“Mire lo que es este agua. ¿Usted la tomaría?”, pregunta José Pablo Zubieta, mientras enseña un vaso que acaba de llenar de una llave, en el que flotan sedimentos de color amarillo y marrón, en su vivienda en la Villa La Cava, un asentamiento precario de las afueras de la capital de Argentina.
En La Cava, como en todos las barriadas informales de Argentina –a los que en este país sudamericano se llama villas-, la conexión a la red de agua es irregular y resulta muy común que las viviendas se queden sin servicio. Y cuando el agua llega, generalmente está contaminada.
“Si hay plata (dinero), compramos bidones de 20 litros para tomar y para cocinar. Si no hay, tomamos el agua que tenemos, aunque hay semanas enteras en las que sale amarilla. Yo ya me intoxiqué varias veces”, explica a IPS la esposa de Zubieta, Marcela Mansilla, con la resignación de quien convive con la misma situación desde que tiene memoria.[pullquote]3[/pullquote]
En la puerta de la casa de ladrillos desnudos en que viven el matrimonio y sus cuatro hijos hay algunos viejos artefactos oxidados, que recogieron en su trabajo como cartoneros.
Con esa palabra se designa en Argentina a los excluidos del mercado laboral que cada noche arrastran sus carros por las calles de las ciudades y revuelven en la basura en busca de objetos que puedan tener algún valor comercial.
A pocos metros de donde vive la familia Zubieta funciona desde hace 25 años, en una construcción de una sola planta pintada de blanco, un comedor comunitario, donde cada día se alimentan 120 niños y niñas de La Cava y que también funciona como su centro recreativo, con actividades que los alejan de las calles.
Se llama La Casita de la Virgen y allí se instaló en noviembre de 2016 un gran artefacto de plástico de color azul y rojo que rápidamente se tornó en muy importante para la vida de los vecinos.
Se trata de un purificador microbiológico de agua diseñado por una compañía Suiza que puede filtrar hasta 12 litros por hora de agua contaminada, eliminándole 99,9 por ciento de las bacterias, virus y parásitos.
El equipo, que no utiliza electricidad ni baterías y ha sido distribuido en crisis humanitarias en distintos lugares del mundo, fue instalado por el Proyecto Agua Segura, una empresa social fundada en Buenos Aires en 2015, que promueve soluciones inmediatas y replicables al problema del acceso al recurso.
Los residentes de La Cava, además, participan en actividades promovidas por la empresa, en las que cuentan sus experiencias y necesidades con el agua, discuten y aprenden acerca de su ciclo y adquieren hábitos saludables para prevenir enfermedades por su mal uso, mientras que profundizan en el acceso al agua como derecho humano.
El purificador sirve para asegurar agua saludable a los chicos que asisten al comedor, quienes muchas veces concurren con botellas o recipientes, para poder llevar algo de agua limpia cuando vuelven a sus hogares.
Agua Segura, que se financia con aporte de compañías, organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil, tiene proyectos en 21 de las 23 provincias del país y en Uruguay.
Mediante esa fórmula colaborativa, hasta ahora facilita el acceso al agua potable a 2.000 familias y a más de 800 escuelas y centros comunitarios, con lo que alcanza alrededor de 100.000 personas
“El agua aquí sale con arena, con tierra y con mal olor. Hace años que es así y por eso es común ver a los chicos con granos, con gastroenteritis, con diarrea o cosas peores. Tuvimos en los últimos años más de 10 casos de tuberculosis y brotes de hepatitis”, cuenta a IPS el creador y responsable de la Casita de la Virgen, Julio Esquivel.
“El agua contaminada influye en la salud. No soy médico, pero es fácil darse cuenta”, agrega Esquivel, quien viste una camiseta con la imagen de la madre Teresa de Calcuta, en cuyas obras de asistencia a necesitados trabajó por temporadas, en distintas ciudades del mundo.
Esquivel es lo que en el catolicismo se llama un laico consagrado: sin ser religioso hizo un voto de pobreza y solidaridad con los pobres y hoy vive en una casita de La Cava, el mismo lugar donde nació hace 53 años.
“Antes de que nos trajeran el filtro trataba de hervir el agua, a pesar del alto costo del gas, o de echarle unas gotas de lavandina para purificarlas. El filtro fue un cambio muy grande para nosotros”, asegura.
La Cava está en San Isidro, uno de los 24 municipios del llamado Gran Buenos Aires. Se trata de la gigantesca área suburbana que rodea a la capital argentina, donde viven casi 11 millones de personas, la cuarta parte de la población del país.
En el Gran Buenos Aires, que es la zona más compleja y desigual de Argentina, hay 419.401 familias que viven en 1.134 asentamientos precarios, de acuerdo a datos oficiales de 2016. Este número marca un crecimiento fenomenal en 15 años: las villas eran 385 en 2001, año de un cataclismo económico que dejó a cientos de miles de personas sin trabajo.
Visitar La Cava, que tiene más de 10.000 habitantes y ocupa unas 18 hectáreas, es chocarse con una radiografía veloz de la realidad social argentina: para llegar a la villa se deben atravesar caminos arbolados flanqueados por muros que protegen a grandes mansiones, donde viven algunas de las familias más ricas de Argentina.
Allí se accede a agua potable de la red de abastecimiento, igual que en los barrios de la ciudad de Buenos Aires.
En La Cava, sin embargo, Ramona Navarro y María Elena Arispe dicen a IPS que “la gente se acostumbró a lavar la ropa y los platos de noche, porque de día casi nunca sale el agua”.
Las dos vecinas cuentan que en los días más calurosos de este verano en el hemisferio sur, y antes las protestas de la gente, la Municipalidad de San Isidro envió una tarde varios camiones, que repartieron dos bidones de agua en cada casa y fueron apenas un parche para una situación tan grave como crónica.
Los camiones solo pueden recorrer las calles principales de La Cava, que está llena de angostos pasadizos donde niños y perros flacos juegan en el barro que se forma por los desagües sin canalización que salen de las viviendas.
La falta de agua potable y saneamiento es una realidad que castiga a todas las villas del país.[related_articles]
De hecho, en enero, luego de una denuncia de malos olores por parte de vecinos en la Villa 21 de Buenos Aires, profesionales de la cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires comprobaron la existencia de contaminación bacteriológica en el agua y advirtieron sobre serios riesgos para la salud.
Esa realidad es la que motivó a Nicolás Wertheimer, un joven médico a crear la empresa social Proyecto Agua Segura.
“Comencé a trabajar en un hospital del Gran Buenos Aires y cuando vi que las diarreas causadas por el agua contaminada eran una de las principales causas de muerte de los niños menores de cinco años quise hacer algo”, dijo Wertheimer a IPS.
De acuerdo a datos oficiales, 84 por ciento de la población en la Argentina tiene acceso al agua de la red de suministro, pero eso no es garantía de que el recurso sea confiable.
“Las viviendas de los asentamientos tienen el servicio gracias a conexiones informales, que generan interrupciones en el flujo de la red y entonces muchas veces la contaminan”, detalló Wertheimer.
“En la ciudad de Buenos Aires, la mayor parte de la sociedad no reconoce como un problema la falta de acceso al agua potable. Pero cualquiera que haya trabajado en el área de salud sabe que es un problema gravísimo”, describió el médico.
Edición: Estrella Gutiérrez
