El proyecto del supergasoducto sudamericano, que transportaría combustible a través de la Amazonia y otros ecosistemas, recibe una lluvia de críticas en Brasil, donde varios sectores lo dan por muerto tras la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia.
El gasoducto "nació semimuerto", sin ninguna factibilidad económica, según Wagner Victer, secretario de Energía del oriental estado brasileño de Río de Janeiro. El proyecto "es una locura", completó el ambientalista Roberto Smeraldi, director de Amigos de la Tierra/Amazonia Brasileña.
La nacionalización de la industria del petróleo y el gas en Bolivia, decretada el 1 de mayo, puede ser el tiro de gracia para el gasoducto, consideran analistas. La medida, que afecta sobre todo a la petrolera estatal Petrobras, tensó las relaciones entre ambos países y reavivó la polémica sobre la dependencia brasileña del gas boliviano.
El ambicioso gasoducto, la obra de infraestructura física más grande de América del Sur, es impulsado por los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, Néstor Kirchner, de Argentina, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil.
Tendría por lo menos 7.000 kilómetros que pueden ampliarse a más de 10.000 dependiendo de la ruta elegida, según expertos. Transportaría 150 millones de metros cúbicos diarios y su construcción podría costar 25.000 millones de dólares.
El proyecto "no tiene coherencia económica", cruza muchos ríos y bosques haciendo imposible precisar sus costos, y encarecería demasiado el gas venezolano entregado en Argentina, si no es subsidiado por Brasil, dijo Victer.
"El gasoducto quintuplicaría la actual dependencia brasileña en relación a Bolivia", sentenció.
Tras el anuncio de la nacionalización boliviana, el gobierno de Lula se apresuró a definir planes con Petrobras para la autosuficiencia nacional en materia de gas natural, acelerando la producción interna y medidas para importar gas natural licuado.
Pese al nuevo panorama, no se ha abandonado la idea del gasoducto. El 7 de junio, una reunión de ministros y otras autoridades evaluará en Caracas la marcha del proyecto, confirmó el ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez.
Hay siete grupos de trabajo estudiando los aspectos económicos, ambientales, de ingeniería, trazado de ruta, financiamiento y regulaciones que afectan al proyecto. Se va cumpliendo así el guión definido por Chávez, Kirchner y Lula en Sao Paulo el 26 de abril. La meta es que el gasoducto esté diseñado y listo para ser propuesto a los demás gobiernos sudamericanos en septiembre.
Entretanto, arrecian las críticas de ambientalistas y expertos en energía Según Adriano Pires, director de la empresa consultora Centro Brasileño de Infraestructura, el proyecto enfrenta riesgos ambientales, económicos, políticos, financieros y tecnológicos que lo hacen inviable.
La propuesta de "tarifa postal", que divide en partes iguales los costos del transporte del gas, significa subsidiar a consumidores más lejanos —argentinos y brasileños del sur—, en desmedro de las regiones más pobres del norte y nordeste de Brasil, observó Pires.
En lo político, los gobiernos que usan la energía como instrumento estratégico, violando contratos y estableciendo precios según sus intereses políticos, promueven la "desintegración energética", opinó el experto.
Bolivia, por ejemplo, deberá sufrir "una reducción de las reservas gasíferas ante la falta de inversiones", tras la nacionalización, afectando su capacidad exportadora, señaló.
También hay problemas tecnológicos inherentes a un proyecto tan gigantesco, agravados porque el gas venezolano es asociado al petróleo, destacó Pires. Ante tantas incertidumbres, "¿qué banco financiaría —y cómo— una obra de 25.000 millones de dólares?", preguntó.
Venezuela posee las mayores reservas sudamericanas de gas natural —cerca de 4,2 billones de metros cúbicos—, pero "90 por ciento (de ellas) están asociadas al petróleo y para extraerlas hay que producir más crudo", confirmó a Tierramérica Elie Habalián, ex gobernador venezolano ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Los planes de inversiones de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), de más de 6.000 millones de dólares hasta 2012, aseguran gas suficiente para el gasoducto, según el ministro Ramírez. La producción actual, de 176 millones de metros cúbicos, casi se duplicará en seis años, contando con yacimientos en tierra firme y en aguas del Atlántico y el Caribe.
La integración y la necesaria diversificación de la matriz energética son argumentos de quienes defienden el gasoducto. Es un proyecto a largo plazo que "exige más estudios, con transparencia", pero sería importante para una integración sudamericana positiva, sostuvo Luiz Pinguelli, ex presidente de la estatal Eletrobrás, que controla la generación y transmisión de electricidad en Brasil.
El gas natural licuado, alternativa defendida por Pires y Victer como más viable y barata que el gasoducto, también está sujeto a las turbulencias internacionales y su precio tiende a subir ante la fuerte demanda de los países industrializados y los conflictos mundiales, argumentó Pinguelli, coordinador del Postgrado en Ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Pero no sólo la situación creada por la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia conspira contra el gasoducto sudamericano. Este es "inviable por su impacto socioambiental", dijo a Tierramérica Adilson Vieira, coordinador del Grupo de Trabajo Amazónico, red de 600 organizaciones y movimientos sociales.
El gasoducto tendría "efectos sociales violentos", atravesando muchas áreas indígenas en Brasil y Venezuela y exigiendo desviaciones o compensaciones "incalculables", señaló.
"Obtener licencias ambientales para atravesar la Amazonia sería una hazaña. Si todo marchase bien, sin trabas judiciales, demoraría cinco o seis años como mínimo", evaluó Smeraldi, de Amigos de la Tierra.
Además enfrentaría disputas agrarias, especialmente en el norte y centro brasileños. Es "dificilísimo que se construya el gasoducto", pero hay que seguir discutiéndolo porque "otras locuras" ya se hicieron realidad en el subcontinente, alertó.
La resistencia ambientalista también es intensa en Venezuela. La organización Amigos de la Gran Sabana (Amigransa), que defiende un hermoso parque en el sudeste fronterizo con Brasil, advirtió que el proyecto sería "el paso definitivo para la destrucción de la Amazonia, la Guayana venezolana y diversos ecosistemas de la costa caribeña y atlántica".
"El solo planteo de este faraónico proyecto, inconsulto por demás, viola convenios sobre derechos económicos, sociales y culturales", dijo a Tierramérica María Eugenia Bustamante, portavoz de Amigransa.
Por lo pronto, en respuesta a la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, Petrobras anunció que instalará en Brasil dos plantas de regasificación para importar gas natural licuado, con capacidad de procesar entre 18 y 20 millones de metros cúbicos diarios. Serán plantas sobre embarcaciones alquiladas, manera más rápida y barata de crear condiciones para el uso de esa alternativa.
Además decidió acelerar la producción nacional de gas natural en tres cuencas marítimas del sureste, añadiendo 24,2 millones de metros cúbicos diarios a la oferta actual hasta fines de 2008.
Petrobras pretende mantener el contrato que prevé importar 30 millones de metros cúbicos diarios de gas boliviano hasta 2019, pero descartó la anteriormente prevista duplicación de ese volumen.
* El autor es corresponsal de IPS. Con aporte de Humberto Márquez (Venezuela). Este artículo fue publicado originalmente el 27 de mayo por la red latinoamericana de Tierramérica.
