SAN JOSÉ DE GUAVIARE- El humo de la vegetación en llamas se eleva entre los árboles que quedan en pie, y caminos clandestinos atraviesan pasturas que antes estaban cubiertas de bosque. Observados desde el avión de 14 plazas que sobrevolaba el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete en diciembre, estos incendios marcan el inicio de la temporada de deforestación en la Amazonia colombiana.
Los agricultores provocan estos incendios para talar árboles durante la estación seca y, en los meses siguientes, los tocones quemados darán paso a cultivos de coca. La planta se utiliza en la medicina tradicional de los pueblos indígenas andinos, pero, especialmente en Colombia, ahora también abastece a una vasta red ilegal de cocaína. Vistos desde el cielo, los arbustos de coca parecen bolas de algodón verdes, perfectamente alineados en pequeñas parcelas rectangulares enclavadas en el bosque.
Estos campos explican en gran medida la historia moderna de Colombia. El cultivo de coca experimentó un auge en los años 80 y 90, impulsado por el surgimiento de los cárteles de droga que exportaban a nivel internacional.
Este auge convirtió la violencia y la inseguridad en una constante de la vida en el país. En un intento por detener la violencia, así como la deforestación que genera esta industria, los sucesivos gobiernos han presionado a los agricultores para que se dediquen a otros cultivos y actividades, incluida la ganadería.
Este año se cumple una década desde la firma de un histórico acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entonces el principal grupo guerrillero del país. Sin embargo, el vacío de poder creado por la disolución de las FARC, combinado con la débil aplicación de la ley por parte del Estado, condujo a la aparición de grupos disidentes.
Estos comenzaron a ocupar tierras públicas en la Amazonia colombiana, a menudo convirtiéndolas en pasturas o campos de coca.
Según ambientalistas, el apoyo del gobierno a la ganadería, junto con la incapacidad para hacer frente a los grupos armados, ha agravado la deforestación. Entre 2015 y 2024, la región amazónica de Colombia perdió casi 800 000 hectáreas de bosque nativo.
Eso convierte a ese período en el de mayor deforestación de los últimos 40 años, según el análisis de los datos de MapBiomas, una iniciativa que monitorea el uso y la cobertura del suelo vía satélite.
La política de Paz Total de Colombia, impulsada por el presidente Gustavo Petro, busca establecer nuevos acuerdos de paz y ofrecer alternativas económicas a los grupos disidentes.
Como parte de ello, Petro ha promovido la bioeconomía (trabajar en armonía con la naturaleza para generar ingresos, como la transición a la agrosilvicultura, una forma de agricultura más respetuosa con el medioambiente) y el turismo sostenible como sustitutos de las actividades ilegales.
Pero sus políticas no han logrado frenar la expansión del arco de deforestación —la franja de frontera agrícola en avance que atraviesa el noroeste de la Amazonía colombiana—. Es aquí donde se concentran las tasas más altas de tala de bosques.
La zona sometida a mayor presión abarca los departamentos de Guaviare, Caquetá, Meta y Putumayo. El 80 % de la tierra deforestada aquí se ha convertido en pasturas ilegales, normalmente para ganado, seguido de 15 % destinado a plantaciones de coca y 2 % a rutas de transporte clandestinas. Esto se ha constatado mediante un seguimiento a largo plazo llevado a cabo por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
Ahora, en medio de las elecciones generales que se celebran entre marzo y junio, Colombia vuelve a debatir un tema de larga data que entrelaza el conflicto armado, el crimen organizado y los retos que plantea la gestión de la conservación de zonas muy remotas. El resultado de estas elecciones determinará la agenda política para el bosque y las estrategias para hacer frente a la violencia y la deforestación en la región.
De la coca al pastoreo
El departamento del Guaviare es el destino amazónico más accesible para los agricultores de la región andina y tiene su capital en San José de Guaviare, situada a unos 400 kilómetros de Bogotá.
Por ello, ha sido uno de los principales centros de expansión de la coca durante décadas. Al dejar el departamento andino de Cundinamarca en 1995, Olmes Rodríguez llegó a Guaviare siendo adolescente. Lo trajeron sus hermanos, atraídos por las promesas de prosperidad que ofrecía la industria de la coca.
