LIMA – Los embarazos en niñas y adolescentes persisten en el Perú vulnerando los derechos humanos de esta población. En lo que va del 2026, 784 menores de 14 años se han visto forzadas a la maternidad cuando les correspondería estar en la edad del juego y de la formación escolar.
Según datos del gubernamental Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud (Minsa), en el 2025 fueron 992 las niñas que dieron a luz, y en el 2024, 1075, lo que arroja la cifra de 2851 casos en el pasado bienio.
Todos estos casos son considerados resultado de una violación; la legislación peruana protege la indemnidad sexual de menores hasta los 14 años.
La legislación peruana protege el derecho de menores de 14 años a mantener intacta su esfera íntima para no perturbar el libre desarrollo de su personalidad, considerando por ello todo acto sexual que los involucre como un delito. Aun en los casos en que se alegue “consentimiento”, este no tiene validez legal.
El año pasado, 63% de las denuncias por violencia sexual que sumaron más de 13 000, fue contra niñas y adolescentes.
“La tasa (de embarazo adolescente) de Perú es menor a muchos países, pero en comparación con Chile o Argentina estamos mal. Como decía, hay que superar la inequidad porque las más afectadas son las niñas más pobres, con menor educación”: Guillermo Atencio.
Las víctimas tienen derecho a recibir atención integral en el sistema de salud, acceder al kit de emergencia que incluye la anticoncepción oral de emergencia y, en caso de embarazo, información sobre aborto terapéutico, despenalizado en el Perú. Sin embargo, no se cumple y las niñas siguen dando a luz.
Instancias internacionales de Derechos Humanos han exhortado al Estado peruano a corregir esta situación. Un caso clamoroso sucedió en 2023, cuando el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas lo responsabilizó de vulnerar los derechos humanos de “Camila”, una niña del amazónico departamento Loreto, embarazada por la violación de su propio padre.
No se atendió la demanda de la madre de interrumpir el embarazo pese al grave estado de la salud física y mental de la hija. Con 13 semanas de gestación, “Camila” tuvo un aborto espontáneo por el que fue criminalizada. Tras la denuncia internacional, el Comité exhortó al Estado peruano a despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo de niñas y asegurarles acceso a servicios seguros.
La última Encuesta Nacional de Salud 2025, presentada el 19 de junio, indica que 2,3 % de menores de 12 a 17 años estuvieron alguna vez embarazadas. El porcentaje sube a 7,4 % cuando se toma el rango de edad entre los 15 y 19 años. Las más afectadas son niñas y adolescentes de zonas rurales en situación de pobreza y de departamentos amazónicos.
“El problema es la inequidad, hay regiones como Lima que tiene prevalencia de embarazo adolescente que oscila entre 4 o 5 % mientras que en otras como Amazonas en la zona nororiente del país, llega a 18 y 20 %”, indicó a IPS Guillermo Atencio, especialista en Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) en Perú.
Agregó que es necesario que el Estado logre intervenciones efectivas considerando las especificidades de la población al abordar situaciones transversales como la violencia sexual o la exposición a economías ilegales, para lo cual, precisó, es necesario que los equipos técnicos avancen en esas miradas territoriales.
Perú es un país de renta media con profundas desigualdades sociales y de género. Su población supera los 34 millones, de los cuales 25 %, uno de cada cuatro habitantes, es pobre, lo que aumenta a 35 % en zonas rurales.
“Los procesos avanzan muy lentos, sigue la impunidad. Mientras tanto no paran las violaciones, siguen ocurriendo y en este momento tenemos 80 adolescentes embarazadas contagiadas con VIH/sida”, Rosemary Pioc.
Atencio, médico cirujano ginecoobstetra con una amplia trayectoria en la salud pública y la docencia universitaria, destacó que el Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo Adolescente 2012 – 2021 aplicado en Perú, ha incorporado la educación sexual, el problema de la violencia sexual y la diferenciación entre el embarazo adolescente y el infantil.
Sin embargo, analizó, esta importante herramienta de política pública no tomó en cuenta la diversidad territorial y de población, ni los problemas estructurales de género, por lo que no incluyó intervenciones específicas.
“Está en marcha un nuevo plan y desde el Unfpa estamos planteando que tenga un fuerte componente territorial para considerar las diferentes vulnerabilidades quede manera interseccionada afectan a la población, a fin de lograr intervenciones más efectivas”, puntualizó.
Un problema latinoamericano
En Perú, la tasa de fecundidad pasó de 3,5 hijos por mujer de 15 a 49 años en 1996 a 1,7 al 2025.
