MÉXICO – Expertas de las Naciones Unidas en derechos humanos instaron a México a emprender reformas estructurales urgentes para corregir los efectos persistentes del racismo sistémico y las injusticias históricas contra los pueblos afromexicanos.
“El histórico reconocimiento constitucional de los pueblos Afromexicanos no puede quedarse en el papel; ahora debe traducirse en medidas concretas, representación, memoria histórica y un cambio transformador”, dijo Isabelle Mamadou, experta afroespañola que preside el Grupo de Trabajo sobre afrodescendientes.
Tras concluir una visita al país, las especialistas, que trabajan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reconocieron “los avances logrados por México, incluidos la reforma constitucional, una mayor visibilidad estadística y las iniciativas destinadas a promover los derechos de los pueblos afromexicanos”
“Sin embargo, el reconocimiento sin implementación corre el riesgo de convertir un logro histórico en una promesa vacía, afianzando más la desigualdad en lugar de resolverla”, indicaron en una declaración Mamadou y la también experta del grupo, la jurista sudafricana Catherine Namakula.
En México unos 2,6 millones de sus 133 millones de habitantes se reconocen como afrodescendientes, según datos del censo de 2020, y sus comunidades y pueblos viven principalmente en áreas costeras de los estados sureños de Guerrero y Oaxaca, y del oriental de Veracruz.
Se trata principalmente de descendientes de más de 250 000 personas que llegaron traficadas como esclavos durante el periodo virreinal, entre los siglos XVI y XVIII, desde las costas africanas del golfo de Guinea, Angola, el Congo y Senegal.
Las expertas destacaron desafíos persistentes, entre ellos la discriminación estructural, la invisibilidad estadística, el acceso limitado a la justicia y a los servicios básicos, la vulnerabilidad ambiental y la subrepresentación en los espacios de toma de decisiones.
También expresaron preocupación por la falta de datos desagregados en sectores clave, lo que debilita la formulación de políticas efectivas y perpetúa desigualdades.
“México aún no sabe cuántas personas afrodescendientes desaparecen, migran o acceden a la justicia”, asentaron en su declaración, a la que seguirá un informe completo al Consejo en los meses de septiembre y octubre.
Sostuvieron que “el perfilamiento racial sigue siendo endémico en el país. El color de piel continúa utilizándose como criterio de sospecha en controles policiales y operativos migratorios, en estaciones de autobuses y en aeropuertos”.
Mamadou dijo que por ejemplo “hemos sabido sobre niños obligados a cortarse el pelo afro para poder ingresar a los colegios, y sobre mujeres víctimas de violencia obstétrica, bajo el estereotipo de que las mujeres negras aguantan mejor el dolor”.
También de “personas afromexicanas obligadas a cantar el himno nacional en controles por perfil racial para demostrar que no son extranjeras” y el caso de “dos niñas haitianas que perdieron la vida de manera violenta estando bajo la custodia del Estado en Oaxaca”.
Por ello las expertas enfatizaron que “se requieren con urgencia cambios estructurales fundamentales”.
Esos cambios “incluyen reformas legales y de políticas públicas que impulsen la justicia reparadora y medidas positivas, la reforma de los planes de estudio, el establecimiento de una institución especializada y el fortalecimiento de los mecanismos para responder eficazmente a las realidades de los afromexicanos”.
En lugar de tratar a los afromexicanos dentro de marcos institucionales diseñados para los pueblos indígenas, “las políticas deben adoptar un enfoque diferenciado y antirracista”.
“Las comunidades Afromexicanas necesitan voluntad política sostenida, reformas estructurales y una participación significativa para que se garanticen sus derechos y saldar esta deuda histórica”, insistieron.
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