BUENOS AIRES – “Jamás en mi vida había recibido tanto amor de personas desconocidas como he recibido en Argentina”, cuenta Claudina Noriega, una psicóloga proveniente de Caracas que se radicó en Buenos Aires en 2018. Ella agradece la acogida de este país a cientos de miles de venezolanos, que sin embargo tienen un camino lleno de obstáculos para insertarse laboralmente y salir adelante.
“Dejas tu país pensando que será para mejor y, en la primera etapa, las cosas no son mejores. Viví cosas que jamás había vivido, como tener que dar prioridad a mis hijos a la hora de comer, porque no había suficiente para todos, o no poder dormir por el frío”, dice a IPS esta mujer, quien vino con sus dos hijos y se unió a su esposo, Félix Hernández, quien había emigrado un tiempo antes.
La crisis de migración más grande de la historia de América Latina ha provocado la salida de más de 5,6 millones de venezolanos de su país, 80 % de los cuales fueron recibidos por otras naciones de la región, según datos de diferentes agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Uno de ellos es Argentina, donde viven más de 175 000 migrantes venezolanos, según los registros de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Solo 312 de ellos tienen estatus de refugiado y 3 826 son solicitantes de asilo, pero Acnur considera a todos población de su incumbencia, por su vulnerabilidad, informó a IPS en Buenos Aires Juan Carlos Murillo, representante regional de la organización para el Sur de América Latina, que incluye también a Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
Acnur cuenta, de todas maneras, con muchos menos recursos de los que necesita para atender la magnitud de la cuestión. La Oficina Regional fijó su presupuesto para este año en 38,9 millones de dólares, pero tiene disponible menos de 25 por ciento de esa cifra, reveló Murillo.
“Debido a la situación de mayor vulnerabilidad hemos reestructurado nuestra estrategia, para dar respuesta mediante asistencia directa a través de la provisión de alimentos y elementos sanitarios, pero también con espacios de apoyo psicosocial, fortalecimiento y acompañamiento para emprendimientos e inserción laboral”: Claudia Vázquez.
Argentina no es precisamente un país fácil para un inmigrante. La economía no crece desde hace 10 años y la situación social ya era delicada antes de la pandemia de covid-19, con cerca de 40 por ciento de su población bajo la línea de pobreza.
Números del Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) de 2019 indicaba que, mientras en Argentina el trabajo informal rondaba 35 por ciento de los asalariados, entre los migrantes venezolanos la proporción se acercaba a la mitad.
Los datos que analizó antes de la pandemia la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), otra agencia de la ONU, revelaban que casi 70 por ciento de los venezolanos se concentraban en cuatro ramas de actividad (industria manufacturera, comercio, construcción y servicio doméstico), las tres últimas caracterizadas por sus bajos salarios y las condiciones de contratación inestables o precarias.
Todo empeoró, previsiblemente, con la covid. Entre agosto de 2020 y junio de 2021, la OIM encuestó a 3718 migrantes venezolanos que solicitaron asistencia. De ellos, 61 por ciento declaró haber perdido totalmente su fuente de ingresos y 26 por ciento, de manera parcial.
“Debido a la situación de mayor vulnerabilidad hemos reestructurado nuestra estrategia, para dar respuesta mediante asistencia directa a través de la provisión de alimentos y elementos sanitarios, pero también con espacios de apoyo psicosocial, fortalecimiento y acompañamiento para emprendimientos e inserción laboral”, dijo a IPS la oficial nacional de Programas de OIM Argentina, Claudia Vázquez.
Claudina Noriega y su familia –su esposo y sus dos hijos varones, de 7 y 13 años- estuvieron entre quienes, por la pandemia, debieron acudir a la ayuda social de OIM durante 2020.
“Mi esposo manejaba un taxi y, cuando comenzaron las restricciones de circulación, el dueño no volvió a alquilarle el auto. Por suerte, yo mantuve un ingreso como operadora social del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en un programa de asistencia a personas en situación de calle”, cuenta ella.
