PORTLAND, Estados Unidos – Las personas que optan por poner fin a su vida mediante la muerte asistida voluntaria suelen enfrentarse a afecciones terminales, incurables o debilitantes que provocan un intenso sufrimiento físico o psicológico.
Las investigaciones sobre las solicitudes de asistencia médica para morir y de eutanasia indican que la mayoría de las personas que recurren a estas opciones padecen enfermedades avanzadas e irreversibles, o bien afecciones incurables y debilitantes que les causan un sufrimiento severo o que merman su autonomía, su dignidad o su capacidad para realizar actividades significativas.
Si bien el dolor físico es un factor importante, las preocupaciones de índole psicológica, existencial y relacionadas con la calidad de vida también desempeñan un papel fundamental en la toma de decisiones para poner fin a la propia vida.
Entre estas se incluyen la pérdida de la independencia y de las capacidades físicas, la pérdida de control sobre las funciones corporales, la dependencia de terceros para los cuidados básicos, así como el temor al dolor, el sufrimiento y la angustia que podrían surgir en las etapas finales de una enfermedad.
Los requisitos de elegibilidad para acceder a la asistencia médica para morir varían según la jurisdicción. En aquellos lugares donde el acceso se limita a pacientes con enfermedades terminales, por lo general se exige un pronóstico de vida de seis meses o menos.
Otras jurisdicciones permiten el acceso bajo criterios de elegibilidad distintos. Por norma general, los solicitantes deben demostrar capacidad para tomar decisiones y realizar una petición de manera voluntaria e informada. Por lo común, se requieren evaluaciones médicas independientes, y muchas jurisdicciones establecen periodos de espera u otras salvaguardas.
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el cáncer y otras enfermedades graves están frecuentemente asociados a las solicitudes de asistencia voluntaria para morir. Otros casos comprenden enfermedades cardiovasculares o pulmonares avanzadas, así como trastornos neurodegenerativos, entre ellos la enfermedad de alzheimer y otras formas de demencia.
El cáncer, especialmente cuando se encuentra en una etapa avanzada y ya no responde al tratamiento, puede conllevar un dolor intenso, debilidad, pérdida de funcionalidad y otros síntomas debilitantes.
Otras situaciones en las que se solicita la muerte asistida voluntaria incluyen enfermedades terminales, como afecciones cardiovasculares o pulmonares avanzadas, así como trastornos neurodegenerativos, tales como la enfermedad de alzheimer y otras formas de demencia.
El dolor físico intenso o el sufrimiento psicológico que no pueden aliviarse adecuadamente mediante la atención médica convencional o los cuidados paliativos pueden llevar a algunas personas a plantearse poner fin a su vida. No obstante, las razones para solicitar la muerte asistida voluntaria suelen ir más allá del mero dolor físico.
La pérdida de autonomía —que incluye la incapacidad para realizar actividades significativas, valerse por sí mismo o mantener la dignidad personal— puede influir de manera determinante en estas decisiones. Asimismo, algunas personas temen una dependencia cada vez mayor de sus familiares o cuidadores, la pérdida de control sobre aspectos básicos de su vida cotidiana o un mayor deterioro de su calidad de vida.
Las decisiones sobre poner fin a la propia vida suelen ser complejas, ya que reflejan una combinación de factores médicos, psicológicos, sociales y personales. Para algunas personas, la perspectiva de un deterioro prolongado o de una dependencia creciente puede resultar tan significativa como los síntomas de la enfermedad subyacente.
Por consiguiente, las solicitudes de muerte asistida voluntaria requieren, por lo general, una evaluación minuciosa del estado médico de la persona, su capacidad para tomar decisiones, sus deseos y las alternativas disponibles, incluidos los cuidados paliativos y la atención al final de la vida.
Cuando las personas eligen activamente el momento y la forma de su muerte, sus decisiones suelen encuadrarse en tres categorías principales, cada una de ellas sujeta a marcos jurídicos, protocolos médicos y procedimientos distintos.
Estas categorías se diferencian, fundamentalmente, en quién administra el fármaco que pone fin a la vida, si la propia persona debe ingerirlo y si la elección consiste en renunciar voluntariamente a la ingesta de alimentos y líquidos, en lugar de recibir un fármaco para provocar la muerte (Tabla 1).
La primera categoría es la ayuda médica para morir (Maid), también conocida como muerte asistida por un médico o, en algunas jurisdicciones, muerte con dignidad. Maid permite que un adulto mentalmente capaz y con una enfermedad terminal que cumpla con requisitos legales específicos solicite y se autoadministre medicamentos recetados destinados a acabar con su vida.
En muchas jurisdicciones de Estados Unidos, donde MAID es legal, la elegibilidad generalmente requiere una enfermedad terminal con un pronóstico de seis meses o menos, aunque los requisitos específicos varían según la jurisdicción.
El énfasis en la autoadministración es una distinción importante entre Maid y la eutanasia voluntaria. Según Maid, el individuo (no un médico u otro profesional de la salud) toma el medicamento, conservando el control sobre el momento del acto final.
Dependiendo de la jurisdicción, las salvaguardas pueden incluir solicitudes repetidas, confirmación del diagnóstico y pronóstico, evaluación de la capacidad de toma de decisiones y otras medidas para garantizar que la decisión sea voluntaria e informada.
Maid generalmente está destinado a personas que cumplen con requisitos legales específicos de elegibilidad. No es una opción general para cualquiera que sufra o desee morir.
Cada jurisdicción determina quién califica, qué evaluaciones médicas se requieren, cómo se deben documentar las solicitudes y qué períodos de espera y otras salvaguardas se aplican.
