BUENOS AIRES – Policías que rodean a la pequeña mesa de un vendedor de aguacates y le incautan su mercancía; agentes que desfilan con paso marcial entre las casas precarias de barrios populares, exhibiendo armas largas; personas que duermen a intemperie a quienes les quitan los colchones; familias enteras en la calle con sus pertenencias, desalojadas de edificios que ocupaban desde hacía décadas.
Este tipo de imágenes, que eran poco frecuentes en Buenos Aires, se han vuelto habituales desde que el presidente argentino es el ultraderechista Javier Milei. Escenas de crueldad cotidiana contra pobres y marginales, que parecen ser la marca de un verdadero clima de época, ya que en la capital el gobierno local ni siquiera está en manos del partido político del gobernante, La Libertad Avanza.
“Decidimos trazar una línea muy clara: de un lado, la gente honesta, de bien; del otro, los que eligen vivir al margen de las normas. O se controla el territorio o lo dominan los delincuentes”, se jacta el alcalde de la capital argentina, Jorge Macri, en videos para redes sociales en los que suele aparecer con gesto amenazante y rodeado de policías.
Las víctimas de esta persecución, sin embargo, no son ladrones ni asesinos, sino los cientos de miles de argentinos e inmigrantes que cada día salen al espacio público a pelear por su subsistencia, en el contexto de una economía que se deteriora cada vez más para las mayorías, o que simplemente están en las calles porque no tienen otro lugar adónde ir.
“Hay un hostigamiento insólito, manifestado en que se piden requisitos de cumplimiento imposible. Y si la persona se resiste a que le quiten su mercadería, termina detenida. La ideología detrás de esto es que quien sale a pelear por su subsistencia es un delincuente”: Alejo Caivano.
En Buenos Aires, una ciudad de 3,1 millones de habitantes que suma 10 millones más con sus extensos suburbios, en el llamado Gran Buenos Aires, los últimos datos oficiales indican que en el primer trimestre de 2026 había 21 % de población pobre y 9 % de indigentes.
“No solo se asocia pobreza con delincuencia; también se busca instalar la idea de que los pobres son responsables de serlo, porque no han hecho las cosas bien en la vida. Es un atentado contra la dignidad de las personas como jamás se había visto en la Argentina”, dice a IPS el sacerdote católico Lorenzo “Toto” de Vedia.
De Vedia está al frente de la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, ubicada en la villa 21-24, en un país a los asentamientos precarios se los conoce como villas. Forma parte del movimiento de Curas Villeros, que nació a principios de la década de 1960 y era muy cercano a Jorge Bergoglio cuando este era el arzobispo de Buenos Aires, antes de convertirse en el papa Francisco (2013-2025).
El sacerdote cuenta que a muchos de los fieles que concurren a su iglesia, que subsisten a través de la venta ambulante, les han sacado la mercadería o hasta sus alimentos, por reunirse en improvisados comedores en la vía pública. “Esos episodios muchas veces derivan en violencia policial”, dice.
De Vedia está convencido de que en Argentina muchas veces el poder ha sido insensible o hasta cruel con los más pobres, pero hoy la novedad en Buenos Aires es que se busca la aprobación social para esas actitudes: “Entienden que están dando una batalla cultural y creen que esto puede ser bien visto por la sociedad”.
Dentro de la metrópoli capitalina, es en el Gran Buenos Aires donde viven los más pobres y el alcalde en muchas ocasiones ordena controles muy visibles en los accesos a la Ciudad para impedir la entrada de «delincuentes».
Propaganda de “ley y orden”
Jorge Macri es primo de Mauricio Macri, quien fue presidente entre 2015 y 2019, como parte de una coalición de partidos derecha que actualmente parece moderada frente al extremismo de Milei, pero no es el caso del alcalde, aunque pertenezca a esa agrupación.
El jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su cargo oficial, ha inundado sus calles de afiches de propaganda sobre su gestión, en los que en lugar de poner en primer plano la obra pública –que es prácticamente inexistente- muestra sus operativos de desalojos de viviendas, de protestas o de comerciantes ilegales.
Desde diciembre de 2023, cuando Jorge Macri asumió, hasta julio pasado, el gobierno de la Ciudad recuperó “para sus legítimos dueños” 900 propiedades ocupadas por valor de más de 450 millones de dólares, según la oficina de prensa gubernamental, que difunde generosamente esta “política de orden”.