Como la mayor parte de los profesionales universitarios venezolanos en Argentina, Noriega no pudo revalidar su título. Finalizó el trámite administrativo, pero para poder realizar los exámenes de convalidación en la Universidad de La Plata tendría que pagar un arancel 40 000 pesos (unos 400 dólares).
“No tengo ese dinero y si lo tuviera le daría prioridad a otras cosas, como reponer los lentes de mi hijo que se le rompieron y los necesita”, explica.
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De todos modos, Noriega forma parte de Psicoven, un grupo de más de 500 psicólogos venezolanos en Argentina, que desde 2017 brinda contención emocional a sus compatriotas ante la angustia del desarraigo y los problemas económicos.
“Hacemos primeros auxilios psicológicos y consultas sin costo. Pero no iniciamos un proceso terapéutico, porque prácticamente ninguno de nosotros tiene matrícula para ejercer la profesión en el país”, dice.
La buena noticia es que los miembros de Psicoven fueron contratados este año por la OIM, en el marco de un Programa que lleva el título Bienestar Migrante, para desarrollar talleres gratuitos grupales de apoyo psicosocial para venezolanos en Argentina. La primera etapa se cumplió entre marzo y junio y la segunda empezó en agosto.
La coordinación está a cargo de Alianza por Venezuela, una organización que es una referencia en la ayuda a sus compatriotas en Argentina.
Una de sus fundadoras es Lia Valeri, experimentada venezolana en Buenos Aires, donde vive hace 15 años. Llegó junto a su entonces esposo, un ingeniero químico que en los años 2002 y 2003 participó en una larga huelga en la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), contra el gobierno de Hugo Chávez.
“Aquella huelga terminó con el despido de 18 000 ingenieros de PVSA, uno de los cuales fue mi exesposo. Por eso emigramos a la Argentina en 2006, cuando yo creo que no había ni 1000 venezolanos aquí”, relata Valeri.
“En los años siguientes, comenzó a llegar a la Argentina una inmigración venezolana ordenada, altamente calificada y con trabajo seguro. Fue entre 2017 y 2018, cuando arrancó una migración distinta, caracterizada por la vulnerabilidad”, detalla.
Arelis Pieve, también voluntaria en Alianza por Venezuela, resume: “En 2014 había 21 000 venezolanos en Argentina; para diciembre de 2018 había 190 .000”.
Alianza por Venezuela ha concentrado desde entonces su trabajo en cuatro ejes: salud; inserción laboral y emprendimiento; asistencia social y asesoramiento para obtención de la documentación de residencia. Su valiosa tarea les valió que el año pasado consiguieran un subsidio de más de 100 000 dólares de la Fundación Interamericana, organismo del gobierno de Estados Unidos que canaliza a ayuda a población vulnerable de Estados Unidos y el Caribe.
Así, el año pasado distribuyó guantes, frazadas y otros elementos de abrigo nuevos, cedidos por la OIM, a 3800 personas.
Y en los últimos días publicó una guía para que los venezolanos supieran cómo votar en Argentina, ya que muchos de ellos están entre los 417 000 extranjeros con residencia permanente que fueron habilitados para participar en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso), celebradas el domingo 12 en Argentina como paso previo a los comicios legislativos de noviembre.
Justamente la cuestión de la documentación es especialmente valorada por los venezolanos. El Estado argentino incluso en una época aceptó el ingreso de niños venezolanos con partida de nacimiento y sin pasaporte, por las dificultades para tramitarlo en su país.
“En Argentina existe un proceso no digamos sencillo, pero sí accesible, que permite a los venezolanos obtener en pocos meses la radicación temporaria para competir en el mercado laboral y utilizar la educación y la salud públicas”, explica Claudina Noriega. “Y eso lo agradecemos, igual que la solidaridad de muchos argentinos”, subraya.
ED: EG
