NUEVA YORK – Un tratado internacional debería garantizar a los trabajadores de plataformas digitales una remuneración justa, condiciones de trabajo seguras y acceso a los beneficios de la seguridad social, planteó en un nuevo reporte la organización Human Rights Watch (HRW).
Se prevé que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de gobiernos, empleadores y trabajadores, aborde en junio la adopción de estándares sobre la “economía gig” o economía bajo demanda, un modelo laboral basado en trabajos temporales, flexibles y de corta duración.
En ese tipo de economía, los trabajadores independientes (freelancers) conectan con clientes a través de plataformas digitales para realizar tareas específicas, y cobran por proyecto, entrega o servicio prestado.
Es el caso de conductores y repartidores en aplicaciones como Uber, Rappi o Didi, servicios profesionales remotos o alquiler temporal de activos, como las viviendas en la plataforma Airbnb.
Lena Simet, asesora sénior sobre justicia económica en HRW, afirmó que “las empresas de plataformas han generado un modelo de negocios que elude las protecciones laborales y traslada los riesgos y costos a los trabajadores”.
El informe de la organización humanitaria, “Algoritmos de explotación: Abusos de derechos en la economía gig y lucha global por el cambio”, documenta experiencias de trabajadores de plataformas en nueve países: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, India, Kenia, Kuwait, Líbano, México, Pakistán y el Reino Unido.
Una conclusión del informe es que los trabajadores de todos los países estudiados tienen ingresos bajos e inestables, condiciones de trabajo inseguras, y poca o ninguna protección cuando se lesionan o no pueden trabajar.
La OIT estima que el trabajo de plataformas prácticamente se duplicó entre 2016 y 2021, mientras que el Banco Mundial calcula que hasta 435 millones de personas en todo el mundo perciben ingresos a través de estas plataformas.
Sin embargo, las protecciones laborales no han estado a la par.
Debido a que las empresas de plataformas clasifican sistemáticamente a los trabajadores y trabajadoras como contratistas independientes o autónomos, en muchos países eso los excluye del salario mínimo, la seguridad social y las garantías de seguridad en el trabajo.
Las personas entrevistadas para el estudio describieron largas jornadas de trabajo, ingresos imprevisibles y decrecientes, y graves riesgos para la seguridad, a menudo sin beneficios de seguridad social ni apoyo si no pueden trabajar debido a una lesión o enfermedad.
Al clasificar a los trabajadores de la economía gig como contratistas independientes, las empresas de muchos países consiguen eludir las obligaciones de salario mínimo, seguridad laboral y seguridad social.
A su vez, ejercen un control significativo sobre los trabajadores, aplicando sistemas algorítmicos que determinan la remuneración, asignan tareas y pueden suspender a trabajadores, a menudo sin transparencia ni posibilidad real de recurso.
HRW analizó que, una vez descontados los gastos, muchos trabajadores de plataformas en Estados Unidos tienen un ingreso muy inferior al de un salario digno y al salario mínimo legal.
Trabajadores de otros países informaron sobre una dinámica similar, e ingresos que con frecuencia son insuficientes para cubrir los gastos diarios.
Este modelo de explotación permite a las empresas captar una proporción cada vez mayor de los ingresos, al tiempo que trasladan los costos a los trabajadores, lo que contribuye a profundizar la desigualdad en los mercados laborales
Por ello Simet considera que “las negociaciones en la OIT son el primer esfuerzo global para que los gobiernos corrijan el rumbo y aseguren que el uso de este modelo no sea a expensas de los derechos de quienes trabajan”.
HRW propone que el convenio que ya se está negociando aborde lagunas existentes en materia de protección, para lo cual se deben incluir garantías clave para todos los trabajadores de plataformas, con independencia de su situación de empleo.
Primero, establecer una presunción de empleo para los trabajadores cuando las empresas ejerzan control sobre estas personas, a fin de evitar una clasificación errónea.
Luego, se debe exigir una remuneración justa, que incluya compensar la totalidad del tiempo de trabajo, e ingresos que sean al menos acordes con los estándares sobre salario mínimo o salario digno.
También, garantizar el acceso a la seguridad social de todos los trabajadores, incluidos casos de accidente, enfermedad, desempleo y edad avanzada.
Otra petición es extender las protecciones de salud y seguridad laboral a todas las personas que trabajan a través de plataformas, y adoptar medidas de protección contra el calor extremo y otras condiciones de trabajo peligrosas.
Asimismo, se plantea exigir transparencia algorítmica a las empresas de plataformas, lo que incluye información para los trabajadores sobre cómo se calcula el pago que reciben, cómo se asignan las tareas y los trabajos, cómo se determina su valor, y cómo funcionan los programas de incentivos.
Además, asegurar que las empresas de plataformas rindan cuentas, con vías accesibles para que los trabajadores impugnen las decisiones automatizadas, incluidas las decisiones de desactivar sus cuentas.
Finalmente, se demanda garantizar los derechos de los trabajadores a sindicalizarse y participar en negociaciones colectivas sin que haya represalias.
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