“Junta, la sociedad civil tiene poder”

Participantes en la bianual Semana Internacional de la Sociedad Civil, realizada en Bogotá, a la espera del comienzo de uno de los actos, en uno de los claustros que acogió el encuentro de unos 900 activistas de más de 100 países. Crédito: Civicus
Participantes en la bianual Semana Internacional de la Sociedad Civil, realizada en Bogotá, a la espera del comienzo de uno de los actos, en uno de los claustros que acogió el encuentro de unos 900 activistas de más de 100 países. Crédito: Civicus

Cuando Tamara Adrián, diputada venezolana transgénero opositora, intervino en un panel sobre inclusión, en la sesión de cierre de la Semana Internacional de la Sociedad Civil que se realizó en Bogotá, unas 12 mujeres latinoamericanas se levantaron disgustadas y se marcharon del salón.

Adrián hablaba de la corrupción que campea en Venezuela, gobernada por el presidente chavista Nicolás Maduro, y del bloqueo institucional a las reformas promovidas por la oposición, mayoritaria en el parlamento. Su antecesor en la palabra, de Transparencia Internacional, se refirió a la corrupción de los gobiernos de izquierda en los países suramericanos.[pullquote]3[/pullquote]

Ya afuera del auditorio de la Plaza de Artesanos, circundada por grandes parques al occidente de Bogotá, las mujeres, que representaban movimientos sociales, discutían que, al achacar la corrupción a la izquierda, la derecha se olvida, por poner un caso, de Fernando Collor (1990-1992), derechista presidente brasileño destituido por corrupción.

“¿Por qué no nombran a los que han hecho golpes de estado en Latinoamérica y han sido corruptos?”, alegó la salvadoreña Marta Benavides, con su cabeza blanca de canas.

Benavides dijo a IPS que no estaba en contra de que cada cual expusiese su opinión, “pero que por lo menos respeten. No todos estamos de acuerdo con lo que se ha dicho: que Latinoamérica es corrupta. Es un fenómeno global, y aquí tenemos que decir la verdad”.

Esa verdad, a su juicio es que “Latinoamérica está pasando por una situación bien difícil, con golpes de estado de diferentes tipos”.

Aclaró que su pronunciamiento no era una defensa de la presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta un proceso de destitución por haber alterado supuestamente cifras económicas,  o del gobernante e izquierdista Partido de los Trabajadores.

“Quiero que se hable de la verdadera corrupción. En Brasil buscan volver al poder los que dieron un golpe de Estado como el de 1964 para seguir destruyendo todo: no solo al Brasil, a sus pueblos y los recursos de Brasil, sino que esto va a afectar a todo el mundo”, dijo.

Para Benavides, todos los panelistas “estaban diciendo mentiras” y no había una opinión divergente.

Al retirarse estas mujeres no escucharon sin embargo, en el mismo panel, a Emilio Álvarez-Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien denunció que todos los gobiernos del continente –de derecha, de izquierda, del norte y del sur- estrangulan financieramente a ese organismo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Emilio Álvarez-Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el primero a la derecha, interviene en un panel sobre la situación del activismo en América Latina durante la Semana Internacional de la Sociedad Civil. Crédito: Constanza Vieira/IPS
Emilio Álvarez-Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el primero a la derecha, interviene en un panel sobre la situación del activismo en América Latina durante la Semana Internacional de la Sociedad Civil. Crédito: Constanza Vieira/IPS

“Esta próxima a reventar una crisis económica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, que conforman esas dos instituciones autónomas, adscritas a la Organización de Estados Americanos, advirtió.

“En el financiamiento regular de la Organización de Estados Americanos, la CIDH es una prioridad de seis por ciento. La Corte Interamericana, tres por ciento”, resumió Álvarez-Icaza.

“Dicen que los presupuestos reflejan las prioridades con claridad. Somos una prioridad del nueve por ciento”, indicó sobre este aparato judicial que juzga a los estados y protege líderes sociales y defensores de derechos humanos mediante medidas cautelares.

