SAN JOSÉ – El exilio de miles de mujeres centroamericanas ya no puede leerse solo como una consecuencia colateral de las crisis políticas de la región, sino como políticas de Estado dirigidas a destruir la vida de esas personas, advierten organizaciones y especialistas víctimas de esas medidas.
En países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala, voces de mujeres analistas advierten que se trata de una expulsión forzada con rasgos políticos, de género y de clase, que desarraiga a periodistas, defensoras, académicas, operadoras de justicia y lideresas comunitarias, y las empuja a rehacer sus vidas en medio de trámites inciertos, pobreza, discriminación, trauma y sobrecarga de cuidados.
Así lo señala a IPS la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), desterrada en 2023 de Nicaragua, donde el régimen ejerce un control cada vez más absoluto de los poderes y mantiene una brutal represión de las expresiones de disidencia.
“Yo no soy migrante, soy exiliada; soy una nicaragüense que por la fuerza está fuera de su casa y de su país”, afirmó Cuadra, al reivindicar el exilio como una categoría política y no solo como una figura jurídica o humanitaria.
“No se trata solo de desacreditar su trabajo, sino de atacar su cuerpo y su legitimidad pública con insultos, amenazas y campañas digitales que buscan expulsarlas también del espacio público”: Angélica Cárcamo.
En el caso de las nicaragüenses, una de las comunidades más visibles del exilio reciente en Centroamérica, la salida del país ha significado mucho más que cruzar una frontera.
Según Cuadra, ha implicado la ruptura con la vida profesional, la fragmentación familiar, la pérdida de ciudadanía en algunos casos y nuevas barreras en los países de acogida, especialmente en Costa Rica, Estados Unidos y España.
Esta descripción y análisis del fenómeno atravesó buena parte del foro regional “Exilios, desplazamientos forzados y resistencias de mujeres centroamericanas”, del 17 de marzo.
Durante el foro, investigadoras, defensoras y periodistas coincidieron en que la región enfrenta una nueva fase de autoritarismo que ha convertido la salida forzada del país en un mecanismo de castigo, silenciamiento y “muerte civil”.
Un destierro que no termina al cruzar la frontera
Costa Rica sigue siendo el principal país receptor de población nicaragüense que huye de la represión del régimen izquierdista de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, asentados en el poder desde 2007 y cuyo autoritarismo se hizo extremo desde las protestas sociales de 2018.
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), al cierre de 2024 había en San José de Costa Rica más de 240 000 personas refugiadas y solicitantes de asilo, de las cuales alrededor de 83 % eran de origen nicaragüense.
Detrás de ese volumen hay una realidad marcadamente femenina, observa el documento.
Según ese mismo reporte, 52 % de las personas solicitantes de asilo en Costa Rica son mujeres, y de ellas un 38 % tiene a su cargo al menos un hijo o hija menor de edad.
Además, la encuesta de necesidades de Acnur para 2024 indica que 74 % de las mujeres solicitantes de asilo son jefas de hogar, mientras más de 60 % asegura no contar con apoyo para el cuido de hijos o familiares dependientes.
Esas cifras reflejan el peso que cargan muchas exiliadas: sostienen económicamente a sus familias, cuidan a menores o dependientes y, al mismo tiempo, deben sobrevivir en sistemas migratorios lentos y rígidos.
Aunque Costa Rica ha reducido parte de la demora y ha ampliado los permisos de trabajo a lo largo de 2025, la duración promedio para obtener un estatus, entre el registro y la primera decisión todavía supera los 1000 días, según Acnur.
A Katherine, exiliada nicaragüense, miembro de la diversidad sexual y exestudiante de Derecho, quien pidió a IPS reservar su identidad real, le llevó más de tres años lograr su entrevista de elegibilidad de asilo en San José: la pidió en 2022 y se le otorgaron en febrero de este 2026.
Ese tiempo de espera se tradujo en un limbo para ella. Sin documentación estable, enfrentó obstáculos para alquilar vivienda, conseguir empleo formal, abrir cuentas bancarias o acceder a servicios.
“Me salvaron los muchachos de Derechos Humanos y el colectivo feminista tico (costarricense), de lo contrario no sé qué hubiera hecho”, dice a IPS.
El reporte de Acnur registra un acceso a salud de 71,7 % y una incidencia de pobreza de 23,3 % entre esta población expatriada.
Barreras a indígenas y afrodescendientes
Las mujeres indígenas figuran entre los grupos más expuestos dentro del exilio forzado en América Central, de acuerdo con las organizaciones consultadas por IPS.
Una investigación del Cetcam, titulada “Mujeres indígenas forjando el presente y futuro (septiembre 2024), señala que lideresas comunitarias y defensoras de territorios se convierten en blancos específicos de los regímenes autoritarios, especialmente en contextos como Nicaragua, donde se han documentado agresiones diferenciadas por su doble condición de mujeres e indígenas.
“El desplazamiento implica para ellas un despojo integral: no solo pierden seguridad y estabilidad, sino también el vínculo cultural, lingüístico y espiritual con su territorio. Al ser expulsadas, se rompe la relación con sus comunidades, sus formas de organización y sus prácticas tradicionales, lo que profundiza el impacto del exilio más allá de lo material”, señala el documento.
En el caso de las mujeres afrodescendientes, Cetcam identifica un patrón de exclusión con tintes racistas que se intensifica en los países de acogida.
Aunque su situación aparece menos documentada, coinciden en que el exilio agrava las experiencias de racismo estructural.
A la precariedad migratoria se suma la discriminación por origen, forma de hablar y costumbres, lo que limita su integración social y económica, reseña el citado informe de la organización.
