RÍO DE JANEIRO – La corrupción, la politización y las consecuentes peleas internas provocaron una crisis sin precedentes en el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia jurídica de Brasil, que puede dictar el resultado de las elecciones presidenciales de octubre, a favor de la extrema derecha.
El antes campeón de la democracia, el juez Alexandre de Moraes, que condujo el proceso que condenó el expresidente Jair Bolsonaro, tres generales y centenares de personas por intento de golpe de Estado en 2022-2023, enfrenta ahora indicios concretos de corrupción y presiones por su inhabilitación y enjuiciamiento.
Su rol en la contención de los abusos y las noticias falsas de los ultraderechistas lo convirtió en enemigo número uno de esa corriente política, que ganó nuevo empuje electoral con la destrucción moral del juez que tenía el mayor poder de incidir en la política, desde 2019.
Eso tiene efectos electorales visibles, en desmedro de la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ya que Moraes fue su aliado en las batallas contra la extrema derecha en los últimos años y son dos figuras vinculadas ante la opinión pública.
Beneficia, por el contrario, al candidato opositor, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente que las últimas encuestas colocan en ascenso, ya empatado con Lula, antes favorito por algunos puntos porcentuales.
“Tenemos por delante una grave crisis institucional y si triunfa Flavio Bolsonaro, el STF pasará al control de la derecha y se abre el camino para un golpe de Estado ‘legal’, a la Orbán”: Jean Marc von der Weid.
En las manifestaciones del 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil, los adeptos de Bolsonaro insistieron en asociar la imagen de Lula con la de Moraes. “Fuera Moraes, fuera Lula” fue una de las consignas más repetidas. En las redes sociales muestran fotos de los dos juntos.
Se trata de vincular Lula a la imagen de corrupción en el STF, un tema sensible para el presidente a causa de dos precedentes: el escándalo del “Mensualón”, como se llamó al pago mensual a legisladores para aprobar proyectos de interés del primer gobierno de Lula (2003-2006), que estalló en 2005; y el “Petrolón”, que desvió millones de dólares de contratos de la petrolera estatal Petrobras y se investigó entre 2014 y 2021.
Pero el adversario Flavio Bolsonaro tiene dificultad en aprovechar el tema de la corrupción, porque también recibió por lo menos 12,3 millones de dólares del banquero Daniel Vorcaro, cuyo dinero provocó la desgracia de Moraes, y está involucrado en otros escándalos, como la contratación de funcionarios fantasmas en sus oficinas de legislador, para quedar con la mayor parte de esos salarios.
Jueces con poder político
Además del juicio a los golpistas, que se realizó entre marzo y diciembre de 2025, Moraes coordinó en el STF las investigaciones sobre desinformación y acciones antidemocráticas, con métodos cuestionados no solo por la extrema derecha, además de su excesiva prolongación por siete años.
El poder mayor de inferir en la política pasó ahora a André Mendonça, juez del STF desde el 16 de diciembre de 2021, nombrado por el entonces presidente Bolsonaro, quien gobernó Brasil el primer día de 2019 hasta el último de 2022.
Es el nuevo héroe la extrema derecha y su abierto representante en el supremo tribunal constituido por 11 jueces.
Fue abogado general de la Unión y ministro de Justicia durante los tres primeros años del gobierno de Bolsonaro, que apuntó entre sus calificaciones el hecho de ser “terriblemente evangélico”.
Mendonça conduce desde febrero de 2026 las investigaciones del escándalo del banco Master, conocido como el caso de los mayores fraudes financieros de la historia de Brasil, que suman el equivalente a más de 10 000 millones de dólares.
El dueño del banco, Daniel Vorcaro, distribuyó “regalos” a numerosos políticos y autoridades, incluso judiciales, como forma de impulsar y proteger sus negocios, en una práctica masiva de corrupción.
En el caso de Moraes, contrató el gabinete jurídico de su mujer, la abogada Viviane Barci de Moraes, por el equivalente a 25,5 millones de dólares, erogados en tres años.
Las familias de otros dos jueces del STF, José Dias Toffoli y Kassio Nunes Marques, también obtuvieron beneficios del banco Master, en sumas inferiores, por negocios con un complejo turístico en el meridional estado de Paraná y contratos de abogacía.
Diálogos registrados en el teléfono de Vorcaro incautado por la policía revelan que el banquero consultaba el juez Moraes sobre variadas cuestiones, incluso sobre las investigaciones policiales sobre sus negocios.
Solo se conoce lo que dijo Vorcaro, no las respuestas de Moraes, pero es suficiente para concluir que la interlocución frecuente entre los dos hacía parte de la contrapartida del contrato de abogacía, de suma muy superior al usual en el mercado.
Del total fijado, el banquero pagó cerca de dos tercios, antes de su ingreso en prisión el 4 de marzo de 2026 y la liquidación de su banco por el Banco Central, el 17 de marzo.
