Los residuos que se dispersan por muchas calles y aceras de la capital argentina en parte del día reflejan, a juicio de organizaciones sociales y opositores, el desborde e ineficiencia de un sistema de recolección y tratamiento que, paradójicamente, cada vez les cuesta más a los vecinos.
La crisis de la basura de la ciudad de Buenos Aires se debe a la saturación de los rellenos sanitarios, ante el incremento del consumo en la última década, y al deficiente servicio de recolección, con camiones compactadores que suelen dejar a su paso montículos de residuos y restos, especialmente en el centro de la urbe.
La generación de residuos sólidos, como plásticos, textiles, gomas, cueros y alimentos, creció entre 24 y 35 por ciento entre 2001 y 2011. Así las toneladas de basura de Buenos Aires con destino "disposición final" ascendieron de 1,4 millones a 2,2 millones entre 2002 y 2010, sin que se registrara una variación significativa en la cantidad de habitantes, según datos del opositor partido Proyecto Sur.
Los depósitos se encuentran en localidades del área metropolitana de Buenos Aires, como José León Suárez, González Catán y Punta Lara, todas en jurisdicción de la circundante provincia de igual nombre. La cercanía de esos populosos municipios conlleva un enorme riesgo sanitario.
Se establecieron en depresiones del terreno a las que se cubre con una membrana sobre la que se deposita la basura y, en teoría, a ellos se aplican sistemas de recolección de gases y disolventes para separar las partes solubles de los líquidos, para luego cubrir la superficie.
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La administración de esos sitios está cargo de la empresa Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, producto de acuerdo entre los dos distritos.
En tanto, en el sistema de recolección intervienen cinco empresas privadas, que se reparten sendas zonas, y una sexta propiedad del gobierno local, aunque una inminente licitación prevé un rediseño hacia siete zonas.
Además de la cuestión sanitaria, el colapso del sistema también repercute en el plano económico. El gasto destinado al sector de limpieza de la ciudad pasó de 641 millones de pesos (128 millones de dólares) a 2.517 millones (503 millones) desde 2008, el primer año de gobierno del conservador Mauricio Macri, uno de los principales opositores de la presidenta de Argentina, la centroizquierdista Cristina Fernández.
Con casi 2,9 millones de habitantes, la ciudad de Buenos Aires tendrá así un gasto anual por persona de 176 dólares cuando se apruebe el proyecto de presupuesto de este año.
Desde mayo de 2007 rige en la ciudad la Ley de Basura Cero, aprobada el año anterior, por la cual el gobierno local está comprometido a reducir drásticamente la cantidad residuos con destino a "disposición final".
El cronograma establecía reducciones graduales de enterramiento de residuos de 30 por ciento en 2010, 50 por ciento en 2012 y 75 por ciento en 2017. Finalmente, fijaba como meta a 2020 para la prohibición total de depósito de residuos reciclables.
En los hechos, la basura derivada a rellenos sanitarios debía retroceder hasta 748.828 toneladas el año pasado, pero fue el triple, con un promedio de más de 6.000 toneladas diarias.
"No hay un gobierno que haya avanzado tanto como nosotros en el cumplimiento de la ley de Basura Cero", enfatizó el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Diego Santilli.
Aunque se admite que hubo dificultades al comienzo para cumplir las metas, se aseguran que la tendencia será revertida gracias a los acuerdos sellados con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, del mismo Partido Justicialista (peronista) que Fernández, aunque de tendencia centrista.
Sin embargo, organizaciones sociales y dirigentes políticos opositores han señalado falta de voluntad del gobierno de Macri para implementar la Ley de Basura Cero.
Rafael Gentili, diputado por el centroizquierdista Proyecto Sur en la Legislatura local, dijo a Tierramérica que la política de Macri es "pésima", ya que "no ha cumplido ninguno de los parámetros que la norma fijó". "La ciudad está hoy más sucia que hace cinco años", cuestionó.
Además de los objetivos citados, la Ley de Basura Cero prohíbe la incineración y establece la promoción de la separación de residuos en el domicilio, un punto crucial y que genera los mayores reclamos.
Por su parte, Consuelo Bilbao, encargada de la campaña de Tóxicos de la organización ambientalista Greenpeace, criticó ante Tierramérica "un desfasaje y desequilibrio enorme entre el sistema para recolectar y enterrar y el dinero que se destina a reciclado, que son 200 millones de pesos (40 millones de dólares)".
La crisis que en 2001 devastó la economía argentina disparó un sistema de reciclado informal, al volcarse miles de familias a las calles a recolectar vidrios, papeles, metales y cartones (de allí su nombre de "cartoneros").
La mejora en los indicadores económicos y sociales a partir de 2005 redujo el tránsito de los cartoneros. Hace dos años, el gobierno local implementó un sistema que dotó de cierta formalidad a la tarea que realizan.
Los edificios de más de 19 pisos, centros comerciales, reparticiones públicas y escuelas están obligados a separar material reciclable, y éstos son entregados a cooperativas de cartoneros registradas ante las autoridades.
Bilbao y Gentili coinciden en que ello permitió recuperar 15 por ciento de la basura que genera la ciudad, lo cual no excluye que siga habiendo una recolección y reciclado de tipo artesanal.
El foco de las críticas de Greenpeace y otros está en que, según afirman, el gobierno local se resiste a avanzar en la separación de material reciclable en origen, es decir en los domicilios y en los barrios, lo que cual elevaría la reutilización de basura hasta 40 por ciento de las toneladas producidas.
"A Macri no le interesa reducir los niveles de producción de basura sino que, por el contrario, quiere que haya mucha para que el negocio sea más lucrativo", sostuvo Gentili.
Argumentó que los contratistas del Estado encargados de procesar la basura para transformarla en biogás, abono o fertilizante cobran en función del volumen y que por ello hay un interés económico de que no disminuya la cantidad de desperdicios en origen.
Gentili especifica que algunas empresas, como el Grupo Roggio, uno de los más importantes del país, participan de ambas puntas de la cadena: la recolección y el tratamiento, lo cual ocasiona un conflicto de intereses.
A su vez, Bilbao coincide en que la política del gobierno de Buenos Aires "apunta al tratamiento, no a las etapas previas que consideramos clave, o se ven políticas claras de que apunten a una medida a largo plazo".
Para la ecologista, resulta demostrativo el hecho de que "a las plantas de tratamiento se les paga y a los cartoneros se les da un subsidio y no un salario, con lo cual quedan a merced del valor del mercado".
"Así, lo que hay es una desigualdad total", sentenció.
* Este artículo fue publicado originalmente el 26 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