Y calificó como “inadmisible, vergonzoso” que dicho sistema “se ha mantenido por donaciones europeas o de otros actores”.

Las voces fueron múltiples en esta variopinta asamblea, que se congregó en la capital colombiana desde el domingo 24, convocada por Civicus, una alianza global de la sociedad civil. Al encuentro llegaron unos 900 delegados de más de 100 países, y tuvo como etiqueta ICSW2016 en redes sociales, por su sigla en inglés.

ICSW2016 culminó este viernes 29 con la elección de una nueva junta directiva de Civicus.

Tutu Alicante, abogado de derechos humanos de Guinea Ecuatorial, es considerado “enemigo del Estado” y vive asilado en Estados Unidos. Contó a IPS que “estamos muy aislados del resto de África. Necesitamos la ayuda de Latinoamérica para presentar nuestros casos a nivel mundial”.

El presidente guineano Teodoro Obiang lleva en el poder 37 años. El domingo 24 fue reelecto por otros siete años, más de 90 por ciento de los votos, en unos comicios en los que la oposición no participó. Su hijo es vicepresidente y ya se postuló para sucederlo.

“Por los intereses de Estados Unidos e Inglaterra en el petróleo y el gas, creemos que lo va a conseguir”, advirtió Alicante.

Para él, lo más interesante de ICSW2016 fue la gente que conoció, “la sociedad civil mundial que está trabajando por construir un mundo mucho más equitativo y justo”.

Aunque, “han faltado comunidades indígenas y afro”. “Estamos en Colombia, donde hay una comunidad afro importante que no está en esta asamblea. Sin embargo, hay un espíritu de que crezcamos y se incluya a más gente”, afirmó.

Esto decía cuando se acercó una de las mujeres más importantes del movimiento indígena colombiano, Leonor Zalabata. Lideresa del pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, ha liderado las reivindicaciones por la educación y la salud propias, la autonomía indígena y la organización de las mujeres de su comunidad.[related_articles]

Ella despidió ICSW2016 en la jornada vespertina del jueves 28, como uno de los personajes centrales.

Una mujer de apariencia árabe y de nombre árabe, Raaida Manaa,  abordada por IPS, resultó ser una periodista que desciende de libaneses y vive en Barranquilla, capital del Caribe colombiano.

Trabaja con la Asociación Internacional para los Esfuerzos Voluntarios, con sede en Washington.

Destaca como “lo más importante” de  ICSW2016 que se haya convocado justo en este momento en Colombia, protagonista de un proceso de paz con las guerrillas marxistas. Lo cual, dice, llama a enfrentar la paz “de manera responsable y con un plan estratégico para hacer las cosas bien”.

Ella titularía así un artículo sobre  ICSW2016: “Junta, la sociedad civil tiene poder”. Y la entradilla sería: “Si trabajamos juntos y conectamos con lo que otros están haciendo en otros países, lo que hagamos tendrá más sentido también”.

En Colombia hay una notable migración árabe. Hacia 1994, la mayor población palestina fuera del Medio Oriente vivía en Colombia, aunque muchos huyeron cuando la guerra colombiana recrudeció.

“La lucha pacífica debe ser la única”, había dicho en la mañana el Nobel de Paz 2015, Ali Zeddini, de la Liga de Derechos Humanos de Túnez y quien estuvo presente en todas las jornadas de la ICSW2016.

Pero, agregó, “uno no puede obtener una paz durable y estable si no resuelve el problema palestino”. Después de que la presión mundial consiguiera acabar con el apartheid sudafricano, el régimen de segregación racial institucionalizada, queda Palestina como la gran tarea, estimó.

Zeddini apoyó “enérgicamente” la candidatura al Nobel de Paz del palestino Marwan Barghuti, condenado a cadena perpetua por Israel. Barghuti fue capturado en 2002, durante la Segunda Intifada.

Editado por Estrella Gutiérrez

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