“En San Lorenzo talaron la selva para sembrar palma (africana) aceitera. Si no avanzaron más, es porque los pueblos indígenas lograron frenar la expansión”, denuncia el ecuatoriano Santiago Levy en el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza.
El coordinador en la provincia de Carchi, en el norte de Ecuador, de la no gubernamental Fundación para el Desarrollo de Alternativas, enumera el impacto de ese cultivo extensivo en departamentos de esa región, fronteriza con Colombia, desde comienzo de la década pasada.
“Se necesita infraestructura, mucha agua para su procesamiento y genera residuos líquidos que van al suelo. No veo palma sostenible, implica botar selva para poner un monocultivo”, señaló a IPS durante el Congreso, que hospedó la capital del estadounidense estado insular de Hawái los 10 primeros días de septiembre. [pullquote]3[/pullquote]
La mención relata el desarrollo de la palma africana o aceitera (Elaeis guineensis) en esa nación latinoamericana, como ha ocurrido también en años recientes en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras e Indonesia, el mayor productor mundial.
La fiebre por la palma africana, cuyo fruto se muele para extraer aceite que se consume en la industria de alimentos, cosmética y agrocombustibles, ha contagiado a varios países, derivando en confrontaciones territoriales, deforestación, disputas laborales, contaminación del agua e, incluso, el asesinato de algunos líderes locales.
Ese legado coloca en tela de juicio los mecanismos fomentados por las naciones productoras, la industria, organizaciones ambientalistas y académicos para el cultivo sostenible de la oleaginosa.
Un nuevo intento fue promovido por los participantes durante el Congreso organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en este archipiélago en medio del océano Pacífico.
Una de las resoluciones debatidas a profundidad durante la cumbre ambiental versó sobre mitigar los impactos de la expansión de la palma de aceite y de las actividades ligadas a su cultivo sobre la biodiversidad, en un intento por impedir que esa agroindustria avance hacia ecosistemas libres de esa actividad.
La moción solicitó a la UICN, con sede en Suiza y con 1.200 miembros gubernamentales y no gubernamentales, analizar la situación sobre las repercusiones de la expansión de la palma africana sobre la conservación de la biodiversidad, además de examinar y definir buenas prácticas para el sector.
También se instó a formar un grupo de trabajo para apoyar a gobiernos y otros actores a delimitar los ecosistemas para el cultivo de la palma, y a sus miembros, a aplicar salvaguardas adecuadas para los pueblos indígena, víctimas de la ampliación del cultivo.
En los Compromisos de Hawái, el documento con 99 resoluciones del Congreso, se reconoce que “la intensificación y la industrialización de la agricultura amplían su huella y sustituyen las prácticas no intensivas o tradicionales, se destruyen los ecosistemas naturales y la biodiversidad”.
El Congreso, que la UINC realiza cada cuatro años y que en esta edición ha tenido como lema “Planeta en la encrucijada”, congregó aquí a 9.500 participantes de 192 países y territorios, entre delegados de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, científicos y empresas.
Arnold Sitompul, director de Conservación en la oficina en Indonesia del no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza, consideró que el modelo actual de certificación de la palma sostenible no ha funcionado, pues persiste la deforestación y la pérdida de riqueza biológica.
“Hay necesidad de movilizar esfuerzos para responder a todos los problemas de la palma. Debemos ir paso a paso. Primero, tenemos que detener la deforestación y luego afrontar la intensificación de actividades de siembra que ocurren en tierras degradadas”, planteó a IPS.
En su país, desde 1985 el área cultivada creció ocho veces. A partir de 2011, el gobierno de Jakarta ha impuesto moratorias al otorgamiento de nuevas licencias de siembra, aunque según el activista no resultaron eficaces en controlar la expansión del cultivo.
En el mundo están sembrados unos 200.000 kilómetros cuadrados de palma africana, que abastecen 23 por ciento de la demanda global de aceites y grasas.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que el procesamiento mundial de aceite de palma para el ciclo 2016-2017 alcanzará 65,5 millones de toneladas, 10 por ciento más que en 2015.
Indonesia, el mayor productor de la materia prima, dedica al cultivo unos 80.000 kilómetros cuadrados, con una producción anual de 35 millones de toneladas. Le siguen Malasia, con 56.000 kilómetros cuadrados y 21 millones de toneladas, y Tailandia, con 10.000 kilómetros y 2,3 millones de toneladas.[related_articles]
En América Latina, Colombia, el cuarto productor mundial, genera más de un millón de toneladas anuales de aceite en 5.000 kilómetros cuadrados de cultivo.
Detrás están Ecuador (560.000 toneladas y 2.800 kilómetros cuadrados), Honduras (545.00 toneladas y 1.250 kilómetros cuadrados), Brasil (360.000 toneladas y 1.500 kilómetros cuadrados) y Guatemala (350.000 toneladas y 1.200 kilómetros cuadrados).
El modelo de palma sostenible “no ha funcionado”, a juicio de Antony Lynam, asesor regional de los programas para Asia de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, con sede en Nueva York. “Hay que proteger a los bosques de la expansión de la palma”, sostuvo ante IPS.
La certificación “no puede ser un pretexto para las empresas para dañar el ambiente. No puede convertirse en ‘green washing’ (simulación ecológica)”, dijo una fuente ambientalista a IPS durante el Congreso, bajo condición de anonimato.
Una Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, en inglés), que reúne a los diferentes actores involucrados desde 2004, creo un sistema de certificación.
Una revisión del mecanismo de quejas de la RSPO parece confirmar esas conclusiones sobre la producción de Aceite de Palma Sostenible Certificado (CSPO, en inglés), por el incremento de los reclamos desde 2014.
Del total de las 64 quejas acumuladas, 40 por ciento se refieren al consentimiento previo de los pueblos indígenas al cultivo en sus territorios, 23 por ciento a problemas de conservación y 16 por ciento a contaminación y quema de bosques y selvas.
Indonesia encabeza la lista con 35 denuncias, seguido por Malasia (13) y Colombia (dos). El resto está repartido entre Brasil, Camerún, Costa Rica, Francia, Liberia y Perú.
Cuando se reunió el 30 de junio en Malasia, la junta del Panel de Quejas de la RSPO, integrado por representantes de empresas, bancos y organizaciones ambientalistas, recibió reclamos sobre violaciones de derechos laborales, libertad de movimiento de pueblos indígenas, incumplimiento en pagos e impactos sobre la biodiversidad.
La RSPO, que aglutina a unos 3.000 miembros de siete sectores vinculados con la agroindustria, certificó hasta ahora casi 11 millones de toneladas de aceite de palma y cubrió 22.100 kilómetros cuadrados de cultivo.
La organización elaboró un conjunto de criterios sociales y ambientales que las empresas deben cumplir para producir aceite certificado como sostenible, que incluyen su total trazabilidad, el cumplimiento de los derechos laborales e indígenas, la no ocupación de áreas de valor biológico y prácticas agrícolas limpias.
Hasta ahora el aceite certificado proviene de Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea, Brasil y Colombia y solo representa 17 por ciento de la producción mundial.
“No tiene sentido hacer biocombustible con la comida. Hay que buscar alternativas a las oleaginosas, con la expectativa de que no dañen el ambiente”, señaló el ecuatoriano Levy.
Sitompul es optimista de que pueden mejorar las prácticas industriales. “Es un buen momento para mejorar la situación. Se puede incentivar mejores prácticas. Indonesia debe enfocarse en dar valor agregado al sector, en vez de sólo aportar materia prima”, planteó.
Editado por Estrella Gutiérrez