Ofensiva ampliada
Mendonça extremó su contienda con Moraes al revocar, el 1 de septiembre, el secreto de las investigaciones en ese caso y pedir dos días después que el STF apruebe investigaciones sobre las supuestas ilegalidades del colega.
Moraes contraatacó pidiendo también investigaciones sobre irregularidades cometidas por Mendonça, basado en informes del servicio de inteligencia de la Policía Federal que no tienen validez jurídica.
Mendonça amplió su ofensiva el 8 de septiembre, al suspender del cargo al director general y al director de inteligencia de la Policía Federal, respectivamente Andrei Rodrigues y Leandro Almada, por considerar que ellos monitorearon ilegalmente los pasos del mismo Mendonça y otras autoridades.
La medida culminó las conocidas discrepancias entre el juez y la Policía Federal sobre las investigaciones en el escándalo del banco Master, con los policiales quejándose de las seguidas injerencias de Mendonça en su labor, cuya independencia es asegurada por la legislación.
El día siguiente otro juez del STF, Flavio Dino, anuló la medida de Mendonça y criticó su parcialidad que puede influir en el resultado electoral del próximo mes y paralizar las investigaciones policiales, especialmente las que afectan políticos de la extrema derecha, como el candidato presidencial Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente.
Ante las cada vez más enconadas peleas internas y jueces decidiendo individualmente sobre los mismos temas con dictámenes opuestos, el presidente del STF, Edson Fachin, intervino el 9 de septiembre con tres decisiones, que establecen una tregua de por lo menos seis días.
Suspendió las determinaciones de Mendonça y Dino, reincorporando los directores de la Policía Federal a sus funciones, le quitó a Moraes la conducción de las investigaciones sobre noticias falsas y las asumió él mismo, y convocó una reunión plenaria de la corte para el martes 15 de septiembre en que se discutirá que hacer con Moraes y sus sospechosas relaciones con el banquero Vorcaro.
Pérdida creciente de reputación
Ese caso culmina un largo deterioro de la credibilidad del STF, bajo permanente ataque de la extrema derecha, que durante el gobierno de Jair Bolsonaro reclamaba el cierre del máximo tribunal.
Entre las razones para su rechazo frontal estaban sus acciones para intentar contener la difusión de noticias falsas y la oposición a las propuestas del entonces presidente para la pandemia de covid-19, como el uso de medicamentos ineficaces e incluso estrafalarios y el rechazo a la inmunización para evitar el contagio masivo.
El STF permitió muchos fallos individuales, considerados “monocráticos”, en desmedro de las decisiones colectivas en sesiones plenarias, estimuló así la concentración del poder en manos de Moraes y otros jueces, mantuvo por demasiado tiempo la investigación sobre desinformación que hipertrofió la autoridad de Moraes y derivó fallos controvertidos.
Mendonça ahora concentra el poder de influir en la política, porque además de la investigación sobre el escándalo del banco Master, conduce otra, sobre los fraudes en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), en que uno de los sospechosos es el hijo del presidente Lula, Fabio Luis da Silva.
Por lo menos desde 2019, estafadores retiraban pequeñas sumas de las jubilaciones y pensiones pagadas por el instituto. Se estima que 4,1 millones de personas tuvieron esas sumas descontadas de sus remuneraciones, sin darse cuenta.
Ese escándalo también le restó mucha intención de voto a Lula, según las encuestas.
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“Con Mendonça protegiendo a Flavio (Bolsonaro), solo una bomba de alta potencia, como una nueva grabación o documento con la marca digital del ‘bolsonarinho (bolsonarito)’ podría cambiar el rumbo de las elecciones” a favor de Lula, evaluó Jean Marc von der Weid, un exlíder estudiantil de los años 60, activista de la agroecología que actualmente analiza la coyuntura política brasileña para varias publicaciones.
El candidato Bolsonaro sufrió un golpe en su popularidad el 13 de mayo, cuando la web de investigación periodística The Intercept reveló sus diálogos grabados con el banquero Vorcaro y la obtención de dinero para financiar la producción de un filme, “Dark horse (candidato sorpresa)”, sobre la vida de su padre y expresidente.
“Tenemos por delante una grave crisis institucional y si triunfa Flavio Bolsonaro, el STF pasará al control de la derecha y se abre el camino para un golpe de Estado ‘legal’, a la Orbán”, el expresidente ultraderechista húngaro Viktor Orbán, acotó a IPS Von del Weid, en entrevista en Rio de Janeiro.
Su gobierno sería “un desastre peor que el de su padre”, en las cuestiones ambientales, ya que la extrema derecha es negacionista del cambio climático, en el área social y en la soberanía nacional, por someterse a las políticas estadounidenses de Donald Trump, concluyó.