La segunda categoría es la eutanasia voluntaria. A diferencia de la Maid, que implica la autoadministración, la eutanasia voluntaria se produce cuando un profesional sanitario administra un fármaco destinado a poner fin a la vida del paciente, a petición explícita y competente de este, generalmente con el fin de aliviar un sufrimiento que, de otro modo, resultaría intolerable.
Esta práctica está permitida legalmente en varios países y jurisdicciones, aunque los requisitos de elegibilidad, los procedimientos y las salvaguardias varían considerablemente.
La tercera categoría es la interrupción voluntaria de la ingesta de alimentos y líquidos (VSED, por sus siglas en inglés). Para aquellas personas que no cumplen los requisitos para acceder a la muerte asistida, o que residen en lugares donde esta —o la eutanasia voluntaria— no están disponibles, la VSED puede constituir otra opción al final de la vida.
Consiste en la decisión voluntaria de dejar de consumir alimentos y líquidos, lo que, a la larga, provoca el fallecimiento. Durante este proceso, es posible recibir atención médica y cuidados paliativos para aliviar el malestar.
La muerte asistida voluntaria está permitida legalmente en un número creciente de países. En 2026, alguna modalidad de esta práctica es legal en aproximadamente 16 países. Las estimaciones indican que, cada año, más de 30.000 personas fallecen mediante la muerte asistida voluntaria en las jurisdicciones donde dicha práctica está permitida.
Cerca de 5 % de la población mundial, es decir, más de 400 millones de personas, vive en países o zonas donde alguna forma de muerte asistida voluntaria es legal. Entre estas jurisdicciones se encuentran Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, Ecuador, Francia, Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, España, Suiza y Uruguay.
En Estados Unidos, Illinois y Nueva York se han sumado recientemente a otros 11 estados y al Distrito de Columbia al permitir la ayuda médica para morir (MAID) bajo condiciones específicas. Casi un tercio de la población estadounidense reside en un estado donde esta práctica está permitida.
Alrededor de 60 % de los adultos en Estados Unidos considera que la ayuda médica para morir es aceptable o no la percibe como una cuestión moral. No obstante, las opiniones varían según la afiliación política: cerca de 75 % de los demócratas, frente a 50 % de los republicanos, considera que esta práctica es moralmente aceptable.
En diversas regiones, incluidas América del Norte, Europa y Australia, las encuestas de opinión a nivel internacional suelen mostrar un apoyo mayoritario a la muerte asistida voluntaria. Un estudio transversal realizado entre médicos de 17 países también reveló posturas matizadas, aunque mayoritariamente favorables, respecto a la muerte asistida por profesionales médicos, siempre que existan salvaguardias estrictas.
Los métodos de administración de la medicación también varían según la jurisdicción. En Suiza, las personas se autoadministran el fármaco, generalmente ingiriendo un líquido.
En Quebec (Canadá), son los médicos o el personal de enfermería quienes lo administran, por lo general por vía intravenosa. En Australia, se permiten tanto la autoadministración como la administración por parte de un profesional.
Las leyes que regulan la muerte asistida voluntaria difieren considerablemente entre países y jurisdicciones. No obstante, las condiciones médicas y las circunstancias personales asociadas a las solicitudes de muerte asistida tienden a presentar patrones similares en distintas regiones y a lo largo del tiempo.
Se ha observado, por ejemplo, que las personas con ELA presentan la tasa más elevada de muerte asistida voluntaria, a menudo varias veces superior a la de los pacientes con cáncer.
A su vez, los pacientes con cáncer tienen más probabilidades de recurrir a la muerte asistida voluntaria que las personas con otras enfermedades, como las afecciones pulmonares o cardíacas.
No obstante, el cáncer sigue siendo el diagnóstico más frecuente en los casos de muerte asistida, debido en gran medida a que afecta a un número mucho mayor de personas que estas otras patologías.
La muerte asistida voluntaria representa una proporción relativamente pequeña del total de fallecimientos en los países donde está permitida; por lo general, supone 1 % o menos en naciones como Alemania, España y Suiza.
En otros países, estas proporciones son considerablemente más altas. Hacia 2023, la muerte asistida representaba 5,4 % de las defunciones en los Países Bajos, 4,7 % en Canadá y 3,6 % en Bélgica.
El número de muertes asistidas voluntariamente ha aumentado de forma sustancial en algunos países. En los Países Bajos, por ejemplo, la cifra se ha triplicado desde 2002. En Canadá, el número aumentó rápidamente al principio, para luego ralentizar su crecimiento; actualmente, la muerte asistida representa cerca del 5 % del total de fallecimientos.
A pesar de que su práctica es legal en un número creciente de países, la muerte asistida voluntaria sigue siendo un tema controvertido. El debate se centra en una tensión fundamental: por un lado, el respeto a la autonomía personal y el alivio del sufrimiento; por otro, la protección de la vida humana (Tabla 2).
Los argumentos a favor de la muerte asistida voluntaria destacan la autonomía del paciente, el alivio del sufrimiento, la dignidad al final de la vida, la existencia de salvaguardias normativas y la reducción de la carga para las familias.
Los argumentos en contra subrayan la sacralidad de la vida, los riesgos para las personas vulnerables, el posible “efecto dominó”, las preocupaciones en torno a la ética médica y la importancia de los cuidados paliativos.
En resumen, la muerte asistida voluntaria es legal en un número cada vez mayor de países y jurisdicciones, y su uso ha aumentado considerablemente en muchos de ellos. No obstante, sigue siendo una cuestión delicada, controvertida y profundamente personal, incluso allí donde está permitida por la ley.
Joseph Chamie es demógrafo y consultor, exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas y autor de numerosas publicaciones sobre temas de población, incluido su libro más reciente: “Niveles de población, tendencias y diferenciales».
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