Lo que el gobierno de la Ciudad no difunde es lo que reveló un informe conjunto de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa: 58 % de los desalojos se hicieron sin orden judicial y, solo hasta marzo, se quedaron sin techo 1135 familias y 4482 personas, entre ellas 1409 niñas, niños y adolescentes. El Estado les ofrece un subsidio mínimo, insuficiente para alquilar una vivienda.
“Los desalojos administrativos se hacen a veces con el argumento de que hay peligro de derrumbe, pero luego se sabe que se desalojó un piso del edificio y no otro, con lo que la mentira queda en evidencia”, dice a IPS Pepe Peralta, secretario general adjunto de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
La central sindical organizó este mes de agosto una reunión para discutir estrategias de protección a los vendedores ambulantes perseguidos.
“Hay una necesidad de supervivencia de cada vez más gente. Estamos a favor de que los vendedores ambulantes sean regulados y paguen impuestos. Pero no admitimos que se les confisque la mercadería y se los multe, porque los están empujando más al vacío”, agregó Peralta.
Tormenta negra
La puesta en escena más importante de la persecución contra los pobres se dio en mayo pasado, cuando el gobierno la Ciudad de Buenos Aires realizó un operativo policial simultáneo con 1500 policías en 15 villas.
Pomposamente se lo bautizó “Tormenta negra” y se informó que el objetivo era “poner fin al desorden en las villas, para reforzar la seguridad y proteger a los porteños de bien”.
El resultado, según se informó, fue más bien exiguo: fueron detenidas 27 personas con secuestro de droga y se clausuraron 25 comercios, en su mayoría de venta de teléfonos celulares presuntamente robados.
La acción mereció el rechazo de la Iglesia Católica. “Tormenta negra se llama cuando el Estado se retira, cuando los pibes no tienen posibilidades… Hace décadas que lo sufren nuestros barrios”, dijo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante una misa en la Villa 31, contigua al barrio de Recoleta, uno de los más tradicionales y acomodados de la ciudad.
“Que de la tormenta negra surja la luz de un pueblo solidario”, pidió García Cuerva.
El alcalde Jorge Macri ha llegado a quejarse de que en las iglesias se brinde alimento y abrigo a personas sin hogar, ya que ello atraería a la ciudad de Buenos Aires a más indigentes desde los suburbios, según reveló un video de una reunión de vecinos de 2025 que se viralizó este año.
Alejo Caivano, abogado de la Defensoría de los Laburantes, organización nacida en la pandemia para ayudar a trabajadores vulnerables, considera que el objetivo es eliminar a la gente más pobre de las calles de Buenos Aires.
“Primero fueron contra los manteros (el nombre popular de los vendedores callejeros que exhiben su mercadería en el suelo, sobre una manta), con el argumento de que son competencia desleal para el comerciante establecido. Se los echó y algunos, muy pocos, fueron reubicados en ferias municipales donde circula mucha menos gente que en los lugares donde solían estar”, explica.
“Hoy le están sacando la mercadería a los vendedores ambulantes de baratijas, actividad que no está penada en ninguna norma, mientras cumplan el requisito de moverse. Se está privando de manera ilegal una actividad que es de subsistencia, en muchos casos realizada por jubilados o discapacitados”, añade.
Caivano cuenta un caso reciente de un operativo realizado en la puerta de la iglesia de San Expedito, cerca de la estación ferroviaria de Once. A una persona que vendía velas se le incautó la mercadería. “Le sacaron 10 paquetes de velas, con el argumento de que no tenía habilitación para vender”, relata.
“Hay un hostigamiento insólito, manifestado en que se piden requisitos de cumplimiento imposible. Y si la persona se resiste a que le quiten su mercadería, termina detenida. La ideología detrás de esto es que quien sale a pelear por su subsistencia es un delincuente”, se lamenta.
Alberto Aguilera, quien vive cerca de la estación Once, narra el caso de un vendedor de flores que hace años está en la misma esquina y conocido y querido por la mayoría de los vecinos.
“Siempre deja la esquina limpia y hasta avisa cuando hay un problema de seguridad. Pero ahora tiene que trabajar a escondidas, porque cada vez que viene la policía barre con todo”, cuenta.
“En el barrio hay venta de drogas las 24 horas del día, pero parece que el problema es el vendedor ambulante o la gente que vive en la calle. Es una locura, pero lo que quieren es meterles miedo”, agrega.
ED: EG
