BUENOS AIRES – Desde hace unos tres años, los argentinos escuchan casi todos los meses noticias de que la producción petrolera bate nuevos récords. Hacia el futuro, se proyecta que el país podría convertirse en un importante proveedor mundial de la que sigue siendo la fuente de energía más buscada.
Las que se presentan como novedades ilusionantes para una economía que vive una crisis profunda desde hace al menos 12 años -con caída del producto interno bruto (PIB) por persona, empeoramiento de la distribución del ingreso y aumento de la pobreza- generan, sin embargo, muchísimas dudas.
Se cuestiona desde la distribución de los beneficios económicos y el acceso a la energía de la población, al impacto ambiental y social de la expansión y el virtual abandono de los objetivos y compromisos climáticos por parte del país.
La llamada cuenca neuquina, en el sudoeste del país, es epicentro de una expansión de la actividad petrolera que sectores de la academia y organizaciones ambientales y sociales califican como demasiado agresiva.
“La industria petrolera argentina ha avanzado en los últimos 15 años, independientemente de los gobiernos. Hoy se están recogiendo los beneficios, el sector va a seguir creciendo y es posible que el objetivo de los 30.000 millones de dólares de exportaciones se alcance antes de 2030”: Gerardo Rabinovich.
“En los últimos 10 años empezó a meterse la exploración en la zona agrícola. Desde 2012 se construyeron 3300 puestos (pozos) petroleros, de los cuales 440 se hicieron en 2024. Para 2025 hay más de 500 pozos planeados”, dijo a IPS el investigador Agustín González.
González es ingeniero agrónomo y docente de la Universidad Nacional del Comahue, que tiene sedes en Neuquén y Río Negro, dos de las provincias de la cuenca en la Patagonia argentina por la que se extiende la formación geológica Vaca Muerta.
Este yacimiento, que generó la ilusión de políticos y empresarios argentinos en 2011, cuando la Administración Energética de Estados Unidos lo clasificó como una de las mayores reservas del mundo de gas y petróleo de esquisto, está finalmente comenzando a dar frutos, a veces a costa de otros sectores.
Los hidrocarburos de esquisto se extraen mediante una técnica llamada fractura hidráulica –o fracking, en inglés- y González advierte que su uso masivo está causando fuertes impactos en una zona tradicionalmente agrícola, conocida por su producción de frutas de alta calidad.
Impacto sobre comunidades locales
“El fracking es extremadamente violento. Utiliza 30 000 litros de agua por cada pozo, que es mezclada con más de 60 sustancias químicas y bombas de gran potencia para fracturar la roca. No tiene nada que ver con la actividad petrolera convencional”, explicó.
“El fracking afecta todos los usos del suelo cercanos. Cuando se hace al lado de un río, de una finca agrícola o de un centro poblado, lo pone en riesgo”, agregó González, quien forma parte de un grupo de investigación conjunta sobre el impacto ambiental y social de Vaca Muerta de la Universidad del Comahue y el sueco Instituto Ambiental de Estocolmo.
“El desarrollo del fracking debe equilibrarse con la protección de los recursos naturales, la producción de alimentos y la equidad social, estableciendo un marco regulatorio sólido que evite daños irreversibles en los ecosistemas, zonas agrícolas y las comunidades locales”, advierte un trabajo publicado en diciembre pasado por ese grupo de investigadores
No parece, sin embargo, el momento más propicio para hablar de estos temas en Argentina, donde el presidente ultraderechista Javier Milei, convirtió el Ministerio de Ambiente en una dependencia menor bajo la órbita de la Secretaría de Turismo y ha rechazado por completo no solo la agenda climática sino también el fortalecimiento del rol del Estado como regulador de las actividades productivas e industriales.
“El gobierno ha desfinanciado el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder) y directamente cerró el de energía distribuida”, dijo a IPS Matías Cena Trebucq, economista de la no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
El especialista agregó que “si en los gobiernos anteriores había una discutida apuesta al gas natural como combustible de la transición energética, ahora directamente el gobierno de Milei pone todo en los combustibles fósiles y eliminó cualquier referencia a un camino hacia energías limpias”.
