GINEBRA – Con datos duros, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró que Nicaragua ya no es una democracia: 5539 organizaciones disueltas arbitrariamente en ocho años, 56 medios cerrados, elecciones pospuestas hasta 2028 y cualquier oposición excluida por ley.
“No queda casi nada por cerrar”, fue la lapidaria conclusión del encargado por la organización mundial para velar por los derechos humanos.
Los datos proceden de un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en esta ciudad suiza, en el que se documenta el “desmantelamiento progresivo de las instituciones democráticas y del Estado de derecho” en el país centroamericano entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026.
Türk resaltó que el poder está cada vez más concentrado en el Ejecutivo y en el partido gobernante (Frente Sandinista de Liberación Nacional), y advirtió de que “la situación es completamente indefendible”.
El informe “traza la captura casi total de las instituciones estatales por parte del partido gobernante y el abuso sistemático del poder que ha debilitado los contrapesos institucionales, dejando a la mayoría de los nicaragüenses sin recursos frente a las violaciones de derechos humanos”, dijo Türk.
Según el documento, no existe prácticamente espacio para la participación cívica o política independiente, y el Estado ha continuado extendiendo la represión contra las voces disidentes más allá de las fronteras del país.
Las reformas constitucionales recientemente propuestas, ya aprobadas en primera lectura por el Parlamento el 1 de septiembre, excluirían a las fuerzas opositoras organizadas de futuras contiendas electorales.
Además, pospondrían las elecciones por segunda vez hasta 2028, mediante la extensión del mandato de varias autoridades electas, incluida la propia presidencia, hasta siete años, dentro de iniciativas establecidas para blindar a la pareja Ortega-Murillo y convertir su familia en una dinastía dictatorial.
A la cabeza del Ejecutivo se encuentran, como copresidentes, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
El partido gobernante controla actualmente el poder legislativo, los 153 municipios y ambos consejos regionales de las regiones autónomas de la costa caribeña.
La Ley Orgánica número 1259, adoptada el año pasado, colocó los principales órganos de supervisión bajo la autoridad presidencial, concentrando aún más el poder en el Ejecutivo, debilitando los contrapesos institucionales y socavando el pluralismo político.
El informe destaca además el uso sistemático de la detención arbitraria como herramienta clave de represión. Al final del período analizado, organizaciones de la sociedad civil informaron de que al menos 46 personas permanecían detenidas.
La oficina del alto comisionado (Acnudh) también identificó al menos ocho casos de desaparición forzada en curso, y cuatro casos de muertes bajo custodia estatal.
El informe señala que las cifras no son exhaustivas, dada la falta de acceso al país, la falta de voluntad de cooperación de las autoridades nacionales y el temor a represalias entre las víctimas y los testigos.
Las cifras reales podrían ser superiores, y Türk instó a las autoridades a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente.
El informe subraya cómo los periodistas, defensores de derechos humanos, críticos y personas percibidas como opositoras que viven en el exilio siguen enfrentándose a graves formas de represión transnacional.
Las autoridades nicaragüenses han empleado ampliamente represalias económicas contra los percibidos como opositores, incluidas la confiscación de bienes, la pérdida de pensiones o empleo, y la denegación de acceso a los servicios sociales.
“Las confiscaciones judiciales de bienes han sido utilizadas sistemáticamente por el gobierno como una herramienta para incautar activos, negocios y propiedades de opositores políticos reales o percibidos, empresarios, incluidos extranjeros, organizaciones independientes e instituciones religiosas”, señala el informe.
Nicaragua, además, se separó en 2023 de la Organización de Estados Americanos (OEA), buscando evadir la interpelación por sus vecinos en el hemisferio.
Türk instó a que las autoridades de Nicaragua “cambien ese rumbo” y restablezcan la cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.
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