BOGOTÁ – Estos días comienza la cuenta atrás de seis semanas para el partido inaugural del Mundial de la Fifa 2026, que se inaugurará con un encuentro entre México y Sudáfrica el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
México es uno de los tres anfitriones de la Copa del Mundo de Fútbol de 2026, a pesar de que el país se ha visto sacudido en los últimos meses por una ola de violencia de los cárteles y el descubrimiento de fosas comunes. Los otros dos son Canadá y Estados Unidos, en una competición que se prolongará hasta el 19 de julio.
En febrero, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, uno de los más grandes del país, tomó represalias después de que el gobierno matara a su líder de larga data. El cartel estableció barricadas, quemó vehículos y llevó a cabo otros ataques en gran parte del país, incluso en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco y una de las tres ciudades sede del Mundial en México.
Estas escenas marcan la última escalada de la violencia en curso.
Se disputarán cuatro partidos del torneo en el Estadio Akron de Guadalajara.
Para las familias de los desaparecidos de México, el estadio tiene poco que ver con el deporte, la diversión y el entusiasmo. En cambio, los alrededores se han convertido en sinónimo de excavaciones, exhumaciones, fosas comunes y la agonía de no saber dónde están sus seres queridos desaparecidos.
Los aficionados deben saber que, en el mismo estado que se apresura a gastar 1300 millones de dólares en la reconstrucción de autopistas y la construcción de hoteles para el Mundial, las madres seguirán excavando en la tierra en busca de sus hijos desaparecidos
Colectivos de búsqueda civiles como los Guerreros de la Búsqueda de Jalisco denunciaron el año pasado la existencia de casi dos docenas de fosas clandestinas y recuperaron al menos 500 bolsas con restos humanos, todo ello a menos de 20 kilómetros del estadio. En Las Agujas, una parcela cercana, encontraron 270 bolsas.
Estos horrores forman parte de una crisis nacional que ha devastado a miles de familias en México, donde, según un registro oficial, hay más de 100 000 personas desaparecidas. Y las desapariciones denunciadas han aumentado más de 200 % desde 2015.
El estado de Jalisco se encuentra en el epicentro de la crisis, con la impactante cifra de 16 079 desapariciones registradas hasta marzo. Esta cifra incluye casos denunciados desde 1952, aunque la mayoría de las desapariciones se han sucedido desde 2006.
Los expertos afirman que incluso esta cifra podría no reflejar la verdadera magnitud del problema. Las otras dos ciudades sede —Ciudad de México y Monterrey— también tienen su propia cuota de desapariciones.
En México, las personas desaparecen por muchas razones, a menudo vinculadas al crimen organizado. Los grupos criminales suelen utilizar las desapariciones como herramienta de control e intimidación.
En Jalisco, el reclutamiento forzoso de adolescentes por parte del cártel desempeña un papel importante.
Cuando las familias denuncian las desapariciones, las autoridades a menudo no investigan; los investigadores y los técnicos forenses suelen carecer de la formación y los recursos básicos necesarios para realizar partes fundamentales de su trabajo, como asegurar las escenas del crimen, analizar las pruebas o identificar y almacenar los restos humanos.
Los testigos y las víctimas suelen estar aterrorizados ante posibles represalias por cooperar con las investigaciones, y las autoridades son incapaces o no están dispuestas a protegerlos de manera efectiva.
El gobierno de México también ha minimizado históricamente la magnitud de la crisis.
Durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el número de personas desaparecidas superó las 100 000. Afirmó falsamente que la cifra había sido «alterada para atacar al gobierno», lo que provocó la dimisión del máximo responsable de la búsqueda de los desaparecidos.
La sucesora de López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha rechazado una investigación de la ONU sobre las desapariciones y ha impulsado cambios legales que, según los familiares de algunos desaparecidos, debilitarían la búsqueda de los desaparecidos.
Muchos familiares de las víctimas sienten que nunca se hará justicia. El trabajo forense cerca del Estadio Akron está incompleto; las bolsas aún no se han procesado y no hay un informe exhaustivo sobre el número total de víctimas.
La mayoría de los aficionados al fútbol que visiten Guadalajara este verano boreal no tendrán ni idea de la pesada historia que se esconde bajo sus pulidas aceras, su moderno estadio y sus restaurantes que presumen de tequilas artesanales.
Los aficionados deberían saber que, en el mismo estado que se apresura a gastar 1300 millones de dólares en la reconstrucción de autopistas y la construcción de hoteles para el Mundial, las madres seguirán excavando en la tierra en busca de sus hijos desaparecidos.
Para empezar a poner fin a su sufrimiento, el gobierno mexicano debería aprovechar el Mundial y la atención mundial para reforzar su sistema judicial, de modo que la gente se sienta segura y, al mismo tiempo, las autoridades puedan buscar eficazmente a las personas desaparecidas. Ese sería un Mundial por el que valdría la pena animar.
T: MF /ED: EG