Esa fuerte tendencia decreciente no se registra en los embarazos de niñas y adolescentes, lo que también ocurre a nivel de América Latina y el Caribe, región donde más de 50 % de su población de 660 millones es femenina y con altos índices de violencia de género y embarazos no deseados.
En la actualidad sigue siendo la segunda región del mundo, detrás de África, con mayor tasa de embarazos tempranos, debido a la falta de educación sexual integral y desigualdades socioeconómicas entre otros factores, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
De acuerdo al balance de los indicadores de género de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género, publicado por Cepal y ONU Mujeres el 2025, la tasa de fecundidad adolescente fue de 50,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años.
Un estudio de Unfpa estima que en la región 1,6 millones de adolescentes son madres lo que ocasiona un impacto económico de 15 300 millones de dólares por año debido a la pérdida de oportunidades educativas y laborales en las mujeres, y costos de los servicios de salud del Estado.
Nicaragua y Honduras superan el promedio regional de 50,6 al alcanzar 93 y 81 casos, seguidos de Venezuela con 73, de Guatemala, Guyana y Haití con 68, Bolivia con 64, México con 59, Colombia con 58, Panamá con 56, Ecuador con 54, El Salvador con 53, República Dominicana con 50 y Belice con 56.
Entre los países con una tasa media alta están Belice con 56, Suriname con 47, Perú con 43 y Brasil con 41. Y con una menor tasa figuran Jamaica y Trinidad y Tobago con 36, Argentina con 26, Costa Rica y Uruguay con 25, y Chile con 6.
“La tasa de Perú es menor a muchos países, pero en comparación con Chile o Argentina estamos mal. Como decía, hay que superar la inequidad porque las más afectadas son las niñas más pobres, con menor educación”, planteó el especialista Atencio.
Y agregó: “Debemos empoderarlas en educación sexual, en el conocimiento y protección frente a situaciones de violencia sexual, difundir el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes que inician actividad sexual e involucrando la participación activa de la comunidad”.
“En el avance de la política es clave el enfoque de la violencia, antes el ministerio lo asumía desde el punto de vista mental, pero la violencia sexual no ocurre porque hay personas desequilibradas sino por cómo está estructurada la sociedad lo que demanda como respuesta un cambio social para reducir la tolerancia a la violencia de género”, dijo.
“No paran las violaciones”
En Perú el machismo es muy arraigado. La Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales publicada el 2025 mostró que 56 % de los hombres justifica la violencia sexual.
Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Wampis, Umukay Yawy, habló con IPS desde la provincia de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, conocida por su amplia biodiversidad. Con más de 430 000 habitantes, la pobreza entre la población indígena amazónica supera largamente el promedio nacional de 25 %.
Su organización viene denunciando la violación sistemática de niñas y adolescentes por parte de docentes de las instituciones educativas, y la falta de atención del Estado, al punto que han debido realizar movilizaciones a Lima para que se garantice el funcionamiento de una Fiscalía Especializada en Familia que atienda las denuncias.
Las niñas, indígenas de los pueblos awajún y wampis viven durante los periodos escolares en residencias estudiantiles para favorecer su acceso y permanencia a la educación pública, ante la lejanía de sus comunidades nativas, donde es clamorosa la ausencia del Estado y no existen instituciones educativas.
En los últimos años, según denuncia de las lideresas de esos pueblos, más de 500 niñas han sido víctimas de violación y no todos los responsables han sido destituidos.
“Los procesos avanzan muy lentos, sigue la impunidad. Mientras tanto no paran las violaciones, siguen ocurriendo y en este momento tenemos 80 adolescentes embarazadas contagiadas con VIH/sida”, manifestó. En Amazonas, la tolerancia a la violencia sexual llega a 69 %.
La lideresa indígena del pueblo awajún, uno de los 51 pueblos indígenas amazónicos reconocidos en Perú, deploró que el Estado no ponga como una prioridad la situación de las niñas y adolescentes de Condorcanqui y otras provincias del departamento.
“Hay mucho machismo y violencia, nosotras hacemos acompañamiento a las víctimas, sensibilizamos a las familias, pero muchas no quieren ni denunciar porque no confían en el Estado”, dijo.
Agregó que en su territorio “falta todo”, ante la envergadura de la pobreza, la desnutrición y el abandono. “Esto no va a terminar, mientras no se capture y sancione a los agresores y se haga justicia a las niñas. Nosotras seguiremos en lucha”, aseveró.
ED: EG