Las mujeres trans y personas de la diversidad sexual también enfrentan una violencia interseccional marcada por la persecución política y la transgresión de normas de género.
El informe “Nadie se va porque quiere”, realizado en 2025 por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, documenta castigos específicos contra personas migrantes Lgbtiq+ en Costa Rica, debido a su identidad.
Un testimonio recogido por IPS refiere el caso de una periodista lesbiana de la costa Caribe de Nicaragua que fue agredida verbalmente por la policía costarricense con insultos sobre su orientación sexual.
Ella fue reasentada en un tercer país a finales de 2025 y asegura que aunque ahora vive un proceso de aceptación más amable, aún continúa enfrentando la incertidumbre de si los ataques respondían a su labor periodística o a su identidad.
La precariedad como segunda frontera
Las barreras a las mujeres exiliadas no son solo administrativas. También son laborales, sociales y simbólicas.
El informe La Mochila Invisible, publicado en junio de 2025 por el Instituto de Prensa para la Libertad de Expresión (Iplex) en San José, documenta testimonios de 13 mujeres centroamericanas en movilidad migratoria forzada que hoy viven en países como Costa Rica, Guatemala y México, los tres principales países de acogida.
El estudio concluye que el exilio no interrumpe únicamente trayectorias de vida, sino que profundiza desigualdades previas.
Según ese informe, 75 % de las entrevistadas reportó una pérdida significativa de poder adquisitivo, mientras 87 % dijo haber experimentado ansiedad o tristeza profunda desde que salió de su país.
Casi la mitad, 49 %, considera que su salud mental se ha deteriorado desde la migración forzada.
El mismo documento expone otra dimensión del destierro: la pérdida de identidad profesional. Muchas mujeres dejan de ser maestras, periodistas, abogadas o emprendedoras y pasan a ocupar puestos precarios o informales, lejos de su formación y experiencia.
Quedan atrapadas entre el papel de proveedoras, cuidadoras y gestoras del hogar en contextos que las relegan a la subcontratación y la exclusión de derechos.
La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (Fled) ha reportado, además, casos de periodistas nicaragüenses exiliadas que debieron buscar empleo en otras áreas por la falta de oportunidades, mientras otras incluso han intentado gestionar un retorno al país, pese al riesgo, ante la dureza de la precariedad económica y emocional.
El cuerpo y la mente también cargan el exilio
El estudio de Iplex señala que 82 % de las mujeres exiliadas no puede acceder a espacios de cuidado personal o recreación y que 59 % no asiste a chequeos médicos regulares.
En el foro regional de marzo, Angélica Cárcamo, directora de la Red Centroamericana de Periodistas, resumió esa carga con una pregunta: “¿Cómo nos cuidamos quienes cuidamos a las demás personas?”.
La periodista salvadoreña exiliada en Costa Rica advirtió que muchas mujeres exiliadas sostienen en soledad a sus familias mientras postergan su propia salud física y mental.
A ello se suman los ataques diferenciados por género. Cárcamo alertó que las mujeres periodistas, defensoras o activistas enfrentan discursos de odio sexualizados y misóginos.
“No se trata solo de desacreditar su trabajo, sino de atacar su cuerpo y su legitimidad pública con insultos, amenazas y campañas digitales que buscan expulsarlas también del espacio público”, denunció.
Carmen Rosa de León, exiliada socióloga guatemalteca y directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), sostuvo que “el exilio no detiene la violencia que hemos vivido las mujeres, solamente la reconfigura”.
Según datos de Acnur dados a conocer en ese mismo mes de marzo, en total, a fines de 2025 habían solicitado asilo 342 045 nicaragüenses y 31 387 habían sido reconocidos como refugiados desde 2018.
En el caso de El Salvador, había 136 774 solicitantes de asilo y 71 765 refugiados reconocidos, con cifras proyectadas al cierre de 2025 con base en las del año anterior. Guatemala, un país actualmente más de acogida que de destierro, tenía algo más de 35 000 solicitantes de asilo a mediados del año pasado.
Nicaragua: despojo y ruptura familiar
En la experiencia nicaragüense, el exilio reciente quedó marcado además por el despojo de nacionalidad y la apatridia de facto impuesta a opositores, periodistas y defensores.
Esa medida profundizó la incertidumbre de muchas mujeres, que no solo perdieron el derecho a volver, sino también documentos, registros y vínculos administrativos con su país.
Eso le pasó a Elvira Cuadra. A ella la dictadura la enjuició en secreto, dictó la pérdida de su nacionalidad y el régimen Ortega-Murillo le confiscó sus bienes.
Para Cuadra, ese despojo confirma que la persecución no pretende únicamente sacar a las disidentes del territorio, sino anular su capacidad de ciudadanía y adaptación.
De víctimas a actoras políticas globales
Frente a ese panorama, el exilio también ha generado nuevas formas de organización y resistencia.
Exiliadas nicaragüenses, salvadoreñas y guatemaltecas refugiadas en Costa Rica, Estados Unidos y Europa lanzaron recientemente la Red Centroamericana de Mujeres Exiliadas, una iniciativa que busca construir rutas de acompañamiento, seguridad e incidencia política para quienes se han visto forzadas a salir de sus países.
La red nació durante un encuentro regional en el que sus impulsoras insistieron en que el desplazamiento forzado no es un fenómeno migratorio convencional, sino una “sistemática expulsión política”.
Entre sus objetivos figuran fortalecer redes de apoyo, visibilizar las historias de las exiliadas y construir mecanismos de acompañamiento integral.
De León explicó que la apuesta consiste en pasar de ser vistas solo como víctimas del autoritarismo a “consolidarse como actoras políticas globales” que siguen escribiendo la historia de sus países desde otros territorios.
ED: EG
