LA HABANA – Una nueva norma que flexibiliza la comercialización de productos agropecuarios y forestales, fue aprobada en Cuba para incentivar la producción interna, reduciendo el control estatal de la distribución alimentaria, a la par que aumenta la participación de sector privado.
El Decreto 143 de 2025, y su reglamento plasmado en la Resolución 16 de 2026 del Ministerio de Agricultura, fueron publicados en Gaceta Oficial el jueves 9 de abril, luego de su aprobación por el Consejo de Ministros. Entrará en vigor a los 30 días hábiles de su publicación.
En esencia, la norma autoriza a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cooperativas -sean o no agropecuarias- los trabajadores por cuenta y los propietarios de tierra a participar en el proceso de distribución y comercialización de los productos agropecuarios.
Este sector privado podría ahora acceder libremente a los mercados mayoristas y minoristas, sin la intermediación de la empresa estatal Acopio, que hasta ahora controlaba el proceso.
“Quizás esta nueva ley me beneficie, tendría que ver. Tal vez pudiera vender frutas frescas en mi puesto o invertir en un nuevo local con solo cosas del agro”, dijo a IPS Ricardo Díaz, propietario de un pequeño de punto de venta en un barrio de La Habana, que expende alimentos y bebidas mayormente importadas.
“Es muy duro escuchar que no hay compota para los niños, cuando sabemos que aquí, en la cooperativa, hay veces que perdemos 80 % del mango en una cosecha”: Emilio Interián.
La anterior norma, el Decreto 35 de 2021 ahora derogado, en su artículo 20 posicionaba a las “entidades acopiadoras” como los sujetos principales de la comercialización mayorista, perpetuando en la práctica el centralismo de la empresa estatal.
En la nueva norma queda plasmado, en su artículo 21, que las entidades acopiadoras son donde “se reciben las producciones agropecuarias y forestales directamente de los productores si estos últimos no contratan el destino final”.
En teoría, se rompe el antiguo esquema y el sector privado se convierte en competidor directo de la empresa estatal, creándose una alternativa más dentro de una cadena de distribución históricamente incompetente, con varios cuellos de botella que propiciaban las quejas de muchos agricultores.
“Es muy duro escuchar que no hay compota para los niños, cuando sabemos que aquí, en la cooperativa, hay veces que perdemos 80 % del mango en una cosecha”, dijo a IPS Emilio Interián, presidente de la cooperativa habanera Sabino Pupo Milián, con tradición en la producción frutícola y pecuaria.
Según Interián, las fábricas estatales que lo procesan muchas veces no tienen los insumos para hacerlo y, aunque el plan de producción de mango de la cooperativa sea de unas 100 toneladas anuales, la empresa estatal solo compra una parte. En 2025, apenas compró 50 toneladas. El resto se vendió en las inmediaciones o simplemente se perdió.
También las entidades de acopio se han retrasado con frecuencia a la hora de recoger las cosechas y, sobre todo, al pagarlas, con demoras de meses: “No existe un mecanismo estable para la compra de ese mango”, dijo.
Deficiencias del centralismo en la distribución de alimentos
“Habiendo transcurrido casi un decenio desde la ‘dignificación’ de Acopio y un quinquenio de su restructuración como Grupo Empresarial subordinado al Consejo de Ministros, parece haberse entendido que ante su ineficacia debía permitirse la competencia con otros actores”, escribió sobre el nuevo decreto el economista Pedro Monreal, en su cuenta de X.
Para Moreal, la competencia entre la entidad de acopio, y los nuevos actores que podrían entrar en la comercialización, no es “nivelada”, ya que esta cuenta ventajas como una extensa red territorial de puntos de acopio, mercados, puntos de venta, almacenes mayoristas, centros de distribución y más.
Sin embargo, romper con el monopolio de Acopio siempre había sido un reclamo histórico del campesinado cubano en los últimos años, quienes querían decidir sus clientes y los métodos de transportación y comercialización.
Sus demoras en efectuar pagos y otras ineficiencias en el servicio por parte del Grupo Empresarial de Acopio, no solo afectaban la economía de los productores, sino también la provisión de alimentos básicos a la población.
Con la crisis de combustible debido al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a Cuba a finales de enero, las redes de transporte de la empresa se impactaron negativamente. Por ese motivo, quizás la medida busca delegar parte de esas funciones al sector privado, que sí puede importar combustible.
Esta lógica se compagina con una apertura jurídica que, con aprobación de leyes en los últimos dos meses, ha aumentado el alcance y las oportunidades de negocios para las mipymes, en nichos del mercado que hasta hace poco no tenían permitido invertir.
En febrero, por ejemplo, el gobierno permitió que las mipymes crearan negocios dedicados a los cuidados de adultos mayores y personas con discapacidad.
En Cuba hay seis millones de hectáreas de superficie agrícola, de las que 79 % es propiedad estatal, 13 % privada y 7 % pertenece a cooperativas, según datos ofrecidos en 2024 por la dirección de Control de la Tierra del Ministerio de Agricultura, en una actividad donde destaca la cada vez más baja productividad.
En medio de la aguda crisis económica que enfrenta Cuba, exacerbada desde 2020 por los efectos de la pandemia de la covid, errores en la gestión macroeconómica y monetaria, y las sanciones económicas de Estados Unidos, este país insular caribeño debe importar más de 80 % de los alimentos que consumen sus 9,7 millones de habitantes.
Negociación de precios
En diciembre, en la última sesión del unicameral parlamento cubano, el también diputado Interián provocó con su intervención un debate en redes sociales que “se robó” el protagonismo en el plenario.
“Han pasado seis meses más y, por desgracia, a pesar de los todos esfuerzos que ha realizado nuestro gobierno…, la situación es peor y mucho más compleja en el combustible, la energía, la alimentación y otras necesidades básicas de la población”, así empezó su discurso.
Según dijo a IPS, sus propuestas solo apuntan a estimular la producción, con la flexibilización de los topes que impuso el gobierno al precio de venta de la leche o la carne –inferiores al costo real–, así como más facilidades para comercializar en divisas.
Para los habitantes de la isla, el nuevo decreto podría conllevar a una mayor disponibilidad de alimentos en los mercados, pues se descentralizaría la gestión al institucionalizarse los comités de contratación a nivel provincial y municipal, presididos por gobernadores e intendentes y con la participación de otros actores, incluidos privados, así como representantes de la banca y las finanzas.
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Estos comités –que ya existían desde 2021 pero eran más bien simbólicos, pues todo debía pasar por Acopio– ahora establecen los precios de los productos no centralizados, “de conformidad con los márgenes comerciales aprobados”, así como las prioridades de producción y la resolución de eventuales conflictos entre productores e intermediarios.
En teoría, el intendente y los productores de un municipio pudieran decidir, en una mesa de negociación, cuánto vale un kilogramo de tomate según los costos y la oferta local. La norma anterior de 2021 no contemplaba esta autonomía explícita para el territorio.
No obstante, Monreal alerta en su publicación en X que el Estado seguirá conservando “esencialmente el control monopólico sobre la formación y fijación de precios”, lo que “distorsiona el funcionamiento del mercado”.
“Con un Estado que determina burocráticamente precios clave (precios centralizados, precios concertados, topes máximos), los productores tienen poca capacidad de negociación, los precios suelen ser bajos, no reflejan costos reales ni oferta/demanda libre, y reducen incentivos”, señala.
ED: EG