Ahora, con 47 años, Rodríguez ha trabajado en diversas etapas de la producción de cocaína, desde la “raspa” (la recolección de las hojas) hasta haberse convertido en un “químico” de la coca. Esto implica transformar las hojas en una pasta que constituye la base de la cocaína, explica.
Afirma que los primeros años fueron lucrativos. Pero en 2002, el entonces presidente Álvaro Uribe intensificó la represión contra los cultivos ilícitos, lo que llevó a agricultores como Rodríguez a dedicarse a la ganadería.
En los años siguientes, la ganadería —incluso en áreas protegidas y territorios indígenas— creció rápidamente. Pero la consiguiente expansión de los pastizales se asoció principalmente con el acaparamiento de tierras y la especulación inmobiliaria, más que con la cría de ganado, según un estudio del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
En este contexto, la ganadería en la Amazonia es una zona gris: la actividad en sí es legal, pero a menudo se lleva a cabo en tierras deforestadas ilegalmente. “La ganadería es una actividad irregular, pero no está criminalizada”, afirma Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Legado de violencia
En la actualidad, la aparente calma del paisaje, dominado por pasturas y rebaños, se ve frecuentemente alterada por la violencia. A mediados de enero, 26 personas fueron ejecutadas en un ataque armado en El Retorno, a 30 kilómetros de San José. Las autoridades creen que los fallecidos eran miembros de un grupo armado llamado Estado Mayor Central. Al menos cuatro menores perdieron la vida.
El control de Guaviare, donde actualmente hay alrededor de medio millón de cabezas de ganado, es objeto de disputa principalmente entre el Estado Mayor Central y una facción rival denominada Bloque Jorge Suárez Briceño. Ambas están lideradas por antiguos miembros de las FARC.
Los grupos armados también se benefician de la deforestación para la agricultura. González y otros ganaderos, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, afirmaron que tienen rebaños en grandes fincas registradas a nombre de terceros. Además, los ganaderos y terratenientes son extorsionados para pagar dinero a cambio de protección, conocido en Colombia como “vacuna” o “impuesto revolucionario”.
Los productores locales contaron que han sido objeto de estas exigencias en los últimos años. Un ganadero mostró un recibo manuscrito, sin valor registrado, que confirmaba el pago del “impuesto” a un grupo disidente de las FARC.
Carlos, propietario de la báscula ganadera de La Fortuna, un pequeño negocio de carretera cerca de San José del Guaviare, también mencionó la extorsión. Su instalación pesa a los animales antes de su venta, fijando el precio del ganado independientemente de su origen. Conocedor del mercado ganadero local, explica que la tasa de la “vacuna” puede variar: “Para algunos lados, manda uno; en otros, es otro”.
Subvenciones mal orientadas
Aun así, el sector sigue recibiendo incentivos estatales, que incluyen préstamos rurales subvencionados, generalmente sin requisitos de protección ambiental. A esto se suma el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Este fue creado por el gobierno para ofrecer alternativas a la coca, pero en la práctica fomenta la ganadería irregular y la deforestación en la Amazonía.
Según la FCDS, un tercio de las 42 000 familias beneficiarias de la región invirtió en ganado. Casi 80 % de las compras realizadas en el marco del programa se destinaron a esta actividad, y el rebaño creció 86 % entre 2017 y 2024, muy por encima de la media nacional.
En octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictaminó que el gobierno colombiano debía revisar las políticas e incentivos perjudiciales para el bosque y mejorar la trazabilidad de productos como el ganado, la leche, el oro y la madera.
El gobierno nacional está aplicando algunas de estas medidas, como la actualización de una plataforma de trazabilidad con datos en tiempo real. La herramienta aún se está implantando; los resultados aún no se han publicado.
El Ministerio de Ambiente no respondió a preguntas para este reortaje sobre las estrategias adoptadas.
Avances en las áreas protegidas
Tras un largo periodo de declive, el cultivo de coca ha comenzado a recuperarse en los últimos años.
