Acompañado de severos cuestionamientos de medios de comunicación privados, el Congreso legislativo de Argentina logró sancionar la Ley de Servicios Audiovisuales que restringe los monopolios y cuenta con apoyo de una amplia red de organizaciones sociales que la reclamaban.
El senador Ernesto Sanz, líder del principal bloque opositor, la Unión Cívica Radical, admitió que de 166 artículos del proyecto su partido respaldaba más de 100. Pero no hubo acuerdo en otros puntos y el oficialismo impuso la mayoría de que dispone hasta el 10 de diciembre, cuando sean investidos los legisladores elegidos en los comicios del 28 de junio.
Las empresas del sector, como el grupo Clarín, fueron acérrimos críticos del proyecto, y la oposición política se hizo eco de algunos de esos cuestionamientos por considerar que sería un instrumento para que la presidenta Cristina Fernández y su esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner (2003-2007) ampliaran su influencia en los medios.
"Kirchner ya tiene ley de control de medios", tituló este sábado el diario insignia del grupo homónimo, propietario de más de 250, entre canales de cable y de televisión abierta, radios y diarios. "Con la ley de medios sancionada Néstor Kirchner festejó su resurrección", apuntó el diario Crítica de la Argentina.
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Para Sanz la ley es "mala", pues podría desatar una ola de juicios de empresas que se vean afectadas por el cambio de reglas de juego, si bien es posible modificarla cuando exista una nueva composición parlamentaria.
El proyecto era un viejo reclamo de diversas organizaciones de derechos humanos, radios comunitarias, universidades y otras entidades sociales que habían formado la Coalición por una Radiodifusión Democrática que planteaba 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. "Esta ley era nuestro proyecto", dijo a IPS su coordinador, Néstor Busso.
De hecho, la coalición y organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles manifestaron el viernes su apoyo a la sanción en un acto público frente a la sede del Congreso Nacional, mientras los senadores deliberaban.
La norma establece que su propósito es la "desconcentración" de la propiedad de los medios y para ello restringe el número de licencias en manos de un mismo grupo. Considera a la comunicación como "un servicio público" y abre el juego a entidades privadas sin fines de lucro, a las que se otorgará 33 por ciento del espacio radioeléctrico.
Para cosechar más apoyo, la presidenta aceptó eliminar la propuesta original de incluir en el negocio a empresas telefónicas. Los críticos sostenían que si se habilitaba el ingreso de esas firmas había el peligro de que un monopolio sustituyera a otro.
En la cámara baja, el oficialismo aceptó 200 modificaciones al proyecto, lo que permitió sumar el apoyo de partidos de izquierda. La norma fue aprobada en Diputados por 146 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, pero el principal bloque opositor abandonó el recinto en señal de protesta y no votó.
En el Senado, los principales cuestionamientos apuntaban a la autoridad de control. Los partidos de izquierda habían logrado en Diputados darle un carácter autárquico y descentralizado, con mayor número de integrantes, pero reduciendo la participación de representantes de Poder Ejecutivo. Pero aún así persistió la oposición.
La nueva autoridad que reemplazará al Comité Federal de Radiodifusión —creado por la dictadura y controlado por el gobierno de turno— tendrá siete miembros: dos designados por el Poder Ejecutivo, tres por el parlamento, elegidos por las tres primeras minorías y dos provenientes de un consejo federal formado por expertos.
También fue criticado el artículo que fijó solo un año de plazo para que las empresas que acumulan más de 10 licencias para explotar medios se adecuen a las nuevas restricciones. La oposición teme que esta premura fuerce a los propietarios a malvender empresas que podrían ser adquiridas por amigos del gobierno.
El semiólogo Eliseo Verón lo advirtió en una columna publicada en el diario Perfil. "En el fondo, la lucha encarnizada por una nueva ley de medios es un enorme esfuerzo de recuperación de poder por parte del gobierno destinado a despojar de ciertos negocios mediáticos a los enemigos para dárselos a los amigos", sostuvo.
Finalmente, los senadores opositores cuestionaron la atribución del Estado para adjudicar licencias del espacio público en aquellas ciudades con más de 500.000 habitantes, siempre con un previo concurso público. Argumentaron que eso significa crear un nuevo monopolio, esta vez estatal.
Pese a todo, en vísperas de su tratamiento en el parlamento, el proyecto fue avalado y elogiado por el relator especial de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de la Libertad de Opinión y Expresión, el guatemalteco Frank La Rue, que lo puso como "ejemplo para los demás países" por garantizar el acceso de todos los sectores sociales a los medios de comunicación.
"Es un avance en América Latina frente a la progresiva concentración de medios", sostuvo.
Varios académicos y activistas humanitarios apoyaron con firmeza la ley, más allá de la oportunidad política elegida por el gobierno de Fernández, que venía de una derrota en las elecciones legislativas de junio.
En diálogo con IPS, Adolfo Pérez Esquivel, galardonado en 1980 con el premio Nobel de la Paz, consideró que un imperativo aprobar la norma. "No podíamos seguir con una ley de la dictadura, creada por (Jorge Rafael) Videla", dijo el activista, que es crítico de muchos aspectos de la gestión del gobierno.
"Hay resistencia porque afecta los intereses de las grandes corporaciones como el grupo Clarín, que hizo una campaña muy grande para que no se apruebe, pero esta no es una ley K", aclaró en alusión a la señal de noticias TN, de Clarín, que presentaba la norma en sus títulos como "ley de medios K" por el ex presidente Kirchner.
"Lo quieren presentar como si fuera una ley del gobierno, pero desde hace 25 años que las organizaciones sociales estamos trabajando por una ley de medios de la democracia", remarcó Pérez Esquivel, galardonado por el Comité Noruego del Nobel por su compromiso en la lucha por los derechos humanos durante el régimen dictatorial.
