Irlanda ganó prestigio por su liderazgo en la negociación para prohibir las mortales bombas de racimo en todo el mundo, que culminó en su capital. Pero a pesar de cultivar una imagen de neutralidad y pacifismo, este país exporta cada vez más armas.
El tratado aprobado el viernes en Dublín por más de 100 gobiernos establece la prohibición del uso, la producción, la transferencia y el almacenamiento de bombas de racimo.
Suena paradójico que, a pesar de décadas de neutralidad en conflictos internacionales armados, Irlanda haya elevado su participación en el comercio internacional de armas.
"Irlanda no posee tráfico de armas, y tampoco deseamos promoverlo", dijo hace dos años Michael Ahern, entonces ministro de Comercio del país.
Amnistía Internacional sugiere lo contrario.
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Esta organización de derechos humanos con sede en Londres estimó que el valor de las licencias de exportación emitidas por Dublín para mercaderías con aplicación militar aumentó de 1.300 millones de euros (2.000 millones de dólares) en 2004 a 2.400 millones de euros (casi 3.700 millones de dólares) en 2006.
Entre las mercaderías manufacturadas por Data Device Corporation en la meridional ciudad irlandesa de Cork figuran, por ejemplo, aparatos electrónicos para instalar en helicópteros Apache.
La estadounidense Boeing vendió los Apache a Israel, que los usó en sus ataques de 2006 contra Líbano. Estos helicópteros son conocidos como un vehículo adecuado para transportar y disparar bombas de racimo.
"Estamos en el comercio de armas y no hay un comercio de más baja ralea que ése", dijo el activista irlandés Dennis Halliday, quien en los años 90 se desempeñó como subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Irlanda es el único entre los 27 países de la Unión Europea (UE) que, según su Constitución, debe convocar un referendo sobre el Tratado de Lisboa, que obliga a las 27 naciones a "mejorar progresivamente sus capacidades militares".
Los presidentes y primeros ministros del bloque firmaron el Tratado el año pasado en la capital portuguesa. La consulta popular irlandesa se realizará el día 12.
Opositores al convenio europeo advierten que la norma obliga a Irlanda a desarrollar aun más su industria bélica.
El tratado confiere a la Agencia Europea de Defensa, con sede en Bruselas, la facultad de adoptar "cualquier medida" que considere necesaria para "fortalecer la base industrial y tecnológica" de la producción armamentista de la UE.
El director de esa Agencia, Alexander Weiss, negó en mayo que su organismo tenga el objetivo de militarizar el bloque. "Solamente estamos potenciando la capacidad militar de las fuerzas armadas de los estados miembro", dijo.
Los opositores al Tratado señalan que las cláusulas sobre la Agencia son casi idénticas a las propuestas por fabricantes de armas a la Convención Europea a cargo de elaborar el proyecto de constitución del bloque, órgano presidido entre 2001 y 2003 por el ex jefe de Estado francés Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981).
Alrededor de 90 por ciento del proyecto de constitución, rechazado por la ciudadanía de Francia y Holanda, está contenido en el Tratado de Lisboa.
Patricia McKenna, presidenta del Movimiento Popular opositor al Tratado, dijo que la norma permite a la industria armamentista determinar políticas de la UE sobre adquisiciones de material de defensa.
"Es como pedirle a la industria farmacéutica que les diga a los médicos qué escribir en sus prescripciones", agregó McKenna, ex integrante del Parlamento Europeo.
Irlanda no es miembro pleno de una alianza militar formal, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero ha participado en las actividades de la Agencia Europea de Defensa.
Representantes de Enterprise Ireland —organismo estatal de desarrollo industrial— participaron en reuniones de la Agencia, según admitió el propio gobierno. Esto alimentó sospechas de que firmas basadas en irlandesas gestionan lucrativos contratos de defensa.
La Agencia promueve activamente un mayor gasto en defensa en Europa. En un documento de 2006 alegó que los gobiernos de la UE "deben tomarse a pecho" cómo Estados Unidos los está superando en gastos para comprar armas.
El ministro de Defensa de Irlanda, Willie O'Dea, calculó que la proporción del gasto militar dentro del ingreso nacional se redujo de cuatro por ciento a comienzos del siglo XXI a 1,8 por ciento en la actualidad.
Pero O'Dea admitió que el gasto en defensa aumentará por el compromiso del año pasado entre el centrista y nacionalista partido Fianna Fáil y el Partido Verde para formar gobierno.
El gasto militar de Irlanda más que triplica lo que el país, todavía conocido como el "tigre celta" a causa del robusto crecimiento económico de los años 90, destina a la asistencia oficial al desarrollo de los países del Sur en desarrollo.
Andy Storey, experto en desarrollo del centro de estudios terciarios University College Dublin y directivo de la organización no gubernamental Action from Ireland, dijo que, en el mejor de los casos, el Tratado exhorta a los países de la UE a aumentar sus presupuestos de defensa.
Storey agregó el Tratado de Lisboa obliga a los países a estimular su capacidad militar pero no "la capacidad educativa o de atención a la salud".
Las disposiciones sobre gasto militare, dijo, "constituyen un avance mayor hacia la militarización de la UE".
El gobierno asegura que la neutralidad irlandesa no se verá afectada por el Tratado, pero Storey expresó que "la UE ya está militarizada hasta cierto punto" y que la norma "nuevos poderes y recursos a su ala militar".