Los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indican que la superficie de plantaciones ilegales en los municipios del arco de deforestación de la Amazonia colombiana aumentó casi 90 % entre 2019 y 2023, alcanzando las 13 500 hectáreas.
En total, la región contaba con más de 64 000 hectáreas dedicadas al cultivo de coca en 2023.
La reciente expansión se debe, en parte, al aumento de la demanda. Esta proviene, en particular, de Europa, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la ONU.
Este mercado también es más lucrativo que las iniciativas de conservación: las ventas de cocaína pueden generar más de 150 millones de dólares por ciclo de producción, en comparación con los 55 millones de dólares anuales que generan iniciativas como los créditos de carbono y las exportaciones de productos legales autóctonos, según la FCDS.
Además de los disidentes de las FARC, en la región operan paramilitares y cárteles de droga. Aumentan los informes sobre el reclutamiento forzoso de menores y de miembros de comunidades indígenas y afrocolombianas.
Mientras tanto, el cultivo de coca está invadiendo áreas protegidas y territorios indígenas. Algunas de estas plantaciones fueron avistadas durante nuestro sobrevuelo de cuatro horas, en la Reserva Nacional Natural Nukak y en el resguardo indígena Nukak Maku .
“El resguardo Nukak Maku está siendo puesto a prueba, tanto política como juridicamente”, afirma Rodrigo Botero, presidente de la FCDS, que organizó el vuelo.
Según Botero, el territorio indígena ha experimentado profundos cambios, impulsados por la ganadería y el cultivo de coca. Afirma que el crecimiento de los intereses empresariales en la región está generando un debate sobre la necesidad de mantener estas áreas bajo protección legal:
“Hoy por hoy, la presión política sobre los resguardos indígenas en Colombia se va a acelerar”.
Un estudio de la FCDS también muestra que la invasión del cultivo de coca y la ganadería en las áreas protegidas amenaza los flujos biológicos y la conectividad entre los ecosistemas de la región. De las más de 196.000 hectáreas de corredores ecológicos cartografiados, casi el 65% ya había sido deforestado o degradado para 2025.
Botero destaca que, debido a la convergencia de los ecosistemas de la sabana, la Amazonía, los Andes y el escudo guayanés en esta zona, “no hay un sitio con tanta diversidad por unidad de área en la región, ni probablemente en el mundo”.
Algunas iniciativas ofrecen alternativas económicas. Tras trabajar en la industria de la coca, Olmes Rodríguez se instaló en la zona rural de San José del Guaviare, donde se convirtió en líder comunitario. En 2018, como presidente del consejo de asociaciones locales, recibió financiación del gobierno noruego para implementar prácticas agroecológicas en las explotaciones agrícolas.
Para empezar, la iniciativa requirió el respaldo de los disidentes. “Aquí uno tiene que ser prudente. Antes de cualquier proyecto, me reunía con los personajes que mandan en la zona. Gracias a eso, no tuvimos problemas ni amenazas”, dice Rodríguez.
Una vez obtenida la autorización, la iniciativa comenzó a formar a productores de siete comunidades de la cuenca del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete para implementar la agrosilvicultura. Estos sistemas agrícolas incorporan árboles y arbustos para generar más resiliencia.
“Se hizo un estudio y decidimos centrarnos en la producción de asaí y seje [una palmera endémica]”, explica Rodríguez.
Hoy en día, más de un centenar de familias de Guaviare participan en la iniciativa. Todas ellas han firmado acuerdos de conservación forestal con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA), la principal autoridad medioambiental de Guaviare.
Muchas de ellas, incluida la propia familia de Rodríguez, siguen intentando conciliar la producción sostenible con la ganadería, su principal fuente de sustento.
Rodríguez cree que muchas explotaciones agrícolas pequeñas y medianas están dispuestas a invertir en una economía basada en la conservación forestal.
La mayoría de las familias que participan en el proyecto viven en zonas que ya han sido deforestadas, y Rodríguez ha estado tratando de mostrarles que preservar el bosque puede asegurar el futuro de sus medios de vida: “La selva nos proporciona el oxígeno que respiramos, el agua que bebemos y los animales que comemos. Si lo tumbamos todo, no nos quedará nada que producir”.
Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth.
RV: EG
