BRUSELAS / MONTEVIDEO – Cuando concluyó en julio en Nueva York el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF, en inglés), fueron necesarias dos votaciones registradas para que los Estados aprobaran una declaración ministerial que, hasta hace poco, se habría adoptado sin controversia.
Uruguay, en nombre del Grupo de los 77 países en desarrollo más China, logró que se suprimiera una referencia al acuerdo alcanzado en la COP28, la cumbre climática celebrada en Dubái en 2023.
Israel forzó una votación sobre un párrafo relativo a la autodeterminación de los pueblos bajo ocupación. Rusia se desvinculó del pasaje sobre paz y seguridad.
Las disputas pusieron de manifiesto hasta qué punto se ha erosionado el consenso que, en 2015, llevó a los 193 Estados miembros de la ONU a acordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un plan común para acabar con la pobreza, hacer frente al cambio climático y construir instituciones responsables desde entonces hasta 2030.
El problema va más allá de esta última sesión. Los avances se supervisan a través de los Informes Nacionales Voluntarios, las autoevaluaciones que los Estados presentan en el Foro. Este año lo hicieron 36 países.
Pero el proceso no exige nada a los Estados más allá de presentarse. No hay una verificación independiente de los datos, y no se exige a los gobiernos que consulten a la sociedad civil. Los Estados que restringen el espacio cívico en su propio territorio no sufren ninguna consecuencia.
Diecisiete de los 36 Estados que presentaron revisiones este año han sido calificados por el Civicus Monitor como países que han reprimido o cerrado el espacio cívico.
Un foro creado para exigir responsabilidades a los Estados se ha convertido en un escenario en el que los gobiernos menos responsables pueden simular el cumplimiento, mientras que los grupos de la sociedad civil destinados a velar por su honestidad se ven excluidos de la sala.
En la sala, pero no en la mesa
Allí donde la sociedad civil puede actuar, contribuye a la consecución de los ODS.
La labor de incidencia sostenida logró que Colombia prohibiera el matrimonio infantil en 2025 y sigue impulsando la campaña contra la mutilación genital femenina en Gambia. En Nepal, las organizaciones locales han hecho que el seguimiento de los objetivos sea más inclusivo al aportar datos sobre comunidades excluidas que las estadísticas oficiales pasan por alto.
Sin embargo, el Foro de Alto Nivel otorga a la sociedad civil escasa relevancia formal.
La sociedad civil estuvo presente en el edificio toda la semana —Civicus coorganizó sesiones sobre el espacio cívico y los ODS, apoyó un foro mundial sobre el futuro del multilateralismo y organizó un taller sobre la agenda posterior a 2030—, pero no consiguió un asiento en la mesa donde se toman las decisiones.
Aparecer allí también puede ser peligroso.
En 2025, la mayoría de los representantes de la sociedad civil de El Salvador se retiraron por temor a represalias. Activistas de otros lugares describen represalias por sacar a la luz las discrepancias entre los informes oficiales y la realidad sobre el terreno, a menudo con escaso apoyo práctico por parte de la ONU a pesar de las directrices que se supone que deben protegerlos.
El ODS 16, relativo a la paz, la justicia y las instituciones sólidas, está destinado a ser la base de los otros 16 objetivos, y su meta 16.10 compromete a los Estados a proteger las libertades fundamentales. Sin embargo, se ignora de forma habitual.
El Civicus Monitor ha registrado un retroceso año tras año en las condiciones del espacio cívico desde que entraron en vigor los ODS. Cuando la sociedad civil no puede actuar libremente, no es de extrañar que no se alcancen los objetivos que debería ayudar a implementar y supervisar.
Por debajo de lo esperado
El informe del Secretario General de la ONU de 2026 sobre los ODS dejó claro hasta qué punto se está quedando corto el cumplimiento. Se constató que, de las 139 metas en los 17 ODS, los datos fiables sobre tendencias establecen que solo 15 % va por buen camino, mientras que otro 15 % ha retrocedido por debajo de sus niveles de referencia de 2015.
Pero, en lugar de asumir la responsabilidad de sus fracasos, los Estados poderosos están utilizando la falta de progreso como pretexto para exigir una menor ambición. Estados Unidos ha descartado los ODS por considerarlos una vulneración de la soberanía nacional.
En su intervención en un acto celebrado durante el Foro, el representante de Rusia afirmó que las ambiciones de los objetivos habían demostrado estar «bastante alejadas de la realidad», culpando al diseño de los mismos en lugar de al incumplimiento por parte de los Estados.
Para muchos Estados, una agenda ambiciosa basada en los derechos ya no es una promesa que cumplir, sino un compromiso del que hay que distanciarse.
Sin embargo, los datos sugieren que, cuando existe voluntad política, el cambio es posible. El informe de la ONU sobre Asia-Pacífico presentado en el Foro de Alto Nivel (HLPF) mostró que el número de niños en situación de trabajo infantil se redujo de 49 a 28 millones entre 2020 y 2025. Lo que frena la consecución de los ODS no es un diseño defectuoso, sino decisiones políticas.
Ahora que comienzan las negociaciones sobre lo que vendrá tras la fecha límite de 2030 de los objetivos, algunos Estados y funcionarios de la ONU se muestran a favor de prorrogar los objetivos actuales, basándose en la lógica razonable de que reabrir el debate en el clima político actual corre el riesgo de dar lugar a algo más débil.
Pero el marco acordado en 2015 no se concibió para un mundo caracterizado por un autoritarismo creciente, una crisis climática que se acelera, una reacción coordinada contra la igualdad de género, una militarización creciente, el colapso de la cooperación multilateral y un rápido desarrollo tecnológico.
Una agenda post-2030 tendrá que tener en cuenta todo esto, junto con la presión financiera que sufre el sistema multilateral.
Forus, una red de plataformas nacionales de la sociedad civil, ha esbozado tres escenarios para el proceso post-2030 —continuidad, reinicio o fragmentación— e insiste en que, sea cual sea el que prevalezca, la rendición de cuentas, el espacio cívico y la reforma de la financiación deben ocupar un lugar central.
Varios acontecimientos próximos revelarán la dirección que se tomará.
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y el Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social del próximo año, junto con la Cumbre de los ODS y la revisión del Pacto para el Futuro de 2028, ofrecen oportunidades que deben aprovecharse para incorporar a la sociedad civil al proceso, identificar dónde está fallando la aplicación y hacer coincidir la ambición con los logros.
Samuel King es investigador del proyecto de investigación Ensured: Shaping Cooperation for a World in Transition, financiado por Horizonte Europa, en Civicus: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana.
Inés M. Pousadela es directora de Investigación y Análisis de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el estado de la sociedad civil. También es profesora de Política Comparada en la Universidad ORT de Uruguay.
