NACIONES UNIDAS – Por primera vez, las fuerzas armadas de Israel y Rusia fueron incluidas en la lista de responsables de patrones de violencia sexual relacionados por conflictos, en el informe que al respecto se elabora en la Secretaría General de las Naciones Unidas.
En el caso de Israel, la ONU documentó abusos contra detenidos palestinos en Gaza y Cisjordania, incluidos casos de violación, desnudez forzada y violencia sexual durante interrogatorios y operaciones militares.
Sobre Rusia, el informe señala violaciones y abusos sexuales cometidos principalmente contra prisioneros de guerra ucranianos y detenidos civiles.
La ONU advirtió que, en ambos casos, las restricciones de acceso y la inseguridad dificultan documentar los abusos y asistir a las víctimas, en su mayoría mujeres y niñas.
Entre las nuevas incorporaciones figuran tres grupos armados no estatales que operan en la República Democrática del Congo: Wazalendo, que actúa con el ejército nacional contra el movimiento M23; Palipehutu, un grupo armado de la etnia hutu, y los Mai-Mai, otra agrupación que opera en el este de ese país africano.
En la lista, conocida este viernes 29, hay 15 actores estatales y 62 no estatales, y muestra que el flagelo de la violencia sexual que, en 21 países afectados por conflictos, se duplicó en el 2025 con respecto al año anterior.
Dos países de la región latinoamericana figuran en la lista: Colombia, con 753 casos el año pasado, y Haití con 1863, entre ellos 1668 de mujeres y 187 de niñas.
En 2025 se registraron en todo el mundo cerca de 10 000 casos de violencia sexual relacionada con conflictos, más del doble que la cifra del año anterior, ya que la violación, la esclavitud sexual y el secuestro se utilizaron como armas de guerra en África, Oriente Medio, Europa y el Caribe, dice el informe.
Pramila Patten, representante del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en conflictos, advirtió que “esas cifras “no deben interpretarse como un panorama completo, sino como un indicio de un patrón mucho más amplio de violaciones”.
Esas violaciones “siguen pasando en gran medida desapercibidas y de ellas apenas se denuncia”, agregó la jurista mauriciana.
El informe documenta casos de violación, violación en grupo, esclavitud sexual, matrimonios forzados, trata de personas y secuestros, que siguen utilizándose como armas de guerra y represión política.
Las mujeres y las niñas siguieron siendo los principales objetivos, aunque los hombres y los niños también fueron víctimas de violencia sexual, a menudo en centros de detención y como forma de tortura.
Las personas Lgbti+ también se enfrentaron a un mayor riesgo de persecución y acoso selectivos.
Las víctimas registradas por el estudio tenían edades comprendidas entre uno y 70 años, según el informe, que también registró casos de personas con discapacidad.
Patten señaló que la violencia solía ir acompañada de abusos físicos extremos, incluidos asesinatos tras violaciones e incidentes de suicidio entre las sobrevivientes.
“En esencia, este informe trata sobre el sufrimiento humano de todas estas sobrevivientes y comunidades que viven a la sombra de la guerra”, afirmó.
Destaca que los grupos armados no estatales, incluidos los grupos delictivos organizados, siguen recurriendo a la violencia sexual para ejercer control sobre las comunidades y el territorio, incluidas las zonas ricas en recursos naturales.
Las mujeres y niñas desplazadas y refugiadas se enfrentan a riesgos elevados, especialmente en zonas remotas y fronterizas donde las redes de apoyo se han desmoronado.
Según las conclusiones, la amplia disponibilidad de armas pequeñas también seguía alimentando la violencia sexual en múltiples conflictos.
Al mismo tiempo, las restricciones al acceso humanitario, la inseguridad y la falta de financiación dificultaban la documentación de los abusos y la asistencia a las sobrevivientes.
El informe insta al Consejo de Seguridad de la ONU y a los Estados miembros a reforzar la prevención, la rendición de cuentas y el apoyo a los supervivientes, y en sus recomendaciones incluye garantizar el acceso humanitario y ampliar los mecanismos de vigilancia y sanciones.
Asimismo, apoyar a las asesoras de protección de mujeres en las misiones de la ONU, fortalecer las investigaciones y los enjuiciamientos, y aumentar la financiación para los servicios médicos, psicosociales y jurídicos.
“Estas violaciones no son casos aislados ni se limitan a un puñado de contextos. Son de escala global, devastadores en su impacto, y exigen una respuesta centrada no en posturas políticas, indignación selectiva o narrativas preconcebidas, sino en los derechos, necesidades y la dignidad de víctimas y supervivientes”, concluyó Patten.
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