Primero fue en provincia y ahora afirman que llegó al gobierno nacional de Argentina. La aplicación de sutiles métodos para restringir el acceso a la información y la libertad de prensa es ya un problema cotidiano, según periodistas, empresarios y asociaciones civiles.
Las nuevas formas de censura a la libertad de expresión pasan, por ejemplo, por el reparto arbitrario de publicidad oficial, las llamadas coercitivas de funcionarios a periodistas, editores y dueños de medios, las demoras en la sanción de una ley de acceso a la información o la negativa a dar entrevistas o ruedas de prensa, sostienen los denunciantes.
"A medida que pasa el tiempo y las democracias se van consolidando los mecanismos de presión sobre la prensa también se van sofisticando, por eso se habla de censura indirecta y sutil", dijo a IPS el director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Roberto Saba.
La ADC y la organización internacional Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta llevaron adelante una investigación que titularon "Una censura sutil. Abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina". Este trabajo brinda datos y testimonios del quehacer cotidiano de periodistas.
El principal mecanismo de control que se indica en el libro es el uso abusivo de la publicidad del Estado, un problema que fue señalado también por la organización civil Poder Ciudadano y por el informe argentino de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a las empresas editoras de diarios y revistas del hemisferio.
"En algunas provincias existe una alta proporción de publicidad oficial en los medios", dijo Saba. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, el distrito más austral del país, 75 por ciento de los avisos son pagados por el estado provincial que distribuye ese presupuesto según el criterio de la administración política de turno.
En el gobierno nacional, la dependencia de los medios respecto de la publicidad es menor. Sin embargo, la sospechas de arbitrariedad en su reparto son similares en cuanto esa decisión está a cargo de la Secretaría de Medios, que depende de la jefatura de Gabinete.
"Hay una alta discrecionalidad para el reparto, no hay transparencia ni normas objetivas para regularla", comentó el director de ADC. Esta falta de objetividad permite que un funcionario ahogue financieramente a medios chicos, añadió.
Luego de apelar a la vía legal para obtener la información del gobierno, Poder Ciudadano informó que el Estado disponía de 88 millones de pesos (unos 30 millones de dólares) para publicar avisos en los medios de comunicaciones en 2005, pero que en la primera mitad de ese año ya había desembolsado 75 millones.
El informe señaló la falta de un criterio objetivo para distribuir la pauta publicitaria. Un medio como el rotativo Página 12, de Buenos Aires y con alcance nacional aunque de tirada reducida, recibe proporcionalmente más publicidad que diarios de mayor circulación como Clarín, también de la capital argentina y que distribuye unas seis veces más de cantidad de ejemplares.
El texto sugiere que el gobierno de Néstor Kirchner reconoce de ese modo a los medios que le resultan afines.
Del mismo modo, la SIP expresó su preocupación en el informe de 2005 por lo que consideró "un sistema de premios y castigos" para asignar la publicidad oficial "sin aplicar criterios técnicos ni ninguna regla de distribución objetiva".
Esta modalidad restrictiva no se registra en ningún otro informe del hemisferio excepto en el capítulo correspondiente a Costa Rica, respecto de un caso de retiro de publicidad al diario La Nación por una cobertura crítica al gobierno, según la SIP.
El problema es señalado también por muchos periodistas. Una encuesta realizada por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) entre 282 reporteros de Buenos Aires y 17 provincias indicó a fines de 2005 que 50 por ciento de los profesionales consultados considera que "la dependencia de la publicidad oficial" es uno de los más graves problemas que afrontan.
También siete de cada 10 periodistas consultados expresaron percibir "influencias del departamento comercial" en la redacción de los medios donde trabajan.
Pero las organizaciones civiles y de periodistas también se quejan por las otras formas de coacción. Una de las más mencionadas por los entrevistados en la investigación de ADC son las llamadas de ministros y funcionarios de alto rango para protestar por artículos publicados o notas emitidas en radio o televisión.
"Algunos funcionarios lo justifican en que se trata de llamadas correctivas por datos erróneos, pero a la vista del efecto de autocensura que provocan debería generarse una cultura de repudio a ese tipo de llamadas inadmisibles", señaló Saba.
Esa práctica es una modalidad característica de la gestión Kirchner, aseguran. El periodista Nelson Castro, que trabaja en radio y televisión, admitió en el informe de ADC que los funcionarios tienen la costumbre de contactar a los periodistas "no para corregir sino para reclamar por determinada cobertura crítica del gobierno".
En el estudio de ADC, algunos periodistas señalan que las llamadas cesaron sólo después de la difusión de esta modalidad por parte de periodistas reconocidos por su independencia editorial, pero los reclamos se trasladaron a los dueños de los medios de comunicación. Así comenzaron a adelantarse a las coberturas para influir en la forma de presentar temas controvertidos.
La encuesta de Fopea indica que 52 por ciento de los periodistas entrevistados admitieron haber recibido ese tipo de "llamadas". Del total de contactados, 48 por ciento dijo que su medio siguió adelante con la información pero la otra mitad dijo que las notas se levantaron o fueron modificadas, o que el periodista sufrió alguna represalia.
Los periodistas consultados para el libro de ADC también acusaron al gobierno nacional de influir en la designación o veto de periodistas seleccionados para acompañar a Kirchner cuando sale de gira en el avión presidencial "Tango 01", de gran capacidad. No hay cupos para el medio sino para determinados periodistas.
Por otra parte, el acceso a la información pública no está reglamentado y se restringe de múltiples maneras. Existe un proyecto que sufrió múltiples modificaciones y aún no fue aprobado por el parlamento.
Periodistas contactados por ADC aseguran que hay ministros y funcionarios que se reúnen con ellos a escondidas porque tienen prohibido hacerlo por orden presidencial.
El informe de la SIP remarca que Kirchner nunca ha brindado conferencias de prensa en los casi tres años de gobierno. "Esa falta de apertura impide garantizar la veracidad informativa", señaló la asociación empresarial.
También Fopea apuntó que las ruedas de prensa en Argentina se convirtieron en "monólogos", sin oportunidad alguna para preguntar. Es usual que los funcionarios convoquen a reunión de periodistas para sólo hacer anuncios y se niegan a responder preguntas y levantan la sesión.
En la misma línea, un comunicado emitido en noviembre por Fopea y la Asociación de Corresponsales Extranjeros llamó la atención sobre "el manejo informativo cerrado" de las delegaciones gubernamentales que asistieron a la IV Cumbre de las Américas, realizada ese mes en la meridional ciudad de Mar del Plata.
Más de 200 periodistas que integran las dos agrupaciones criticaron el escaso contacto de las delegaciones con la prensa. Hubo solo tres conferencias y una de ellas, que fue con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, constó de una sola pregunta y una respuesta que se prolongó por más de una hora.
"Esto marca una tendencia al aislamiento de los líderes y al desprecio del trabajo de los periodistas", denunciaron las dos entidades.
Finalmente, 39 por ciento de los periodistas encuestados por Fopea consideraron que el gobierno de Kirchner es el que mayor presión coercitiva ha ejercido sobre los medios desde la recuperación de la democracia en 1983, y otro 25 por ciento considera que la presión es similar en las distintas gestiones.
Al respecto, Saba admitió que durante la administración de Carlos Menem (1989-1999) también había manejos arbitrarios de la publicidad oficial y que la modalidad característica de influencia en los medios no era esa sino la amenaza de querella judicial contra los periodistas que hablaran mal de los funcionarios.
Sin embargo, el directivo recordó que esa forma de presión quedó en desuso luego de que un caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivó en la derogación definitiva de la figura penal del desacato en relación con la prensa.