El legislativo Congreso argentino sancionó en 2015 una ley que fijó el objetivo de que 20 % del consumo interno de electricidad provenga de fuentes renovables en diciembre de 2025. En 2024 el rubro creció, por proyectos antiguos que entraron en funcionamiento, y alcanzó 15% de la generación, pero difícilmente seguirá creciendo sin apoyo estatal.
Balance positivo
Gracias a la tendencia de los últimos años, Argentina logró en 2024, por primera vez en 13 años, un resultado positivo de la balanza comercial energética, ya que las exportaciones superaron a las importaciones en 5668 millones de dólares.
Las exportaciones de combustibles y energía crecieron 22,3 % el año pasado con respecto al anterior y alcanzaron 9677 millones de dólares, que representan 12,1 % de las exportaciones totales del país, según datos oficiales.
La gran explicación de estos números está en la expansión del fracking en Vaca Muerta, que aportó 54,9 % de toda la producción de petróleo y 50,1 % del gas a nivel nacional. Durante el mes de diciembre último, solo en Vaca Muerta se produjeron 446 900 barriles de crudo (de 159 litros), 27 % más que en el mismo mes de 2023.
La producción convencional de petróleo y gas, en cambio, no deja de caer, por el agotamiento de la cuenca del golfo de San Jorge, en la provincia patagónica de Chubut, que tradicionalmente fue la principal zona petrolera del país.
El total de producción de 2024 fue de 256 268 454 barriles de petróleo, 11 % más que en 2023. Van cuatro años consecutivos de crecimiento, pero solo impulsado por el petróleo no convencional de Vaca Muerta.
Debido al potencial de esa formación geológica, distintos estudios que circulan en el sector sostienen que Argentina va camino a alcanzar los 30 000 millones de dólares anuales de exportaciones de petróleo en 2030 y a colocarse en el mapa mundial como un proveedor.
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Argentina todavía no se convence de apostar por las energías limpias
“La industria petrolera argentina ha avanzado en los últimos 15 años, independientemente de los gobiernos”, dijo a IPS Gerardo Rabinovich, vicepresidente del no gubernamental Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi, enfocado en el estudio de políticas públicas en la materia.
Añadió que “hoy se están recogiendo los beneficios, el sector va a seguir creciendo y es posible que el objetivo de los 30 000 millones de dólares de exportaciones se alcance antes de 2030”.
“En 2022 teníamos un déficit de la balanza energética de 4000 millones de dólares y pasamos en 2024 a un superávit de más de 5000. Eso es muy importante para Argentina”, agregó
De todas maneras, el propio Rabinovich apunta que la contracara de esta realidad es que, debido al brutal ajuste de las cuentas públicas realizado por el gobierno de Milei, la demanda interna de gasolina y de diesel fueron 6,5 % y 5 % menores que en 2024, según informe del IAE.
“El gobierno de Milei se planteó liberalizar completamente la actividad petrolera, deplazar al Estado y llevar al plano local los precios globales”, dice a IPS Fernando Cabrera Christiansen, investigador del Observatorio Petrolero Sur, organización que impulsa una producción y consumo de energía más justo y sostenible.
Cabrera apuntó desde la ciudad de Neuquén, donde vive, que el crecimiento de la producción petrolera argentina no genera ni un mayor bienestar de una población mayoritariamente empobrecida y ni siquiera que la energía sea más barata localmente.
Subrayó, en ese sentido, que si bien en la última década llegaron a Neuquén inversiones por más de 40 000 millones de dólares, según datos de la provincial Subsecretaría de Energía, monto que no recibió ningún otro territorio, los índices sociales son tan alarmantes como los del resto del país.
“La provincia usa las regalías petroleras para pagar sueldos públicos y otros gastos corrientes. No alcanza para hacer obras de infraestructura ni para dar beneficios sociales. Y los niveles de pobreza en Neuquén son parecidos a los nacionales”, concluyó.
ED: EG
