LA PAZ – El oro de la cuenca donde nacen las aguas que desembocan en el Amazonas, brilla para voraces mineros furtivos, pero su actividad ilegal enciende la resistencia colectiva por el daño ambiental provocado con sus prácticas extractivas depredadoras, a lo que se suma la apremiante necesidad de los ingresos formales en Bolivia.
El país está viviendo el “boom minero” según el gobierno que anunció exportaciones del sector por 3900 millones de dólares entre enero y mayo de 2026, y asignó al oro extraído en el departamento de La Paz 29,9 % de esos ingresos, equivalente a 1166 millones de dólares.
Bolivia concentra su actividad minera en zinc, plata, oro, estaño y plomo, que aportan 95 % de las exportaciones del sector, pero solo el oro sufre la explotación irregular. Durante el primer quinquimestre del año, las ventas de plata, el principal rubro de exportación, alcanzaron a 1669,2 millones de dólares y representaron 42,8 %.
Este país localizado en el centro de Suramérica y habitado por 11,3 millones de habitantes atraviesa una aguda crisis por falta de divisas que permitan la importación regular de carburantes y otros bienes esenciales.
Las ventas sin registro de oro por la explotación informal y su contrabando a otros países han desvanecido la expectativa de reemplazar con la actividad aurífera la caída de ingresos por la exportación de gas natural, que durante su auge aportó ingresos por 6000 millones de dólares anuales.
Mientras en 2022 las exportaciones de oro aportaron 3008 millones de dólares, en 2025 ese aporte bajó a 1192 millones de dólares.
Aunque no hay cifras contrastadas, se calcula que más de la mitad del oro boliviano es explotado por mineros ilegales y es exportado de manera irregular, dejando tras de sí un costo irreparable ambienta y económico de la depredación, que para varios analistas se ha convertido en el mayor saqueo de la historia del país.
La abundancia del metal precioso atrajo la atención de centenares de mineros a las zonas semitropicales, procedentes de otras regiones de Bolivia y del extranjero.
Entre los mineros extranjeros se encuentran hasta ciudadanos procedentes de Asia, según ha verificado la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), responsable del sector, en una reciente intervención a un campamento ilegal en el municipio de Sorata, a unos 130 kilómetros al noroeste de la ciudad de La Paz.
De hecho, la intensa actividad irregular de los últimos años, las extensas zonas explotadas mediante la depredación, una débil fiscalización gubernamental y las denuncias de poblaciones civiles ante la irrupción de maquinaria y gente en zonas de cultivos ponen en duda el dato oficial sobre exportaciones legales de oro.
En maletas y por kilos
El 22 de julio, la policía incautó 189 kilos de oro que estaban a punto de ser transportados en cuatro maletas con destino a Dubái. Un juez dispuso la custodia del mineral en las bóvedas del Banco Central mientras se investiga el caso.
¿El Estado ha perdido control sobre la explotación de oro?, preguntó IPS a Òscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), la organización civil que desde 1970 ha realizado diversas investigaciones sobre el tema.
“En alguna medida, sí. Los instrumentos y mecanismos de seguimiento y control a la minería cooperativizada (aurífera y no aurífera), no son suficientemente eficaces y/o no son aplicados adecuadamente”, respondió desde la central ciudad de Cochabamba.
“Frente al crecimiento del sector minero aurífero por los elevados precios, es posible afirmar que el Estado ha perdido control sobre esta actividad minera”, dijo concluyente.
Ajam, la Autoridad Minera, declaró que “la minería ilegal no tiene una sola geografía” e informó que entre noviembre de 2025 y septiembre de este año se realizaron 50 operativos de control minero en áreas de alta conflictividad.
Justicia por mano propia
La actividad gubernamental de control es sobrepasada por el movimiento ciudadano de defensa del medioambiente y sus medios de vida, que el 22 de agosto hizo justicia por su cuenta.
Mineros extranjeros, denominados como «chinos”, según el exconcejal del municipio La Asunta y defensor de la naturaleza, Néstor Tinta, fueron sorprendidos por mujeres y hombres que conforman la Federación Especial de Trabajadores Campesinos, que tras una vigilia intervinieron un campamento instalado en el lecho del río Boopi del municipio La Asunta.
La Asunta es un municipio localizado en la provincia Sud Yungas, a unos 110 kilómetros al noreste de La Paz, con una topografía montañosa y un clima tropical y abundante vegetación, de flora diversa y fauna. En él nace el río Boopi, que tras recorrer 110 kilómetros confluye con el río Beni y pasa a integrar su cuenca amazónica.
Los manifestantes acumulaban indignación desde el año 2023 cuando el trabajo de los mineros ilegales provocó un movimiento de sedimentos en el río hasta que se formó un dique de contención que interrumpió el curso natural y provocó desbordes que afectaron a cultivos y a las urbanizaciones Río Seco y Los Tajibos, según relató Tinta a IPS.
