde el golpe de Estado de 1973, que encabezó el fallecido dictador Augusto Pinochet, "los trabajadores han sido totalmente ignorados".
[related_articles]
Añadió que "la tarea actual es fortalecer a los trabajadores, al sector obrero, para que reasuma su conciencia sobre la supresión de esta sociedad tan injusta".
El sindicalismo chileno atraviesa una coyuntura calificada por expertos académicos como compleja y preocupante, después de que durante algunas décadas del siglo pasado llegó a ser uno de los más poderosos y activos de América Latina.
Informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacan que la restauración de la democracia en Chile en 1990 supuso un gran incremento de la tasa de sindicalización. Pero a partir de 1994 las afiliaciones comenzaron a bajar.
La OIT sitúa la tasa actual de sindicalización en 11 por ciento, frente a 15,5 por ciento en 1993.
"A inicios de los 90 existió una tremenda esperanza de transformación, pero los trabajadores comprendieron rápidamente que la democracia no les iba a devolver los derechos arrebatados durante la dictadura", aseguró Peña.
Como ejemplo, citó el caso de la indemnización por años de servicio al finalizar la relación laboral. Hasta 1973 se pagaba un mes por cada año trabajado, y la dictadura militar la redujo a un tope de cinco años. La democracia solo amplió el derecho a un límite de 11 años.
"En materia de seguridad social es dramático", alertó. "Antiguamente muchos sectores de trabajadores se jubilaban por años de servicio, hoy todos deben hacerlo por límite de edad", que es de 60 años para las mujeres y de 65 para los hombres.
El sindicalismo en Chile tiene su origen a comienzos del siglo XX, cuando la principal riqueza del país era el salitre. En esa época, las condiciones de vida de los obreros y trabajadores eran paupérrimas.
En Iquique, a 1.845 kilómetros al norte de Santiago, donde estaba concentrada la mayoría de la fuerza laboral explotada por la fiebre del salitre, los sindicatos establecieron alianzas con las asociaciones mutuales dando origen a las "mancomunales".
Fueron años de grandes luchas y huelgas, y también de grandes masacres. La más recordada es la de la Escuela Santa María de Iquique, en 1907, donde unos 3.000 obreros del salitre fueron masacrados por el ejército mientras hacían huelga.
En 1909 se creó la Federación Obrera de Chile, que perduró hasta 1936 y entre cuyos líderes estuvo Luis Emilio Recabarren, fundador en 1912 del Partido Obrero Socialista, precedente del Partido Comunista de Chile, nacido 10 años después.
En 1953, se fundó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que agrupó al movimiento obrero chileno y que se mantiene hasta hoy.
Entre 1932 y 1973, los trabajadores fueron protagonistas de los avances democráticos de Chile y muchos dirigentes sindicales pagaron con muerte o persecución su papel clave en la resistencia a la dictadura del general Pinochet, que representó un drástico retroceso en gremialismo y derechos laborales, aunque los sindicatos no se proscribieron.
Desde 1990, "hemos ido recuperando la capacidad de los trabajadores a organizarse en los marcos de una legislación laboral que viene heredada de una dictadura", afirmó a IPS la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.
Esa legislación, añadió, "entrega garantías muy mínimas para que los trabajadores podamos identificar en los sindicatos las herramientas necesarias para luchar por nuestros derechos, cuando no tenemos garantizada la negociación colectiva y también hay limitaciones al derecho a huelga".
Para los expertos, la debilidad del sindicalismo se acentuó en los últimos años con la propagación de la subcontratación en Chile y el llamado "multirut" que permite dividir artificialmente a una empresa en varios Rol Único Tributario (Rut), para así disfrazar ganancias y restar derechos a los trabajadores.
El Ministerio del Trabajo reconoce que 35 por ciento de la fuerza laboral de Chile presta servicios a través de la subcontratación.
Jiménez era parte de ese porcentaje y luchó incansablemente para mejorar las condiciones de los llamados trabajadores tercerizados, en este país de 16,6 millones de personas, con una población económicamente activa de ocho millones.
Como presidente del Sindicato Número Uno de la compañía de ingeniería eléctrica Azeta, contratista de la mayor distribuidora de electricidad del país, Chilectra, Jiménez lideró en 2012 una tensa negociación colectiva.
Cuando la bala lo mató, revisaba papeles en un banco dentro de las instalaciones de la empresa, para una nueva demanda contra ella, a sumarse a más de 50 denuncias por prácticas antisindicales, despidos injustificados e incumplimiento de cotizaciones previsionales a sus trabajadores, 30 de ellas interpuestas en los últimos 12 meses.
Escasas horas después del deceso, la Policía de Investigaciones lo atribuyó a "una bala loca", que habría sido disparada durante un supuesto enfrentamiento entre bandas delictivas en el barrio La Legua, vecino a las instalaciones de Azeta en el sur de Santiago.
La fiscalía se desmarcó de esa teoría y comenzó una indagación exhaustiva, que incluye entre sus líneas investigativas el homicidio intencionado.
Margarita Peña, abogada del sindicato de Azeta, con 40 por ciento de sus 1.000 trabajadores afiliados, aseguró que "con el asesinato de Juan Pablo el sindicalismo tocó fondo".
El último sueldo mensual recibido por Jiménez, como supervisor de servicios de emergencia y tras 10 años en la empresa, fue equivalente a 387 dólares.
"Eso peleamos en la última negociación colectiva. Necesitábamos con urgencia que se aumentaran los sueldos en Azeta", afirmó Peña.
"Sus compañeros aumentaban sus ingresos en base a horas extras, trabajando 33 horas seguidas", sostuvo. "La palabra muerte en Azeta no es nueva, aunque la gente siga respirando, no vive", concluyó.
