La muerte de un dirigente opositor en las instalaciones de la policía política colocó de nuevo el foco internacional sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, incluida la situación de activistas presos o forzados al exilio.
Fernando Albán, concejal de Caracas y dirigente del partido opositor Primero Justicia (centrista), murió el 8 de este octubre mientras estaba detenido en la sede de la policía política, tres días después de su arresto en el aeropuerto capitalino, a donde llegó tras participar en denuncias de su organización en Nueva York contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El activista “murió cuando pidió permiso para ir a un baño y estando allí se lanzó al vacío”, desde el décimo piso de la céntrica sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), informó inicialmente el fiscal general, Tarek Saab.
El ministro del Interior y Justicia, el general Néstor Reverol, dio cuenta después de que el suicidio ocurrió a precipitarse Albán “desde una sala de espera” del mismo piso del edificio, y desde entonces esa ha sido la tesis oficial.
Albán fue arrestado en investigaciones sobre un fallido atentado con drones contra el presidente el 4 de agosto, por el que están detenidas una veintena de personas y que según el gobierno tiene como cerebro a Julio Borges, coordinador de Primero Justicia autoexiliado en Bogotá, y como colaboradores a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
Portavoces de la oposición rechazaron la tesis del suicidio, difundieron versiones de que el concejal murió víctima de torturas y su cuerpo fue arrojado al vacío, mientras organizaciones de derechos humanos y la jerarquía de la Iglesia Católica han demandado una investigación imparcial e internacional.
Otro tanto hicieron Estados Unidos, los 12 gobiernos americanos reunidos en el Grupo de Lima y la Unión Europea. Francia y España incluso convocaron a los embajadores de Venezuela para comunicar su preocupación por la muerte del concejal bajo la custodia del Estado.
En Venezuela “se practica una represión selectiva, como muestra el caso Albán, con violación del debido proceso, se encarcela a opositores y se desconoce durante días su paradero y hay altas posibilidades de que se les someta a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dijo a IPS el coordinador de la organización de derechos humanos Provea, Rafael Uzcátegui.
Cuatro días después de la muerte de Albán, el gobierno sacó de una sede del Sebin al joven activista Lorent Saleh y de manera expedita lo envió a España. Saleh llevaba cuatro años preso, acusado de preparar atentados terroristas desde Colombia, sin que los cargos llegasen a un tribunal porque 53 veces se aplazó la inicial audiencia de presentación del reo ante un juez.
“Por primera vez en cuatro años podré ver la luna y el amanecer”, dijo Saleh al llegar a Madrid, tras estar detenido en celdas de sótanos con solo luz artificial, según sus defensores.
Saleh, galardonado con el europeo Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia de 2017, también afirmó que había sido víctima de torturas que le hicieron pensar en suicidarse.
La liberación de Saleh “probablemente se realizó para obtener algún beneficio político, como que España plantease un nuevo diálogo o negociación con el gobierno venezolano. Es un patrón que se sigue pero se acompaña de nuevas detenciones, de otros opositores políticos”, observó Alfredo Romero, del Foro Penal, que defiende a detenidos por causas políticas.
Romero sostiene que en Venezuela se practica desde hace años una “puerta giratoria”, con la que cada vez que se libera algún detenido por razones políticas se lleva a otros a la cárcel.
“Mientras se producen algunas excarcelaciones, solamente este año se ha detenido a más de 500 personas por razones políticas, y 12.400 desde 2014”, dijo Romero a IPS. Durante 2014 y 2017 hubo varios meses de protestas callejeras.
Actualmente, según el Foro Penal, con varios premios internacionales por su actividad, hay 237 presos políticos, pero desde 2014 se han registrado 7.343 procesos penales contra personas por causas políticas o vinculadas a ella
El brazo judicial y policíaco ha alcanzado a líderes con largas trayectorias, como Leopoldo López, jefe del partido Voluntad Popular, Borges (expresidente del parlamento) o Antonio Ledezma, ex alcalde mayor de Caracas, quien escapó de su arresto domiciliario y huyó al extranjero.
Pero también a humildes trabajadores, como dos bomberos de una minúscula localidad de los Andes, en el suroeste del país, quienes hicieron una broma en vídeo comparando a Maduro con un burro que entró a su área de trabajo.
Fueron procesados bajo una “ley contra el odio” dictada fuera del parlamento y encaran una condena de hasta 18 años de cárcel.
En medio están policías sentenciados por sucesos enmarcados en un golpe de Estado en 2002, dirigentes políticos locales, estudiantes y pobladores que participaron en las confrontaciones callejeras de 2014 y 2017, militares acusados de participar en conatos de insurrección y los señalados por actividades terroristas como el frustrado atentado de agosto contra Maduro.
Dirigentes medios, como alcaldes y algunos diputados, han optado por cruzar subrepticiamente la frontera para autoexiliarse, o se han refugiado en embajadas.
Hay situaciones en las cuales los tribunales ordenan la excarcelación y los custodios militares o policiales ignoran la medida, como en el caso de 59 colombianos detenidos por presuntamente participar en preparativos de insurgencia en 2016.
Un tribunal les otorgó la libertad en 2017, pero aún permanecen encarcelados, algunos seriamente enfermos, según Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Desde agosto permanece encarcelado Juan Requesens, joven diputado sindicado de cooperar con el atentado de los drones, detenido sin respetar la inmunidad que la Constitución ampara a los parlamentarios. De él se divulgaron vídeos, tomados en los primeros días bajo arresto, con expresión ausente y apenas vistiendo una ropa interior manchada de heces fecales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó el 12 de octubre medidas de protección para Requesens y de nuevo solicitó al gobierno venezolano que permita el ingreso de una comisión internacional que verifique las condiciones de su detención.
“La sede del Sebin ha sido denunciada como centro de torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes contra las personas privadas de libertad por razones políticas”, señaló una declaración de 65 organizaciones sociales y humanitarias venezolanas este mismo mes.
En ella, solicitaron presionar al gobierno para que permita que una comisión de la Cruz Roja Internacional examine las condiciones de reclusión de los presos políticos en Venezuela.
En el país “no hay condiciones para investigaciones independientes sobre estos temas, y por eso los reclamos para una participación internacional que las dote de transparencia”, dijo Uzcátegui, cuya organización es una de las más respetadas y antiguas en materia humanitaria del país.
Otro aspecto es la militarización de las barreras que se erigen ante la acción de civiles, y no solo al actuar la fuerza pública en manifestaciones callejeras, sino que “hay un creciente empleo de tribunales militares: 811 civiles han sido llevados ante la justicia militar desde comienzos de 2017 hasta octubre de 2018”, dijo Romero.
Para Romero “la actuación sobre los dirigentes y activistas políticos y aún simples ciudadanos tiene el propósito de mantener un clima de intimidación sobre la población”.
“Se apela a la disuasión porque en medio de la crisis económica se dispone cada vez de menos mecanismos clientelares para procurar apoyo popular al gobierno”, acotó Uzcategui.
En ausencia de instituciones democráticas fuertes, planteó, “y con un presidente Maduro que ve fortalecido su poder y sin compartir liderazgo al completar su primer período de gobierno (2013-2019), pueden reeditarse las doctrinas de seguridad nacional y del enemigo interno”.
Eso, a su juicio, es un mal presagio para quienes hagan política desde la oposición, con Maduro ya reelegido para un nuevo sexenio en mayo, en unos comicios en que la mayoría de la oposición no participó.
Edición: Estrella Gutiérrez