“Más de 200 familias fueron afectadas por la crecida del río Boopi. Los plátanos (bananos) y las plantaciones de tomate que se cultivan fueron afectados”, recordó el alcalde del municipio de La Asunta, Vicbay Poma, tras una visita de urgencia a autoridades departamentales en La Paz, en agosto.
Antes de culminar su mandato municipal el exconcejal Tinta, él y habitantes de la comunidad Floriaty de La Asunta protagonizaron una marcha de rechazo a los mineros furtivos pero su protesta fue atacada por vecinos del barrio de Río Seco, que defendieron la explotación ilegal de oro.
El propio defensor ambiental y reporteros de medios de información fueron agredidos en esa protesta que antecedió a la intervención del campamento de extranjeros, el 22 de agosto.
Motores y maquinaria operando ruidosamente durante el día y la noche, un campamento instalado en el lecho del río y aprovisionado con privilegio de miles de litros de diésel en medio de una escasez de carburantes, movimientos de arena por la fuerza de retroexcavadoras y la alteración del curso de aguas enardecieron la indignación.
Una turba incendió equipos y un camión, mientras otros manifestantes capturaron 16 vehículos de alto tonelaje, maquinaria pesada casi nueva y recientemente instalada en la zona, y los llevaron como trofeo de su lucha contra la minería ilegal hasta la plaza del pueblo.
El exconcejal Tinta estima que un centenar de ciudadanos asiáticos operaba el campamento y su presencia era constante porque se aprovisionaban de alimentos y bienes en La Asunta. Muchos empleaban traductores instalados en sus teléfonos móviles para comunicarse con sus interlocutores en el pueblo.
Como saldo de esta primera protesta en la zona aurífera del departamento de La Paz, varias personas resultaron heridas tras enfrentarse a vecinos que respaldan las operaciones de extracción de minerales.
Mientras los defensores del medioambiente aseguran que su lucha es contra los ciudadanos asiáticos, la Autoridad Minera concluyó que se trata de un conflicto entre comunarios locales, como se llaman e Bolivia a los pobladores llegados a las zonas semitropicales, como colonos y que en su mayoría no ejercen la agricultura.
A pesar de los reiterados pedidos del alcalde de La Asunta desde el mes de abril, la Autoridad Minera no envió una comisión al lugar del conflicto.
Mercurio y muerte
Unas 10 personas han fallecido por la contaminación de los ríos de los departamentos de La Paz, Beni y Pando por el uso intensivo del mercurio en el proceso de extracción de oro, declaró la diputada de Alianza Unidad e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Andrea Ballivián, a radio FMBolivia.
La legisladora reconoció su frustración por el escaso interés de la gente afectada por la problemática ambiental y la minería ilegal en zonas semitropicales de Bolivia.
Contra esa indiferencia, la congresista interpeló en una audiencia al ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, y al director de la Autoridad Minera, Jaime José Sanabria, y concluyó que “falta un plan de trabajo -del gobierno- para frenar la minería ilegal” en el municipio de La Asunta y en otras muchas localidades afectadas.
Monstruos de acero frente a tres vehículos
Barcazas, palas mecánicas, retroexcavadoras, procesadoras de minerales y máquinas extractoras de arena son parte de la gran maquinaria empleada por los mineros a lo largo de la cuenca del Boopi y el Beni, que se extiende desde la cabecera semitropical hasta llanuras del oriente boliviano.
La maquinaria intervenida por comunarios en La Asunta tiene un valor de cuatro millones de dólares, según la estimación de Tinta.
Por el contrario, la entidad estatal encargada de fiscalizar las operaciones mineras hizo pública su propia fragilidad para luchar contra la explotación ilegal.
“La Autoridad considera importante señalar que las limitaciones presupuestarias, logísticas y de recursos humanos constituyen uno de los principales desafíos para el control y fiscalización de posibles actividades mineras ilegales”, se lee en la portada de la página digital de la Ajam.
Frente al poder económico y la capacidad de desplazamiento de maquinaria de mineros ilegales, la Ajam señala que “la institución cuenta con tres vehículos para atender las denuncias y casos en proceso en todo el territorio nacional, una demanda que supera la capacidad operativa posible”.
Durante el foro Semana de la Sostenibilidad, realizado en la ciudad de Sucre entre el 2 y el 4 de septiembre, el Ministerio de Minería reafirmó un compromiso con “una minería responsable, la protección del medio ambiente, la inclusión y la incorporación de criterios de sostenibilidad en la construcción del nuevo marco normativo”.
En el departamento de Pando, al norte de Bolivia y colindante con Brasil, la Central Indígena de Pueblos Originarios conformó comités de defensa comunitaria contra la minería ilegal y otorgó un plazo hasta el 30 de septiembre, para el retiro de balsas, dragas, maquinaria y herramientas de mineros ilegales.
“Sino peleamos por nuestros bosques y la fauna, no tendremos nada para dejar a nuestros hijos”, sentenció la parlamentaria Ballivián.
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