NACIONES UNIDAS – Las amenazas contra candidatos presidenciales para la elección que se realizará en Colombia, el 31 de mayo, destacan en el cuadro de preocupación por la paz en ese país expuesta este martes 21 por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
“Reitero mi condena de las amenazas reportadas contra candidatos presidenciales, y hago un llamado a las autoridades estatales para que garanticen la seguridad de todos los participantes en el proceso electoral”, afirmó ante el Consejo de Seguridad de la ONU el representante del secretario general, Miroslav Jenča.
Ya en la recta final de la campaña, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre un posible atentado contra el senador Iván Cepeda, abanderado de la izquierda, y amenazas también recientes contra los candidatos de derecha Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella, los tres favoritos en la contienda según las encuestas.
Cepeda es candidato del Pacto Histórico, la alianza que soporta a Petro; Valencia, del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), y De la Espriella dirige a su formación de extrema derecha, Defensores de la Patria.
El año pasado fue asesinado por un joven pistolero el precandidato presidencial Miguel Uribe, del Centro Democrático, mientras hacía campaña ante un grupo de personas en plena vía pública en el centro de Bogotá.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reunió a su Junta de Inteligencia el pasado fin de semana y se adoptaron medidas para garantizar la seguridad de los candidatos, sus familias, sedes de campaña y actividades proselitistas, y las cuales se comunicaron particularmente a cada aspirante.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio detalles como que se han destinado 107 especialistas de la Unidad Nacional de Protección, 160 policías y 39 vehículos blindados para proteger a los 13 candidatos a la presidencia.
En la ONU, el Consejo de Seguridad escuchó el informe trimestral de Jenča como parte de los Acuerdos de Paz de 2016, que permitieron la desmovilización de la que fue la principal guerrilla durante seis décadas, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Grupos disidentes de las Farc, que se negaron a desmovilizarse., persisten en algunas regiones de Colombia, además de otra guerrilla, Ejército de Liberación Nacional, más remanentes de grupos paramilitares y los brazos armados de varios carteles dedicados al narcotráfico, principalmente.
Jenča recordó al Consejo que cuando vuelva a reunirse sobre Colombia en julio, ya habrá un nuevo gobierno preparándose para asumir el poder en agosto. Una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados podría realzarse en junio.
“Quien asuma la presidencia enfrentará un formidable desafío para consolidar la paz y la seguridad en las regiones aún afectadas por el conflicto”, según Jenča.
El enviado de la ONU reconoció los avances políticos del partido Comunes, surgido de las antiguas Farc y cuyos representantes completaron su período con escaños garantizados en el Congreso y reafirmaron su compromiso con el Acuerdo de Paz.
“Acojo con satisfacción los compromisos expresados por sus líderes de continuar cumpliendo con el Acuerdo de Paz”, dijo Jenča.
El diplomático también describió de primera mano la devastación que vive la región del Catatumbo, en el noreste fronterizo con Venezuela.
Tras una visita en enero, relató que encontró viviendas gravemente dañadas por ataques con drones entre grupos armados rivales, explosivos hallados cerca de escuelas y comunidades aterrorizadas por las minas antipersonas.
“Mientras persistan la violencia, las disputas territoriales o los vacíos de gobernanza en cualquier parte del país, existe el riesgo de socavar la estabilidad nacional”, advirtió Jenča.
El Consejo de Seguridad retomó la práctica de incluir voces de la sociedad civil en sus deliberaciones sobre Colombia. Olga Lucía Quintero Sierra, cofundadora de la Asociación Campesina del Catatumbo, fue la encargada de dar ese testimonio.
Quintero Sierra habló de la violencia que vive su región, pero también de esperanza. Reveló que 54 campesinas del Catatumbo han recibido 724 hectáreas de tierra como parte del programa de adjudicación para mujeres rurales del Acuerdo de Paz.
“Este logro no solo representa acceso a la tierra, sino la posibilidad de reconstruir nuestros proyectos de vida”, afirmó.
Sin embargo, su mensaje fue también una advertencia: la implementación parcial del Acuerdo de 2016 no basta. “Cada incumplimiento, cada retraso, cada intento de desconocer lo pactado, representa un golpe a la esperanza. Sin embargo, seguimos resistiendo y persistiendo, porque nos negamos a renunciar a la Paz”, señaló.
Quintero aprovechó el foro para hacer tres llamados concretos: que la Misión de Verificación continúe su trabajo de manera integral, que el nuevo Congreso reglamente la Jurisdicción Agraria y Rural, y que el próximo gobierno asuma la paz como prioridad de Estado.
Por su parte, la canciller Rosa Villavicencio, quien representó al gobierno colombiano en la sesión, defendió los recursos de la Misión de Verificación de la frente a los recortes presupuestarios que atraviesa el sistema de Naciones Unidas.
“Instamos a la Secretaría General a que no se contemplen más recortes en la presente vigencia para la Misión de Verificación», dijo la funcionaria.
El gobierno, la lideresa campesina y el responsable de la ONU estuvieron de acuerdo en que la paz en Colombia no es un hecho consumado, sino un proceso que exige voluntad política sostenida, recursos internacionales y, sobre todo, presencia del Estado en los territorios donde la violencia aún dicta las reglas.
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