GINEBRA – El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó este miércoles 5 su alarma por el fuerte aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte en Irán desde que comenzó la campaña de bombardeos estadounidenses e israelíes a finales de febrero.
“Me alarma el aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte dictadas en Irán desde marzo, y que la pena capital siga utilizándose para infundir miedo en la población y reprimir la disidencia”, declaró Türk, en un comunicado divulgado por su oficina (Acnudh) en esta ciudad suiza.
Türk instó a las autoridades iraníes a detener urgentemente todas las ejecuciones y avanzar hacia la abolición de la pena de muerte.
A finales de 2025 estallaron protestas ciudadanas contra el gobierno en gran parte de Irán, vinculadas a la inestabilidad económica, la inflación galopante y la escasez generalizada. La represión que siguió provocó miles de muertes y de detenciones, además de un bloqueo de internet que duró varios meses.
Una misión independiente de investigación de la ONU sobre Irán instó el mes pasado a las autoridades a detener las ejecuciones de 10 hombres que participaron en las protestas de la ciudad de Isfahán, y condenó enérgicamente las ejecuciones del 19 de julio de otros dos condenados a muerte en el mismo caso.
Türk dijo que “desde el 19 de marzo de 2026, al menos 56 personas han sido ejecutadas por cargos relacionados con la seguridad nacional, incluidas 27 en casos vinculados a las protestas de principios de año”.
“Más de 100 personas corren el riesgo de ser ejecutadas por cargos similares, y las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas también continúan a un ritmo alarmante”, indicó el alto comisionado.
La persistente falta de garantías procesales y de un juicio justo “es profundamente preocupante”, subrayó Türk, y recordó el alegato recogido por su oficina de que de esos prisioneros “se han obtenido confesiones bajo tortura y otros malos tratos”.
“Según informes, varias ejecuciones se han llevado a cabo en público. Algunas, supuestamente, se realizaron apenas unas semanas después de la detención. Doce acusados fueron condenados a muerte tras una única audiencia a puerta cerrada de tres horas”, deploró el alto comisionado.
El responsable de derechos humanos de la ONU reiteró que “la pena de muerte es incompatible con el derecho a la vida e irreconciliable con la dignidad humana. Tal castigo no tiene cabida en nuestro mundo”.
También la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció que “las autoridades iraníes han recurrido cada vez más al uso de cargos de seguridad nacional de amplia definición, para declarar culpables y condenar a muerte a personas arrestadas en el contexto de las protestas de enero de 2026”.
En casos documentados por AI, personas ejecutadas arbitrariamente o condenadas a muerte fueron declaradas culpables de los cargos excesivamente generales e imprecisos de “espionaje”, “colaboración con Estados hostiles”, “enemistad con Dios” o “corrupción en la tierra”.
Hay personas ejecutadas por presunta participación en daños a la propiedad, bloqueo de carreteras o alteración del orden público, actos que no alcanzan el umbral necesario para la aplicación de la pena de muerte según normas internacionales, que restringen su uso a los “más graves delitos” que implican homicidio intencional.
Esa “ola terrorífica de ejecuciones y condenas de muerte” busca “proyectar una imagen de fuerza y control absoluto tras el levantamiento popular de enero y en pleno ataque de las fuerzas estadounidenses e israelíes”, dijo Heba Morayef, directora regional de AI para Oriente Medio y Norte de África.
El 28 de febrero fuerzas de Israel y Estados Unidos lanzaron oleadas de bombardeos sobre instalaciones militares y civiles de Irán, causando la muerte de centenares de personas, entre ellas parte del liderazgo iraní, y el conflicto pervive, afectando la seguridad de la navegación y la vida en toda la región del golfo Pérsico.
“La titubeante reacción de la comunidad internacional anima a las autoridades iraníes a continuar con sus ataques letales. Los Estados miembros de la ONU deben adoptar medidas diplomáticas urgentes y coordinadas para presionar a las autoridades iraníes a fin de que se abstengan de llevar a cabo más ejecuciones”, dijo Morayef.
Esos Estados “deben situar la crisis de derechos humanos e impunidad de Irán en un lugar prioritario de su agenda, apoyar la creación de un mecanismo de justicia internacional independiente para Irán, y pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación a la Corte Penal Internacional”, agregó Morayef.
Concluyó recordando que AI se opone a la pena de muerte “incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias. Esta pena viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante”.
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