LA PAZ – Más de 80 carreteras y cruces de vías urbanas continuaban bloqueadas con piedras este viernes 29 en Bolivia, manteniéndose una fuerte pulseada entre el gobierno del presidente Rodrigo Paz, de centroderecha, y los movimientos obreros, campesinos e indígenas que buscan su renuncia.
Médicos y otros trabajadores de la salud marcharon la víspera, el jueves 28, por las calles de la ciudad de la Paz, sede política del país, en demanda de una “pausa humanitaria” en la confrontación y los bloqueos, parea permitir reabastecer los hospitales con medicamentos, insumos y alimentos.
Los movimientos que protestan en las calles afirman que permiten el paso de ambulancias y vehículos de bomberos, pero esas instrucciones se incumplen y se suman dificultes para conseguir combustibles y sortear los obstáculos que bloquean vías en cinco de los nueve departamentos del país.
Una reunión entre el autoridades y dirigentes de la protesta se espera con ansia y con la exigencia de que se revoquen las órdenes de detención dictadas contra algunos líderes, en tanto el gobierno anunció que no detendrá a quienes acudan al diálogo.
Las protestas se iniciaron hace cuatro semanas contra la situación económica marcada por la escasez y el alto precio de los combustibles tras la supresión de los subsidios, con impacto sobre la cadena de precios mientras el gobierno rehusaba disponer aumentos de salarios.
Una persona murió abaleada cuando la policía enfrentó una protesta en La Paz el lunes 25. Decenas de manifestantes han sido heridos o detenidos.
Paz llegó a la presidencia hace seis meses y tomó medidas para alinear su política económica con el recetario liberal, tras ser gobernado el país durante dos décadas por los presidentes izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luz Arce (2020-2025).
Una nueva ley agraria fue considerada como en favor de la agroindustria y amenaza para sus tierras por pueblos indígenas (cerca de la mitad de los 11,5 millones de habitantes), lo que sumó al descontento primero y luego a la protesta a campesinos, indígenas, mineros, transportistas y otros trabajadores urbanos.
Por otra parte, a las órdenes de detención contra Morales, por abuso sexual de menores, se ha sumado la acusación de impulsar las protestas en forma de levantamiento para tratar de derrocar al nuevo gobierno.
Morales permanece refugiado en su feudo de la región cocalera del Chapare, área que comunica las alturas andinas con las llanuras orientales del país, y ha acusado al gobierno de preparar su asesinato.
A su vez, Paz dijo que el expresidente “sabe que sus días están contados”, y aseguró que terminará entregado a la justicia.
Entretanto, la Iglesia católica, el vicepresidente Edman Lara -políticamente distanciado de Paz a los pocos días de iniciado el nuevo gobierno- y la Defensoría del Pueblo continuaban promoviendo el diálogo para tratas de desmontar el conflicto.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reiteró que no serán aprehendidos los dirigentes de las protestas que asistan a una nueva reunión de diálogo.
Lupo reconoció que esa disposición comprende a los líderes de la Central Obrera Boiviana (COB), el minero Mario Argollo, y de la Federación de Campesinos “Tupac Katari”, Vicente Salazar.
Las conversaciones, según el ministro, versarán sobre reclamos que tienen las organizaciones, pero no sobre la exigencia de renuncia del presidente.
“Esa demanda es de grupos antidemocráticos y es inaceptable”, dijo Lupo.
Paz defendió la gestión de sus primeros seis meses de gobierno y aseguró que no renunciará pese a las protestas.
Por su parte, el gobernante preveía reunirse con los comités cívicos -que reúnen a empresarios y dirigentes de algunos gremios e instituciones civiles- de varias regiones del país, en la ciudad oriental de Santa Cruz, considerada el motor económico de Bolivia.
Esos comités han pedido al presidente que dicte un estado de excepción, lo que le permitiría utilizar a las Fuerzas Armadas para desbloquear las rutas. Señalan que centenares de camiones con alimentos y oros productos están paralizados sin poder ir a sus destinos a entregar las mercaderías.
Grupos que respaldan al oficialismo y adversan a Morales también han salido a manifestar reclamando el empleo de la fuerza militar para despejar las vías.
Los gremios empresariales calculan que el país ha perdido entre 500 y 600 millones de dólares en exportaciones durante casi un mes de conflicto.
Varios gobiernos del continente han expresado su apoyo a Paz -no así el de Colombia- y Estados Unidos adoptó una postura de firme respaldo, calificando las manifestaciones como un intento de golpe de Estado.
“No permitiremos que los criminales y los narcotraficantes derroquen a los líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”, declaró la semana pasada el secretario de Estado en Washington, Marco Rubio.
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